Todas las alarmas están encendidas luego de conocerse el nuevo presupuesto para 2027, radicado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República por 635 billones de pesos, según el documento oficial.
La cifra es superior en casi 60 billones de pesos a la propuesta por el gobierno anterior, que era de 575 billones de pesos. El asunto es que la expectativa en el mercado colombiano era un fuerte recorte como estrategia para enderezar las cuentas fiscales, que se encuentran deterioradas.
Sin embargo, el Gobierno dijo que era necesario sincerar las cuentas y que lo que encontró no le da margen para tomar otro camino que aumentar el monto.
Según lo establecido en el documento radicado en el Congreso de la República, que ahora tendrá hasta el 15 de septiembre para volver a evaluar el proyecto de ley que ya fue devuelto, hay varios rubros que ejercen presión sobre las cuentas.
En primer lugar, hay 6,5 billones para el pago de pensiones, 2 billones para el sistema de salud, 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, 0,7 billones para las universidades públicas y 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles que no cuentan con financiación.
El problema es que, aun sin una evaluación en detalle, ya se empiezan a hacer cuentas, según las cuales, con un mayor gasto, el país se demoraría mucho más en reducir el déficit fiscal, que podría llegar incluso a un 9 %, según estimativos de José Ignacio López, director de Anif.
El argumento de la deuda
Según las explicaciones del Ministerio de Hacienda, una de las razones determinantes para el crecimiento del monto del presupuesto para 2027, según el proyecto radicado, es la deuda pública. “El servicio de la deuda que se incrementa en $37,4 billones de pesos. Este monto es derivado de la estrategia irresponsable de endeudamiento del gobierno pasado, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo cuyas tasas fueron más elevadas, y que, sin embargo, la administración previa no incorporó en sus cuentas”, sustentó la cartera que lidera Gómez Martínez.
La prueba de fuego del Congreso
En la Convención Bancaria que se realiza en Cartagena, varios congresistas de diferentes partidos políticos evidenciaron lo que podría pasar de acá en adelante en la revisión que iniciará el Legislativo de la nueva carta financiera para el próximo año.
Aunque en todo momento enfatizaron que le pondrán una mayor lupa a la propuesta y que esperan las explicaciones del ministro Gómez, ya hubo un primer cruento debate ante los banqueros que participan en la cumbre del sector financiero.
Se notó la fuerte oposición que hará el Pacto Histórico, partido que, a través de Esmeralda Hernández, opinó que todo se está haciendo de manera contraria a lo que había anunciado el presidente Abelardo De La Espriella, quien habló de reducción del gasto.
Por su parte, David Barquil y Sara Castellanos se pusieron del lado del Gobierno y recordaron que lo que se está haciendo es lo que se había prometido: sincerar las cuentas. “Se está siendo transparente con el costo de la estructura del Estado, lo que hay es un acto de responsabilidad”, señaló al referirse a la cifra más abultada en gasto de personal que criticó Hernández, cuando la idea era encoger la burocracia.