Para nadie es un secreto que el pago de impuestos, ni siquiera con fines específicamente ambientales, como lo es el del plástico, es poco menos que un ‘dolor de cabeza’ para los contribuyentes.
En Colombia, en particular, la cultura del pago de tributos es baja, en parte, porque los ciudadanos tienen la percepción de que los dineros recaudados no se revierten en beneficio de la gente, como es la filosofía de las obligaciones tributarias.
Peor aún si cumplir con esa obligación genera confusiones y termina siendo un despelote, como al parecer está sucediendo con el impuesto a los plásticos, que fue creado por la Ley 2277 de 2022, la primera reforma tributaria del presidente Gustavo Petro.
El gremio que representa a las empresas de la industria del plástico mostró su preocupación por las dificultades en la aplicación del impuesto a los plásticos de un solo uso, los cuales, son utilizados para envasar, embalar o empacar productos.
Desde la perspectiva de Acoplásticos, son varias las complicaciones que se presentan, no solo porque deben asumir una obligación sin las reglamentaciones necesarias, con las cuales, se tendría el detalle de los caminos a seguir para cumplir con ese pago. Pero, además, la misma ley mencionada, que se refiere a los impuesto a al plástico en sus artículos 50 al 53, no es clara, según voceros del gremio.
¿Quién es el responsable del cobro del impuesto?
De hecho, Acoplásticos refiere que “la falta de claridad de la Ley ha generado confusión en el mercado, ante la ausencia de certeza frente al responsable del cobro del impuesto, ya sea las empresas fabricantes o importadoras del producto plástico o sus clientes o usuarios”.
El gremio recuerda que el impuesto fue creado con un perfil ambiental, para incentivar soluciones sostenibles en el consumo de plásticos. Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos “ha sido muy compleja la aplicación del impuesto porque la Ley no es clara y presenta contradicciones en cuanto al sujeto pasivo, es decir quién debe cobrar y provisionar el impuesto, si es el fabricante o importador del empaque o embalaje plástico o si es el fabricante o importador del bien que está contenido en este empaque o embalaje”.
Así las cosas, en el mercado, algunas empresas fabricantes de productos plásticos incluyen el impuesto en el precio del producto, acogiéndose a la primera interpretación, y otros no lo hacen, acogiéndose a la segunda.
¿Y el concepto de la Dian?
La misma autoridad tributaria de Colombia, la Dian emitió un concepto sobre el tema, para tratar de esclarecer lo necesario, de manera que los contribuyentes tengan una mayor certeza sobre la aplicación del impuesto.
Pero, al decir del directivo gremial, “los documentos que ha expedido la Dian han generado dificultades adicionales”.
La argumentación de Mitchell es que “un producto empacado o envasado en plástico que sea importado no paga el impuesto, pero el mismo producto fabricado en Colombia sí.
Sin lógica
De igual manera, agrega el presidente de Acoplásticos, si se atienen al concepto de la Dian, “un producto destinado a la exportación debe pagar el impuesto, lo cual no tiene lógica desde el objetivo ambiental de la norma y significa la pérdida inmediata de todos estos mercados para la industria nacional”.
Acoplásticos también recordó que ya la Procuraduría se ha pronunciado, al señalar la falta de certeza sobre el responsable del impuesto, “desconociéndose los principios de legalidad y certeza tributaria, por lo que solicitó a la Corte Constitucional declarar su inexequibilidad. A la fecha, el Gobierno Nacional no ha reglamentado ningún elemento de este impuesto”.
Atrasados
Según Acoplásticos, se había dicho que el 14 de junio de 2023, el Ministerio de Ambiente debió haber reglamentado la certificación de economía circular, con la cual no se causa el impuesto, pero dicha reglamentación no se ha publicado.
“Aunque la Dian ha expedido un concepto y un alcance sobre el mismo, hace falta que se reglamente lo correspondiente a los elementos esenciales de este tributo”, advirtió Acoplásticos, gremio al que, además, le llama la atención que, en el caso de las importaciones, según la Ley, “el impuesto se causa en la fecha en que se nacionalice el bien. No obstante, no se ha generado, hasta el momento, el recaudo correspondiente del impuesto para los productos importados”, manifestaron.
El valor de este impuesto equivale a cerca del 20 % del precio final del producto plástico, lo que, además, al decir de Mitchell, “es alto y lleva a que, dados los inconvenientes en su aplicación, se estén generando grandes riesgos en el sector”.