Algunas voces se han manifestado luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresara la posición del Gobierno frente a las consultas previas. Unos estiman que con lo referido por el funcionario se terminaría acabando con ese mecanismo participativo de las comunidades ante proyectos que están en cercanías de los territorios étnicos y que podrían afectarlos.

No obstante, en su mayoría, las opiniones han sido de respaldo a la modificación propuesta por Lara, quien argumentó que lo que halló fue un “desastre”, un desorden y un atraso que termina frenando proyectos necesarios para el desarrollo.

Así las cosas, Lara planteó un verdadero remezón a las consultas previas, que además lo haría en unos 90 días, pues la estrategia implica tener cronogramas; líderes responsables por sector y por proyectos, al igual que tableros de control para garantizar que la toma de decisiones se haga y que se llegue hasta el final con la obra.

No en vano, para evidenciar las trabas existentes, el ministro del Interior puso el caso del proyecto Sirius, que además es una necesidad evidente para Colombia en un momento en que se pronostica un déficit de gas por incremento de la demanda.

Reacciones

El camino anunciado no deja de ser polémico. Las consultas previas adquirieron rango constitucional en 1991 y se crearon para proteger la integridad cultural, social y económica de los grupos étnicos, garantizando su derecho a participar en las decisiones que los afectan directamente.

José Ignacio López, presidente de Anif. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pero en Colombia, según algunas opiniones, se han convertido en “un chantaje”, que ha contribuido a espantar la inversión, como lo explicó José Ignacio López, presidente de Anif: “Invertir en Colombia se ha vuelto muy difícil. Altas tasas tributarias y alto costo del capital. Pero muchos empresarios se quejan aún más de lo difícil y lento que es hacer proyectos, por temas como las consultas previas”.

Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, si bien resaltó que se trata de un derecho constitucional, cuando los términos no están definidos con claridad y la gestión no es eficiente, “se vuelven un proceso interminable que frena proyectos estratégicos. El plan del ministro Rodrigo Lara introduce lo que faltaba: orden, plazos definidos y gerenciamiento. Así, proyectos como Sirius dejan de esperar y empiezan a transformar. Porque la energía no puede quedarse atrapada en trámites: necesita fluir para mover al país”.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. Foto: CARAVANA Films

“Un negocio extorsivo”

El exministro colombiano Juan Camilo Restrepo también sentó su posición: “Esta es una noticia de máxima importancia. Las consultas previas se han desnaturalizado; y a menudo se han convertido en un negocio extorsivo. Ojalá esta reglamentación salga pronto. Y efectivamente destrabe lo que a la fecha es uno de los mayores obstáculos a la inversión en Colombia”.

Juan Camilo Restrepo, exministro. Foto: JUAN SEBASTIAN CRÚZ