De manera frecuente, en Colombia se habló de la reversión de concesiones que estaban en manos de privados y que, al terminar los contratos, volvían al Instituto Nacional de Vías (Invías), en línea con la posición del gobierno de Gustavo Petro de estatizar algunos sectores.
El problema es que, según los transportadores, quienes recorren las vías del país, una vez las obras regresan a manos del Invías, las condiciones suelen desmejorar, en parte, por la falta de recursos.
Como se sabe, las concesiones son empresas privadas encargadas de construir megaobras de infraestructura que requieren inversiones millonarias. Los peajes hacen parte de ese esquema como fuente de financiación de esas inversiones. Sin embargo, en algunos casos, el Gobierno saliente afirmó que ese modelo convertía lo que es un derecho público, como la movilidad, en lo que denominó un “negocio de banqueros” y fondos financieros, que encarece los costos para los ciudadanos.
Por esa razón, las concesiones que vencían no eran renovadas con los privados, sino revertidas al Invías. Así ocurrió con, al menos, seis proyectos viales que volvieron a la administración del Estado.
Ahora, Colfecar, gremio de empresas de transporte y miembro activo del Comité de Infraestructura del Ministerio de Transporte, lanzó una nueva alerta, esta vez dirigida al gobierno electo de Abelardo De La Espriella.
Según manifestó el gremio, liderado por Nidia Hernández, “la administración de la ANI en el periodo del gobierno saliente deja pasivos fiscales por 5,28 billones de pesos, además de cientos de kilómetros de vías sin recursos para su mantenimiento o servicios al usuario, en lo que resta del año 2026”.
En esa misma línea, Colfecar sostuvo que buena parte de ese déficit estaría relacionada con los procesos de reversión y las terminaciones anticipadas de varios proyectos de vías concesionadas.
“Sin plata para enfrentar tal complejidad”
Para Colfecar, se trata de “una situación tan compleja que el nuevo gobierno tendrá que asumir sin recursos”.
El gremio mencionó el reciente caso de la concesión Autopistas del Caribe, que retornó al Invías tras la terminación del contrato en julio de 2026.
Además, Colfecar se refirió a la concesión que vencerá el próximo 31 de julio, actualmente en manos de Devimed, responsable de una infraestructura clave para la conectividad del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño.
Para el gremio, “lo preocupante de la situación es que Invías ha manifestado ya no tener contemplados recursos para 2026 destinados a la operación y el mantenimiento de estas vías”.
Crítica a la reversión de obras al Invías
Desde la perspectiva de Colfecar, ha sido recurrente que en los procesos de reversión de una concesión se presenten dificultades para garantizar la continuidad del mantenimiento de las vías.
“Aunque existe una fecha definida de terminación, el Invías no contempla recursos para continuar prestando servicios a los usuarios (grúas y ambulancias) y tampoco para los mantenimientos periódicos que garanticen el buen estado de las vías”, manifestó el gremio, que puso como ejemplo casos como los de Córdoba–Sucre o la ruta Bogotá–Facatativá–Los Alpes.
Llamado a gobiernos saliente y entrante
Ante estas circunstancias, Colfecar se dirigió tanto al gobierno saliente como al entrante.
Así las cosas, a la administración Petro le sugirió que “debería tener la voluntad de incorporar un periodo de reversión como lo ha hecho en todos los otros proyectos para darle tiempo al nuevo gobierno de posesionarse y tomar decisiones sobre la vía en el caso del concesionario Devimed”.
Según Colfecar, “acabar el contrato y entregarlo al Invías, pese a que confirmó no tener recursos para la vigencia 2026, es una irresponsabilidad con los usuarios”.
Entre tanto, al gobierno entrante, el gremio de empresas de transporte le pidió “salvar el proyecto Antioquia-Bolívar, lo cual sería el camino más eficiente y beneficioso para los usuarios viales y así mantener la calidad de la infraestructura que ofrece la concesión Ruta al Mar, evitando a la Nación una deuda de 3,5 billones de pesos”.