Una vez el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el borrador de la reforma pensional, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dio a conocer su análisis en torno al texto, donde destaca los aspectos positivos y negativos del mismo, realizando un especial hincapié al impacto que podría generar la iniciativa en el pasivo pensional.
Inicia la entidad señalando que las medidas que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo generarán efectos sobre la sostenibilidad del sistema, sino también en las finanzas públicas, lo que sostiene que de aprobarse el articulado, tal y como se presentó, se estaría frente a un alto pasivo pensional que podría pasar del 110 % del producto interno bruto (PIB) al 249 % del PIB.
“Nuestros cálculos estiman que la propuesta de reforma en su totalidad aumentaría el pasivo pensional a 249 % del PIB estimado para 2023, es decir, un valor presente neto (VPN a 2070) cercano a los $3.700 billones de pesos. De ese valor, el componente del pilar contributivo obligatorio del Régimen de Prima Media (RPM) hasta tres salarios mínimos, representa casi la mitad, pues se acerca al 131 % del PIB”, advierte la Anif.
Explica que al estimar el costo fiscal de la propuesta, en lo relacionado con el stock actual de pensionados (1,6 millones en el caso de Colpensiones), si se tienen en cuenta variables como la inflación a largo plazo (3,5 % anual) y la tasa de crecimiento del número de pensionados (4,6 %) correspondiente al promedio de los últimos 10 años, el pasivo pensional hasta 2070 podría llegar a los $385,6 billones de pesos, equivalente al 26 % del PIB estimado para este año.
Con base en lo anterior, y analizándolo desde los pilares que componen el proyecto de ley, se indica que en el caso del pilar Solidario –que beneficiaría a 2,5 millones de personas, clasificadas en el Sisbén A, B y C con más de 65 años– se proyecta que al cabo de 47 años “el monto de la transferencia por el número de potenciales receptores, el VPN en 2070, con una tasa de descuento del 4 %, arroja un valor de $357,7 billones”, lo que corresponde al 24,1 % del PIB estimado para 2023.
En lo que respecta al pilar Semicontributivo, “da como resultado un costo de $804,7 billones en valor presente, lo que equivale al 54,3 % del PIB estimado de 2023″. Mientras que en el pilar Contributivo (Régimen de Prima Media) se advierte que puede “generar un pasivo pensional insostenible” y puede poner en riesgo las mesadas pensionales a futuro, debido a que la propuesta no soluciona el problema de fondo de los subsidios implícitos en el RPM, sino que lo amplía a toda la población poniendo un techo en tres salarios mínimos legales vigentes (SMLV).
El recaudo actual por cotizaciones de los afiliados a Colpensiones es cercano a los $15 billones, con la propuesta del pilar de 3 SMLV, se recaudarían aproximadamente $25 billones, es decir, la propuesta genera un incremento neto del valor de $10,5 billones por las cotizaciones adicionales que entrarían al RPM, que en VPN (2070), equivalen a una suma de $221 billones, es decir, cerca del 14,7 % del PIB”, acotó.
Y finalmente, en lo relacionado con la ventana de transición que se propone en el articulado, Anif señala que los subsidios para la población que se trasladaría equivaldrían a $1,1 billones de pesos el primer año, después de que hayan realizado el traslado. Luego de que las personas hayan cumplido su expectativa de vida (30 años en promedio desde la edad de pensión), la deuda adicional que generaría esa ventana en VPN asciende a $210 billones de pesos, lo que equivale a 14,2 % del PIB estimado de 2023.
“Valga la pena decir en este punto que la deuda implícita del sistema pensional actualmente ronda los 110-115 puntos del PIB, por lo que esta reforma estaría devolviendo al país a los niveles de pasivo observados en los años noventa y estaría duplicando el pasivo actual, con pocos impactos en la cobertura. Dado que la mayor parte de este efecto proviene de la obligatoriedad de cotizar hasta 3 SMLV al RPM, reiteramos nuestra posición de reducir este umbral a, máximo, un salario mínimo”, recalcó.
Puntualiza la entidad afirmando que el costo fiscal que planea el sistema de pilares que conforman la reforma pensional, “lo tendrán que pagar las futuras generaciones”, sumado a que sostiene que el componente más costoso de la iniciativa y que es el pilar Contributivo “además de aumentar significativamente el pasivo pensional, no tendría efectos en cobertura ni equidad”, pues, al no tener en cuenta la realidad del mercado laboral, donde más de la mitad de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, “sigue excluyendo a las personas de la protección social”, por lo que sentencia diciendo que el proyecto de Ley “dista de ser un avance hacia una solución de largo plazo y, por el contrario, empeora la situación”.