Durante la mañana de este 26 de marzo, la Contraloría General de la República hizo una nueva advertencia por cuenta de posibles vacíos en la estructuración, articulación y ejecución de los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica emitidos por el Gobierno Nacional.
A través de un comunicado, la entidad aseguró que luego de revisar los 18 decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida en el Decreto 0150 de 2026, considera necesario que se revisen y apliquen bien criterios y alcances de la medida.
“Dado que por decisión del Gobierno Nacional se han decretado nuevos impuestos con los que se aspira a recaudar hasta $8,68 billones, considera la Contraloría que el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal sucedida en los ocho departamentos que se incluyen en el Decreto 0150 de 2026“, indicó el ente de control.
Adicional a ello, la Contraloría solicitó al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, la UNGRD y otros de los sectores involucrados, varios de los soportes que expliquen el recaudo de 8,68 billones de pesos y la sustentación de su focalización entre las distintas entidades.
“Para efectos de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de la emergencia, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UNGRD y demás ministerios de sectores involucrados, los soportes que explican la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la sustentación de su focalización entre la UNGRD, los demás ministerios con sectores afectados y los departamentos y municipios en emergencia”, indicó.
Detallaron finalmente una alerta sobre la mora en la que está el país para aplicar bien todos los mecanismos de prevención y atención de desastres que están incluidos en la Ley 1523 de 2012, partiendo de la premisa indispensable de que se debe trabajar pronta y activamente en la gestión del riesgo, la cual se compone de tres pilares fundamentales e interdependientes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres.