Cuando se va a emprender un viaje, es importante tener en cuenta no solamente la ruta que se va a seguir, sino también las paradas que se van a hacer y, por supuesto, los gastos en los que se va a incurrir durante el recorrido. No hacer lo anteriormente expuesto es ir a la deriva, y su resultado puede no ser el mejor.

Esto es lo que sucede en Colombia con el presupuesto general de la Nación. Por el hecho de que el nuevo Gobierno entra el 7 de agosto, corresponde al anterior gobierno elaborar el presupuesto para el nuevo. En condiciones normales nunca había pasado a mayores: entre dos gobiernos coherentes y dignos eso es viable. En el caso del gobierno Petro, es totalmente incompatible.

Es que los cuatro presupuestos que pasó el gobierno han sido desastrosos: todos con un aumento inusitado de los gastos de funcionamiento y un crecimiento exagerado del Estado, todos desfinanciados. Si nos acordamos, todos venían con una reforma tributaria o una ley de financiamiento incluida para cubrir el desfase.

Afortunadamente, esta semana las comisiones terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron la devolución del presupuesto presentado por el gobierno Petro, y así podrá el nuevo Gobierno hacer un presupuesto coherente con la realidad económica del país, tener una hoja de ruta clara, sin mentiras ni incoherencias, para poner la economía en cintura después de la fiesta que se hizo durante cuatro años con las finanzas públicas.

Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta lo grande del hueco fiscal —en parte debido a la imposibilidad de realizar un debido empalme—, los números preliminares son alarmantes.

El nuevo Gobierno tiene que trabajar en diferentes frentes de batalla al mismo tiempo y sin descanso. El primero: disminuir el gasto. Es fundamental reducir el tamaño del Estado, quitar la grasa, lo que no sirve, que no estorbe. Lo segundo: aumentar los ingresos de manera diferente al aumento de impuestos; esto es, volviendo a retomar la senda de exploración de Ecopetrol y otras entidades del Estado que están estancadas y pasmadas. Tercero: reducir impuestos que no fomenten la generación de nuevos negocios ni de inversión extranjera. Como ven, el camino es complejo.

Seguramente entraremos en la discusión ideológica del impuesto al patrimonio, que fue revivido en el gobierno Petro y que se ha propuesto quitar. Hoy en día pocos países lo tienen por considerarlo antitécnico. El problema es cómo la izquierda lo vende en su discurso: es fácil decir que es malo quitarle impuestos a los ricos a costa de reducir beneficios a los pobres. Lo que no entienden es que los ricos no traen inversión para generar empleo y riqueza a los países donde les cobran ese impuesto.

Otro de los temas que tendrá que abordar el nuevo Gobierno son los impuestos indirectos que hacen todo más costoso y que muchas veces terminan tributándose doble. Cobros como los que hacen las Cámaras de Comercio por el registro mercantil, las sobretasas departamentales a la gasolina, los impuestos de timbre, industria y comercio, avisos, o el que pretende ahora Bogotá de alumbrado inteligente, terminan perjudicando la ya maltrecha economía familiar y la formalización, a costa de la ineficiencia del Estado.