Definida como está la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia el próximo 21 de junio, en medio del ruido mediático de los insultos y la hostilidad política es necesario hacer una pausa y evaluar las propuestas laborales en cada uno de los programas de gobierno que medirán fuerzas en el balotaje.

La primera gran diferencia que salta a la vista entre los candidatos participantes es la extensión de su plataforma programática. La de Iván Cepeda -de más de 400 páginas- es una muy extensa declaración de principios y un ideario político sumamente dogmático, profundo y reflexivo, pero también sumamente teórico, nebuloso y con poca concreción.

Está cargado de apreciaciones subjetivas sobre la historia de la izquierda y las luchas políticas que ha sostenido en contraposición de la derecha que ha gobernado históricamente, incluso con ataques personales a políticos con nombre propio que son representativos del espectro político opuesto.

Abelardo de la Espriella, por su parte, tiene un texto muy corto -21 páginas-, conciso, puntual pero a la vez lacónico, redactado al estilo de una presentación ejecutiva de un Gerente a una Junta Directiva donde no existe mucho tiempo -ni interés- para entrar en detalles irrelevantes y menos en teoremas, corrientes filosóficas o historia patria. Está diseñado para ser explicado en 10 minutos, para bien o para mal.

Ambos estilos, en su dimensión e integridad, sin duda representan muy bien no solo los enfoques de los candidatos sobre cada uno de los temas sino además la manera de concebir el país, sus problemas y por supuesto, sus soluciones. Mientras la izquierda teoriza y se eleva en disertaciones sociológicas y políticas intrincadísimas, la derecha es se muestra pragmática y contundente, a riesgo de parecer demasiado simple. Nada más representativo de la forma de ver el mundo.

En lo laboral, puntualmente, el plan de gobierno de Iván Cepeda anuncia con claridad que profundizará en las reformas sociales que impulsó el gobierno de Gustavo Petro (la reforma pensional y la reforma laboral, en particular), las cuales se deben “proteger y consolidar” para que todos los trabajadores “tengan unas condiciones dignas de empleo”.

Señala que promoverá “toda forma que dignifique el trabajo, la formalización laboral, la economía social y la economía solidaria”, así como propone la creación y puesta en marcha de un programa nacional de “reconversión laboral para los sectores taurinos, galleros, corralejeros y de las mangas de coleo”. En el sector portuario busca la generación de empleos necesarios “para que la riqueza que entra y sale por este puerto se traduzca en trabajo digno para la gente” y propende por un avanzar en “un trabajo rural digno”.

Hace una apuesta por impulsar la “economía campesina y popular”, avanzar en las “conquistas” del Gobierno de Gustavo Petro sobre el salario mínimo y la equiparación de la economía “popular y solidaria” con la “gran economía empresarial” y promover lo que denomina una “responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos”. También anuncia beneficios tributarios para empresas que contraten jóvenes provenientes del conflicto urbano de poblaciones como Buenaventura, Quibdó y Tumaco, entre otras, en los programas Jóvenes en Paz y el Servicio Social para la Paz.

Puede leerse de su propuesta -genéricamente- que luchará contra la precarización del empleo, fortalecerá la estabilidad laboral y arreciará en la inspección y vigilancia del sector productivo. Sin embargo, no propone fórmulas concretas para la creación de empleo formal, la disminución del desempleo y la informalidad, o la facilitación de mecanismos de acceso y cobertura en el Sistema de Seguridad Social.

El camino para ejecutar esas propuestas, finalmente, es a través de la “movilización social” y el “poder constituyente”, lo que puede involucrar reformas legales, reformas constitucionales y también -nada menos- una asamblea nacional constituyente.

Abelardo de la Espriella, por su parte, comienza por anunciar que el trabajo es “la única vía digna para el progreso y la libertad” al tiempo que propone incentivos al empleo a través de la “reducción de impuestos a empresas que generen empleo formal y de calidad”. Propone la creación de 200.000 empleos rurales directos con programas sociales focalizados como “Colombia sin Hambre” y se traza una meta de 3 millones de nuevos empleos (directos e indirectos) en el período presidencial, resultantes de la “detonación del crecimiento económico mediante el Pacto Empresarial y la inversión extranjera masiva”.

Declara que la tasa de desempleo real estará al final de su mandato por debajo del 6% y la tasa de informalidad no superará el 40% “gracias a formalización inteligente”.

En ambos planes de gobierno se ponderan sus propias ideas como las más calificadas y necesarias para el país, sin ahondar en demasiados detalles acerca de la ruta concreta de ejecución y, sobre todo, sin precisar lo que pudiera depender solo de la capacidad y atribuciones del Presidente y aquello para lo cual deberá pasar por el Congreso y el control judicial.

Con todo, aunque no son explícitos los planes de gobierno en ello, sí queda claro que una propuesta tiene como eje del desarrollo económico el Estado y el gasto público y otra lo ubica principalmente en el sector privado. Y de allí parten todas las demás diferencias estructurales.

Este es un asunto no menor, comoquiera que precisamente el impulso de las propuestas laborales depende ineludiblemente de la visión económica del gobierno. En este punto, el desplazamiento hacia el Estado del eje de desarrollo económico que históricamente ha gravitado en Colombia sobre la iniciativa privada, la inversión extranjera y la libertad de empresa; es lo que más distancia ambas visiones políticas.

La propuesta de Iván Cepeda es estatista y con un Estado omnipotente, robusto, burocrático y controlador. Abelardo de la Espriella representa todo lo contrario: un estado mínimo, una profundización en una libertad económica y la idea de que la expansión económica apalanque automáticamente la creación de empleo formal.

Como en todo, ambos extremos son suicidas. Y mientras el centro político esté desaparecido, el elector tendrá que ser consciente que dichas visiones son incompatibles en la teoría y en la práctica, lo que va a asegurar tensiones sociales, políticas y económicas.

Allí es donde va a jugar un papel clave el Congreso de la República como centro de gravedad y la Rama Judicial como escudo del Estado de Derecho. Es una lástima que las campañas políticas contemporáneas (nacionales y extranjeras) ponderen tan bajo los planes de gobierno. En tiempos de la política emocional, por lo menos, hay que saber por donde va el agua al molino.