SEMANA: ¿Cuál es la situación de Cerro Matoso en materia de producción y, sobre todo, de suministro de gas?
Ricardo Gaviria: Nosotros anunciamos a principios del mes de julio la reducción de nuestra operación en un 25 por ciento por falta de gas y advertimos que, si no se tomaban las medidas necesarias por agentes del gobierno, por ejemplo, en el caso de intervenir a Canacol, muy seguramente nos íbamos a ver obligados a reducir a un 50 por ciento nuestra operación. Y desafortunadamente lo tuvimos que hacer porque Canacol, de manera unilateral, decidió empezar a disminuir las cantidades de gas que nos estaba entregando desde el primero de julio y hoy solo tenemos gas para operar al 50 por ciento. Esto, por supuesto, ha afectado a un gran grupo de trabajadores.
SEMANA: ¿Cuál es esa afectación?
R.G.: Hoy tenemos afectadas más o menos 570 posiciones. Tenemos una disminución de ingresos en términos de regalías, de impuestos, de servicios, de contratación en el orden de 1.500 millones de pesos diarios, y es complejo porque no hay gas que nos puedan suministrar de manera continua para garantizar que podamos volver a un 100 por ciento de nuestra operación.
SEMANA: ¿Qué afectaciones ha tenido la producción? Tengo entendido que hay dificultades si se apagan los hornos y se disminuye esa producción…
R.G.: Sí, correcto. Las metas de producción que teníamos para este año calendario 2026 eran de 32.100 toneladas. Con esta disminución al 50 por ciento de la operación, si sigue esta situación, que yo creo va a seguir por unos meses más, nos pone a producir 26.000 toneladas, o sea, son 6.000 toneladas menos, cerca de un 20 por ciento menos.
Esto por supuesto nos afecta porque nuestros costos fijos son altos y además pusimos una línea en preservación, esto lo manejamos con corriente eléctrica. Esto es un riesgo porque los hornos no están diseñados para eso, pero tenemos que hacerlo de manera que cuando volvamos a tener gas, podemos reactivar esa línea.
SEMANA: ¿Cuáles han sido los incumplimientos en materia de gas? ¿Qué tanto gas tenía contratado con Canacol? ¿Cuánto les está suministrando hoy y cuáles son las expectativas?
R.G.: Nosotros hemos contratado con Canacol desde el año 2022 hasta el año 2029, con el compromiso de entregarnos 16.000 MBTU diarios. Hace unos meses empezaron a tener algunos temas en sus pozos y estábamos recibiendo únicamente 11.000. Acordamos con ellos que podíamos hacer eso mientras ellos organizaban sus pozos. Pero súbitamente, a principios de julio, nos bajaron de 11.000 a 7.000 y tres días después nos bajaron a 5.000 y después nos entregaron como 4.000. Después nos subían a 5.000 y estos son manejos y entregas sin conversación con nosotros, hechos de manera unilateral, situación que, por supuesto, generó disminuir al 25 por ciento de la operación a principio de julio. Y hoy tuvimos que bajar al 50 por ciento de nuestra operación.
SEMANA: Supongo que dentro del contrato se establecen multas para Canacol, ante algún tipo de incumplimiento. ¿Ustedes las están haciendo efectivas?
R.G.: Nadie, desde la demanda, quiere que Canacol se acabe. Nosotros queremos que ellos sigan operando. En este momento no hemos entrado en esos temas porque lo que queremos es tener el gas que ellos tienen la obligación de entregarnos, de acuerdo con los contratos que suscribimos. Ningún agente de la demanda, de los clientes que tiene Canacol acá en el Caribe colombiano, quiere que se vaya. Nosotros hemos tratado de conversar con ellos desde principios de mayo, cuando pusieron esta solicitud en la corte canadiense de cancelar contratos.
Quisimos hablar con ellos, logramos hablar con los directivos una vez, pero después no quisieron volver a hablar con nosotros. Entonces hoy solo hemos tenido contacto el martes pasado porque la Superintendencia de Sociedades nos citó a unas audiencias y estuvo algún representante de Canacol para que empezáramos a conversar. Pero esta es la primera conversación que tenemos en los últimos cuatro meses.
SEMANA: Tengo entendido que Canacol a algunos clientes ha solicitado un ajuste de precios, teniendo en cuenta que el contrato viene desde 2022, cuando los precios eran mucho menores a los que tenemos hoy. ¿Eso se está dando? ¿En qué circunstancias está esa conversación?
R.G.: Todos los agentes de la demanda les mandamos señales a ellos, en el sentido en que estamos dispuestos a conversar para asegurar que Canacol siguiera funcionando. Pero, de nuevo, como las conversaciones no se dieron porque ellos no se abrieron, pues no pudimos conversar nunca.
Pero esto no es un tema que se resuelve en una hora de audiencia definida por la Supersociedades. Eso requiere más conversaciones.
Además, es importante entender que Cerro Matoso requiere continuidad en la entrega de gas. Podemos hablar de ajustes, pero debemos tener la garantía de que contamos con la continuidad en la entrega de gas, que sea un gas firme, que sea un gas ininterrumpible, de tal manera que nosotros sí podamos mantener una operación continua, porque nuestra operación es 24/7, todos los días del año. Si no tenemos esa continuidad de entrega de gas, es complejo hablar de números. Primero necesito tener la garantía de que tengo continuidad en la entrega, para después hablar de números.
