La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra la Organización Terpel S. A., Chevron Petroleum Company, Biomax Combustibles S. A., Primax Colombia S. A., la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño (Adiconar) y 46 distribuidores minoristas de combustible líquido.
La investigación, por parte de la entidad supervisora, se debe a la presunta coordinación y ejecución de una estrategia tendiente a obstaculizar el ingreso de nuevos agentes mayoristas al mercado de distribución de combustibles en el departamento de Nariño, donde tendrán que explicar detalles de este proceso.
Así, con base en la normativa aplicable para la distribución de combustibles líquidos en zonas fronterizas, si un distribuidor mayorista erige una planta de abastecimiento en el departamento de Nariño, se le otorgará el primer orden de prelación para llevar a cabo actividades de distribución en esa jurisdicción.
Ante tal hecho, los otros distribuidores mayoristas solo pueden satisfacer la demanda de combustibles que no haya sido cubierta por el distribuidor con el primer orden de prelación.
Por esto, la SIC explicó que las acciones que son objeto de investigación habrían obstaculizado medidas regulatorias orientadas a disminuir el riesgo de desabastecimiento y a generar condiciones para reducir el precio de los combustibles en la región.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el pliego de cargos, requirió a los investigados una explicación sobre la realización masiva, reiterada e injustificada de más de 45 acciones judiciales y administrativas ante diversas autoridades.
Estas acciones buscaban obstaculizar la construcción de nuevas plantas de abastecimiento en el departamento de Nariño, con la presunta intención de impedir que cualquier agente obtuviera el primer orden de prelación para la actividad de distribución.
Entre las acciones ejercidas con este propósito se incluyen recursos presentados ante el Ministerio de Minas y Energía, acciones de tutela, acciones populares y demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Se investiga la supuesta concertación de esta estrategia anticompetitiva en reuniones llevadas a cabo por Adiconar, con la presunta participación de distribuidores mayoristas y minoristas objeto de investigación.
Se alega que esta estrategia anticompetitiva logró la suspensión del esquema de abastecimiento establecido por la regulación para fomentar la construcción de plantas de abastecimiento en Nariño. Esto habría perjudicado a los consumidores del departamento, quienes no se beneficiaron con una disminución del riesgo de desabastecimiento de combustibles líquidos ni experimentaron una eventual reducción de precios en estos productos.
La investigación vincula, entre otros, a los siguientes agentes:
También fueron vinculadas con pliego de cargos personas naturales.
En el evento de que se comprueben las conductas mencionadas, la SIC podrá imponer a cada persona jurídica multas de hasta de 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $ 116.000 millones, y a las personas naturales que hubieran colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas anticompetitivas, multas de hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $ 2.320 millones.
“Contra esta decisión no procede ningún recurso”, de acuerdo con la entidad supervisora.