Este 21 de abril, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, envió una carta formal a Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público, en la que se refirió a la invitación a participar como panelista en el foro económico que el Ministerio tiene organizado para este martes, sobre “la política monetaria en un contexto progresista”.
El funcionario inicialmente destacó que siempre ha visto con beneplácito el debate público sobre temas de importancia nacional e internacional, como lo es en este caso la política monetaria, dado que el evento busca cuestionar los supuestos del pensamiento económico dominante, problematizar sus implicaciones en el contexto latinoamericano y explorar alternativas que permitan volver a imaginar el papel del Estado en la conducción económica, como garante de derechos y en la búsqueda de objetivos sociales.
Aseguró que estaría atento a las ideas que allí se discutan y, de manera particular, a los planteamientos que hagan personalidades tan importantes para el debate económico internacional como son la profesora Mariana Mazzucato, el profesor Thomas Piketty o el premio nobel Joseph Stiglitz, quienes, de acuerdo con anuncios públicos, estarán presentes en el foro.
Pese a ello, aseguró que debe excusarse de participar del evento, debido a consideraciones sobre su oportunidad y el contexto en que se realiza.
“Usted, señor ministro, ha expresado públicamente que un grupo mayoritario de los miembros de la junta directiva del Banco de la República carecemos de legitimidad para participar en las decisiones de política monetaria cuando esas decisiones son contrarias a los lineamientos recomendados por el gobierno al cual usted pertenece. Considera usted, por lo tanto, que la autonomía definida por la Constitución de 1991 para la junta directiva del Banco de la República es ilegítima cuando las decisiones que adopta la junta difieren de las que habría adoptado el Gobierno. Esa visión de autonomía es diferente de la que estableció de manera clara nuestra carta magna”, dijo Villar.
Adicional a ello, agregó que las intervenciones del ministro han ido más allá, lanzando acusaciones contra Villar y varios de sus colegas, asegurando que sus decisiones van encaminadas a acusar a banqueros.
“Se trata de una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad, la cual hace difícil mantener el diálogo fluido en la búsqueda de las políticas más adecuadas para cumplir con el mandato explícito que la Constitución de 1991 le asignó a la junta directiva del Banco de la República de mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general”, agregó.
Villar precisó, bajo una explicación técnica, las razones por las que bajar las tasas con mayor rapidez puede ser contraproducente en el futuro, generando aumentos en la inflación que generan el impacto contrario. “Es comprensible, por ello, que los gobiernos busquen políticas monetarias más laxas cuando sus objetivos son de corto plazo, debido, por ejemplo, a la cercanía de unas elecciones o de un cambio de administración”, indicó.
También defendió la autonomía del banco, asegurando que por la razón anterior se concibió una autoridad monetaria autónoma, que pueda adoptar decisiones basadas en una perspectiva de largo plazo, que vaya más allá del remanente de los gobiernos de turno.
La pulla al minHacienda en la carta de Villar
Villar también se refirió a la intención del ministro Ávila de no asistir nuevamente a las sesiones de política monetaria del Banco, ocasionando una paralización en la toma de decisiones de la junta.
“Espero también que en esos debates públicos que seguramente podremos tener en el futuro se haya superado la incertidumbre hoy existente sobre su asistencia a las sesiones de junta que han sido debidamente convocadas desde comienzos del año y que, de acuerdo con las normas vigentes, constituye una obligación ineludible”, indicó.
Adicional a ello, precisó que las normas que los rigen, al ministro y a los demás miembros que participan en la junta directiva del Banco de la República, son suficientemente claras en que deben tener al menos una sesión mensual y en que a cada una de ellas debe asistir el ministro de Hacienda y Crédito Público, independientemente de si las decisiones que allí se adopten coincidan o no con las que el Gobierno considera apropiadas.
“La posibilidad que tienen los miembros de la junta directiva de diferir del Gobierno es precisamente la que define la autonomía consagrada en la Constitución de 1991″, agregó.