SEMANA: En un documento, Canacol plantea que habría un proceso de venta de su venta, pero los precios en los contratos que tiene firmados con anticipación no harían sostenible la empresa hacia el futuro. ¿Es eso cierto?
R.G.: Como no hemos podido hablar abiertamente con ellos, no sabemos exactamente cuál es la situación. Ellos se fueron sin avisarle a ningún agente de la demanda a finales de abril a la corte canadiense a solicitar que se le cancelaran los contratos.
SEMANA: ¿Esta es una cuenta de cobro al país por no seguir con contratos de exploración?
R.G.: Esta situación para Cerro Matoso es compleja porque desafortunadamente el país durante estos cuatro años dejó de explorar gas y hoy tenemos una deficiencia enorme. Sí, tenemos gas importado, pero no garantiza a una empresa como Cerro Matoso la continuidad de las entregas y tampoco hay suficiente capacidad de regasificación, porque solo tenemos una regasificadora en Cartagena y las que están en camino para que se monten se van a demorar por lo menos hasta enero o febrero del año entrante para que estén en operación.
La cuenta de cobro es al Gobierno que está saliendo, no al país, porque en ese gobierno no se entregó ninguna licencia de exploración. Los taladros se quedaron parados, el 80 por ciento de los taladros de este país estuvieron parados.
SEMANA: ¿Cómo son las comparaciones por gobiernos?
R.G.: En el gobierno del presidente Uribe se entregaron 229 licencias, en el gobierno del presidente Santos 165 licencias, en el gobierno del presidente Duque, a pesar de la pandemia, se entregaron 71 licencias. Y en este gobierno que termina, cero licencias.
No es un tema que viene de vieja data. Es de estos últimos cuatro años donde nosotros éramos autosuficientes con el gas y hoy el 33 por ciento del que consumimos tiene que ser importado. Y nos echamos mentiras, y lo digo abiertamente, que podemos traer gas de Venezuela. No hay un gasoducto funcionando entre Venezuela y Colombia. Lo hubo, pero ese gasoducto durante estos últimos 20 años lo desbarataron, lo volvieron pedazos y eso se vendió por chatarra.
SEMANA: ¿Han pensado en algún sustituto, por ejemplo, GLP?
R.G.: El tema de los sustitutos toma tiempo, es complejo, requiere unas inversiones grandes. Pero aquí, lo difícil es la continuidad del suministro para estos sustitutos. Hoy por hoy estamos en una situación compleja. Creo que hay algunos campos que se van a probar por ahí en enero y podrían ser una solución. Pero yo creo que hoy para Cerro Matoso esta situación de tener la producción en estos niveles, pues nos vamos a demorar un rato.
SEMANA: En materia de ingresos, ¿esto qué va a representar?
R.G.: Como dije, si nosotros teníamos una producción planeada de 32.000 y ahora va a ser de 26.000, ahí tenemos una reducción de más o menos el 20 por ciento y el número no lo podría dar, porque los precios nuestros son unos commodities que varían. Entonces yo prefiero esperar a fin de año para tener ya los números más precisos, porque esto puede generar expectativas en diferentes niveles. Lo que sí es claro es que habrá menos impuestos, menos regalías, menos contratación, menos servicios. Y aquí todos perdemos. O sea, este es un negocio donde todos pierden y esta es una decisión del gobierno que está saliendo, que decidió no más hidrocarburos. Y aquí estamos en estas.En general es el resultado que Canacol haya tenido problemas.
Si hubiéramos explorado lo que habíamos hecho en los años anteriores, hoy tuviéramos una posibilidad con otros proveedores.
SEMANA: ¿Qué expectativa tiene frente a la llegada del nuevo gobierno? ¿Cómo van a desarrollar las conversaciones con la nueva ministra de Minas y Energía y con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella alrededor de este tema?
R.G.: La información la tenemos, la hemos conversado. Estuvimos dialogando con algunos de los miembros del equipo de empalme. Apenas se posesionen los diferentes ministros, los diferentes agentes, los diferentes presidentes de las agencias, pues estaremos conversando con ellos porque este es un tema complejo para el territorio del sur de Córdoba, porque somos más o menos 2.000 empleados, cada empleo de estos encadena 4 o 5, o sea que hay más o menos 8 a 10.000 familias que dependen de Cerro Matoso y si cada familia tiene 4 o 5 personas, estamos hablando de que hay unas 50.000 personas que dependen de Cerro Matoso, que eso es casi la mitad del territorio en el área de Montelíbano.
SEMANA: Una pregunta más de forma que de fondo. ¿La superintendencia tiene que pronunciarse sobre lo que está pasando con Canacol en Augusta, en Canadá, o puede por motu proprio tomar e intervenir la compañía?
R.G.: No, la Superintendencia de Servicios Públicos puede intervenir la compañía cuando considere que debe hacerlo. Pero la Superintendencia de Sociedades tiene que decidir si se acoge al fallo de Canadá, que le dice a Canacol: “Usted sí puede cancelar los contratos con sus clientes”.
Es una decisión de la Superintendencia de Sociedades, porque la corte canadiense no tiene jurisdicción aquí en Colombia, pero le hace esa recomendación a las Supersociedades. La corte canadiense, por supuesto, está defendiendo los intereses de los inversionistas canadienses, pero la Supersociedades tiene que defender los intereses de los colombianos. Entonces aquí es donde tenemos una situación compleja donde esperamos que la Superservicios en su leal saber, en su leal entender, tome las decisiones que tiene que tomar para defender los intereses del país.