Luego de todo el maremágnum que se formó en Colombia, entre 2024 y 2025, por una caída abrupta de precios del arroz por debajo de los costos de producción, lo que llevó a que se realizaran movilizaciones y bloqueos por parte de los arroceros, se estableció el mecanismo de libertad regulada con el arroz paddy verde.
El objetivo con esa medida excepcional era enfrentar una crisis de precios que estaba poniendo contra las cuerdas la viabilidad económica de los productores, especialmente los pequeños y medianos.
Al aplicar el mecanismo, se activan unas reglas de juego, cuyo incumplimiento sería lo que ahora lleva a la Superintendencia de Industria y Comercio a formular pliego de cargos a siete compradores de arroz.
De acuerdo con la entidad de vigilancia, habría presuntos pagos por debajo del precio mínimo regulado.
Con ello, sería la primera vez que se inicia un pliego de cargos desde que entró en vigor el mecanismo.
La entidad que lidera Cielo Rusinque halló indicios preliminares de que habrían adquirido el producto por debajo de los precios mínimos establecidos por el Ministerio de Agricultura.
Las argumentaciones de la SIC, para proceder a la formulación de cargos, apuntan a que “el esquema funciona como un piso de protección para el productor: en las operaciones sometidas a la regulación, el comprador no puede pagar un valor inferior al precio mínimo establecido para la respectiva zona productiva, aunque las partes sí pueden acordar un precio superior”.
¿Quienes están en la mira?
El organismo de vigilancia y control que vela por la libre competencia y el cumplimiento de las normas alrededor de ello, confirmó que los actos administrativos recaen contra las siguientes agroindustrias: Sismar S.A.S.; Agrointegral Andina S.A.S.; Arrocera Don Llano; Arrocera Formosa S.A.S.; Coproarroz del Llano S.A.S.; Estación Agrícola S.A.S., y Villarroz S.A.
Para la SIC, “la regulación del precio mínimo no puede quedarse en el papel. Detrás de cada tonelada de arroz hay productores que invierten, trabajan y asumen riesgos. La SIC tiene el deber de verificar que la norma se cumpla y actuar cuando encuentra indicios de una posible infracción, sin anticipar la decisión que corresponda”, manifestó la entidad en su pronunciamiento.
Hay que recordar que la medida se estableció a través de una resolución expedida en 2025. En ella, el Ministerio de Agricultura sometió el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada y estableció precios mínimos de adquisición para las zonas productivas del Bajo Cauca, Centro, Costa Norte, Llanos y Santanderes, según recordó la SIC.
Tales topes se definieron de acuerdo con el costo de producción en las distintas regiones donde se aplicó el mecanismo.
La SIC manifestó que la investigación adelantada fue entre enero y abril de 2026. En ese lapso, la entidad inspeccionó a empresas y establecimientos del sector arrocero y recaudó información para llegar a la conclusión que ahora le permite proceder a la formulación de cargos.
¿Podría haber sanciones?
Los mencionados tiene 15 días para hacer descargos. no obstante, si definitivamente se confirman las infracciones expuestas, podrían aplicarse sanciones, como multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.