El fuego se apaga; el problema de fondo queda, y con él una crisis económica y social en tres departamentos del Caribe.

Desde la intervención de septiembre de 2024, la deuda de Air-e pasó de unos $530.000 millones a cerca de $2,5 billones. La empresa atiende más de 1,2 millones de hogares y pesa cerca del 11,5% de la demanda nacional. Pero el dato decisivo no es el tamaño del hueco, sino su origen: buena parte de esa deuda se generó después de la intervención, es decir, mientras el propio Estado administraba la empresa. No es solo una herencia de los privados; es una cuenta causada bajo administración pública.

Conviene recordar Electricaribe. Hubo toma de posesión, crisis del servicio y reorganización del mercado: de ahí nacieron Air-e y Afinia. El servicio se salvó, pero la deuda quedó atrapada en la liquidación, con acreedores sin ruta de pago. Prevaleció el suministro; nunca se resolvió la cuenta.

Liquidar Air-e sin una solución previa para su deuda sería repetir ese libreto, y esta vez con más riesgo. Presionaría a generadores y transmisores, tensionaría toda la cadena eléctrica y mandaría una señal difícil de reparar a inversionistas y acreedores, nacionales y extranjeros: el Estado interviene, obliga a seguir prestando el servicio y luego liquida sin decir quién paga.

La salida no es una liquidación en frío, sino una reorganización que aísle la deuda antes de entregar el activo. Aquí sirve un antecedente que parece ajeno al sector eléctrico: FOGAFÍN. En la crisis de fin de siglo, Colombia entendió que no bastaba reconocer que había entidades en problemas: había que crear un vehículo técnico para administrar el rescate, con reglas, plazos y administración independiente, en lugar de cargarlo todo al presupuesto o dejarlo a la improvisación política.

El mismo principio aplica a Air-e: un fondo transitorio e independiente, administrado por un tercero especializado, que absorba y pague la deuda de forma ordenada y separe el problema financiero de la operación del servicio. Eso haría viable reorganizar la empresa con un operador —privado o mixto— bajo reglas claras.

Pero un fondo sin fuente de pago es solo un nombre elegante para el mismo agujero. La pregunta que ninguna solución puede esquivar es quién lo financia: qué parte se recupera vía endeudamiento, tarifa y activos, qué parte asumen los acreedores en la reestructuración y qué respaldo estatal —acotado y con tope— se necesita para hacerlo creíble. Ese reparto, y no la metáfora, es el verdadero diseño.

Sin ese mecanismo, cualquier reorganización nace inviable: ningún inversionista racional recibirá un activo cargado de deuda e incertidumbre regulatoria. Con un fondo bien estructurado y reglas claras, en cambio, Air-e puede dejar de ser un segundo Electricaribe: una salida para el servicio que deja detrás una hilera de acreedores, arbitrajes e inversión frustrada.

Para el próximo gobierno, Air-e será mucho más que un problema empresarial. Será la prueba de si Colombia sabe pagar sus crisis, y no solo apagarlas.