El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por las medidas adoptadas mediante los Decretos Legislativos 173 y 240 de 2026, que crean un impuesto al patrimonio para las empresas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Gobierno nacional.
En el primer caso se destaca que el costo para las empresas del país estaría en torno a los 8,3 billones de pesos, por lo cual —desde el punto de vista del Consejo Gremial— sería una cifra que no podría ser asumida por los actores comerciales de la nación.
“El impuesto al patrimonio para personas jurídicas representa una carga cercana a los $ 8,3 billones, que resulta inasumible para el sector productivo, más aún cuando el plazo para su pago no permite a las empresas prepararse adecuadamente. En la práctica, muchas empresas no tendrán la liquidez necesaria para cumplir, lo que puede afectar su operación, llevar a cierres y quiebras y poner en riesgo cientos de miles de empleos“, señala el Consejo Gremial.
La entidad señala que, desde el punto de vista constitucional, la medida genera serias dudas. Junto a esto, destacan que la Constitución establece que las decisiones adoptadas en estados de emergencia deben estar directamente relacionadas con la crisis que se busca atender.
“Sin embargo, el propio Gobierno ha señalado que estas medidas también buscan cubrir un hueco fiscal de tiempo atrás, lo que pone en duda que estén realmente enfocadas en la emergencia. Además, crear un impuesto de esta magnitud por decreto implica, en la práctica, dejar de lado al Congreso y el debate democrático que requieren los cambios tributarios estructurales”, puntualiza el Consejo Gremial.
La entidad señala que se está cobrando un impuesto sobre el patrimonio de las empresas sobre lo que tienen y no sobre lo que ganan para cubrir necesidades que van más allá de la coyuntura, lo que desdibuja su carácter temporal.
En términos económicos, según el Consejo Gremial, este impuesto resulta especialmente gravoso, pues obliga a pagar incluso a empresas sin utilidades, afecta su flujo de caja y limita la inversión en un momento en el que el país necesita señales de confianza.
“Por todo lo anterior, el Consejo Gremial Nacional solicita respetuosamente a la Corte Constitucional actuar con celeridad, evaluar estas medidas y considerar su suspensión provisional, con el fin de evitar daños graves al aparato productivo, el empleo y la economía nacional. El respeto por la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos”, puntualiza el Consejo Gremial.