Julio de 2026 pasará a la historia como uno de los meses más difíciles para los empresarios colombianos en las últimas tres décadas. No exagero. Pocas veces hemos visto concentrarse en tan corto tiempo tantos cambios normativos con efectos directos sobre los costos laborales, la productividad, la organización del trabajo y la competitividad empresarial.

En menos de 15 días, las empresas colombianas tuvieron que enfrentar tres fenómenos simultáneos: la creación de un nuevo festivo nacional asociado al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, trasladado al lunes 13 de julio conforme a la Ley Emiliani; el incremento del recargo por trabajo dominical y festivo al 90 % a partir del 1.º de julio; y la entrada en vigor de la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales desde el 15 de julio.

A ello se sumó la fuerte presión que enfrentaron las empresas durante junio para pagar la prima de servicios, en un contexto marcado por un aumento desmedido y populista del salario mínimo que, a juicio de muchos empresarios, respondió más a cálculos políticos irresponsables del Gobierno Petro que a criterios técnicos, y que terminó golpeando severamente al sector productivo colombiano.

Por separado, cada una de estas medidas podría ser objeto de debate. Juntas, constituyen una verdadera tormenta perfecta.

La creación del nuevo festivo nacional añadió un día más al ya generoso calendario de descansos remunerados que tiene Colombia. El festivo correspondiente al 9 de julio fue trasladado al lunes 13 de julio bajo las reglas de la Ley 51 de 1983, generando un nuevo puente festivo para el país.

Pero el problema no termina allí. A partir del 1.º de julio de 2026, el recargo por trabajo dominical y festivo pasó del 80 % al 90 % dentro del cronograma de implementación de la reforma laboral. Esto significa que miles de empresas de sectores como comercio, hotelería, turismo, restaurantes, transporte, seguridad privada, salud y entretenimiento enfrentan hoy incrementos inmediatos en sus costos de operación.

Y apenas dos semanas después llegó un nuevo golpe: la culminación del proceso de reducción de la jornada laboral, que pasó de 44 a 42 horas semanales desde el 15 de julio de 2026. La consecuencia económica es evidente: el salario permanece igual, pero el tiempo de trabajo disminuye y el costo por hora trabajada aumenta, elevando simultáneamente el valor de horas extra, recargos nocturnos, dominicales y festivos.

Como si lo anterior fuera insuficiente, el segundo semestre de 2026 presenta una particularidad adicional. Varias fechas patrias relevantes coinciden estratégicamente con fines de semana largos o generan interrupciones significativas en la continuidad operativa. ¿Cómo programar de manera eficiente un sistema de trabajo con semanas de cuatro días, fruto del excesivo número de días festivos?

El resultado es que muchas compañías están teniendo enormes dificultades para reorganizar turnos, redistribuir jornadas, asegurar cobertura operativa y mantener niveles razonables de productividad.

Lo más preocupante es que estos cambios laborales no ocurren en un contexto económico favorable.

Durante los últimos meses hemos comenzado a observar señales que deberían preocupar a cualquier responsable de política pública: aumento del desempleo, presiones inflacionarias persistentes, desaceleración de la inversión privada y un crecimiento cada vez más evidente de la informalidad.

Y aquí es donde debemos decir una verdad incómoda. En Colombia se habla mucho de los ocupados, pero poco de los empleados. Se confunden ambos conceptos como si fueran equivalentes, cuando no lo son. Es posible que existan más personas generando ingresos, pero eso no significa necesariamente que existan más empleos formales. Por el contrario, cada vez más trabajadores encuentran en la informalidad, en la contratación independiente o en mecanismos alternativos una respuesta a un mercado de trabajo formal que se ha vuelto excesivamente costoso y complejo.

Cuando el costo de vincular formalmente a un trabajador aumenta de manera acelerada, la consecuencia natural no es la creación masiva de empleo formal. La consecuencia es exactamente lo contrario: la búsqueda de esquemas que permitan evitar esos costos. Ese es el verdadero riesgo que estamos enfrentando.

La suma de incrementos salariales, mayores recargos, reducción de jornadas, ampliación de recargos nocturnos y multiplicación de días festivos está produciendo una presión sin precedentes sobre el sector productivo colombiano. Distintos análisis empresariales han estimado incrementos acumulados en costos laborales que, dependiendo del sector, pueden rondar o superar el 20 % frente a esquemas anteriores de operación.

Mientras tanto, pareciera que en el debate público se ha instalado una narrativa según la cual el empresario siempre puede absorber cualquier incremento de costos sin consecuencias. Nada más alejado de la realidad.

Las empresas no son entes abstractos. Son organizaciones que compiten, producen, exportan, generan empleo, pagan impuestos y asumen riesgos. Cuando su estructura de costos se deteriora aceleradamente, toda la economía termina pagando las consecuencias.

Colombia corre el riesgo de convertirse en el país de los derechos sin sostenibilidad económica. El país de las garantías laborales crecientes, pero con menos empleadores dispuestos o capaces de generar empleo formal. El país donde se protege al trabajador existente, mientras se dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por eso resulta indispensable que el nuevo Gobierno adopte una agenda de sensatez económica y de apoyo decidido al aparato productivo. Se necesitan políticas de productividad, incentivos a la formalización, reducción de cargas regulatorias, simplificación administrativa y mecanismos que permitan a las empresas absorber gradualmente los impactos de las reformas recientes.

No se trata de eliminar derechos. Se trata de entender que los derechos también necesitan empresas que los financien.

Hoy más que nunca debemos levantar la mano para pedir prudencia porque, si algo ha demostrado julio de 2026, es que las decisiones laborales no pueden seguir adoptándose de manera aislada, sin medir sus efectos acumulativos.

La tormenta perfecta ya comenzó. Si queremos evitar que se transforme en una crisis económica y laboral de mayores proporciones, necesitamos menos ideología, más evidencia y mucha más comprensión hacia quienes, día tras día, siguen apostándole a Colombia, invirtiendo, produciendo y generando empleo formal. Los empresarios no son el problema. Siguen siendo una parte esencial de la solución.