La controversia que se ha desatado en Colombia, por la dificultad para cumplir con las mesadas de los pensionados en este fin de año (noviembre y diciembre), llevó a que la Contraloría General pusiera el foco en el tema.
La entidad de control estima que se necesitan más de $4,2 billones para cumplir con pagos de pensiones, tras realizar una análisis en el que evidenció el desbalance y cuál es la relación que hay con el incremento del salario mínimo en un 23 %, como se aplicó en diciembre, por decreto presidencial.
La polémica ha sido porque de un lado (la oposición) se sostiene que el faltante obedece al no giro de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, a Colpensiones, por concepto de los traslados de personas que aprovecharon la ventana de oportunidades y se pasaron de un régimen a otro.
La Contraloría, entretanto, confirmó que el incremento efectivo del salario mínimo del 23 % frente a un supuesto de crecimiento de dicho sueldo, cercano al 7,5 %, tiene todo que ver.
Según lo establecido por la Contraloría, “el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones. La financiación de estas obligaciones dependía en un 44,6 % de aportes de la Nación”.
Para la Contraloría, el desequilibrio radica en que generó una desviación significativa respecto de las condiciones utilizadas para la programación presupuestal, toda vez que se tomó una cifra muy distante de la que realmente se aplicó.
Es así como, el presupuesto contemplaba $33,7 billones de aportes nacionales y la ejecución asciende a $33,7 billones. Es decir que, si esos recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas.
Entre tanto, el incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, aun cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados.
El organismo de control advierte que el Gobierno Nacional debe prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas.
Ello, en el entendido en el cual, las pensiones de los colombianos son un derecho inalienable. Por lo tanto, no habría cabida para que no se efectúe el pago de las mesadas.
En el Congreso de la República se debate actualmente el presupuesto 2027, cuyo monto ya fue aprobado por el Legislativo, en 635 billones, que también tienen un desfinanciamiento, en medio de una crisis fiscal por un alto déficit y un riesgo de que la deuda sobrepase los niveles tolerables.