En Colombia no tenemos un problema de intención de innovar. Las empresas lo han demostrado una y otra vez. Tenemos, en cambio, un problema mucho más complejo: la falta de consistencia en la apuesta como país.

Mientras el mundo acelera sus inversiones en ciencia, tecnología e innovación, Colombia sigue enviando señales contradictorias. Queremos resultados de economías OCDE, pero seguimos invirtiendo —y pensando— como un país en vía de desarrollo.

El primer elefante en la sala es la inversión pública. La asignación de recursos para CTI dentro del presupuesto nacional ha venido cayendo de manera preocupante. Pasamos de cerca de 313 mil millones de pesos en 2025 a alrededor de 120 mil millones en 2026, y las proyecciones para 2027 apuntan a apenas 30 mil millones. No es un ajuste: es un desmonte progresivo de la apuesta por el conocimiento.

Esto ocurre en un contexto en el que Colombia invierte entre el 0,2 % y el 0,3 % del PIB en I+D, muy por debajo del promedio de América Latina (0,65 %) y lejísimos de los países de la OCDE, que superan el 3 %. La innovación no funciona por chispazos, funciona por acumulación. Y sin inversión sostenida, simplemente no hay acumulación posible.

A esto se suma un segundo problema: la ruptura en la confianza institucional. Tras más de ocho años de implementación, los beneficios tributarios para CTI —el instrumento más valorado por las empresas para financiar innovación— fueron eliminados en 2024 y 2025. A hoy, la mayoría de las compañías siguen sin claridad sobre su futuro. Cuando las reglas cambian de manera abrupta, lo que se afecta no es solo la inversión, sino la credibilidad del sistema.

Sin embargo, incluso en este contexto adverso, las empresas han mantenido su compromiso. La innovación no se ha detenido. Pero sí se ha vuelto más difícil, más costosa e incierta.

El mensaje que hoy está recibiendo el sector productivo es claro: innovar no es financiable. Seis de cada diez empresas (según nuestro Ranking de Innovación Empresarial) señalan que no innovan porque no logran acceder a recursos, y además enfrentan una regulación excesiva que limita su capacidad de experimentar y escalar. La innovación en Colombia no está diseñada para crecer, está diseñada para resistir.

A esto se suma una realidad interna igual de compleja: cinco de cada diez empresas manifiestan que no tienen tiempo para innovar. No es un problema operativo, es estructural. La innovación no está integrada al negocio, está compitiendo contra él.

Y quizás el dato más revelador es este: el 62 % de los esfuerzos de innovación en el país se concentra en mejoras incrementales (horizonte 1), el 32 % en desarrollos adyacentes (horizonte 2) y apenas el 6 % en apuestas disruptivas (horizonte 3). Colombia no tiene un problema de innovación. Tiene un problema de ambición innovadora.

Cuando no hay financiación, cuando no hay tiempo y cuando todo se orienta al corto plazo, el resultado es un sistema que sobrevive, pero no transforma.

Por eso, el país necesita tomar decisiones de fondo.

Primero, hacer que innovar vuelva a ser rentable. Esto implica restablecer los incentivos tributarios para CTI, reducir la fricción regulatoria y facilitar el acceso a financiamiento. Sin estos elementos, la innovación seguirá siendo una apuesta marginal.

Segundo, crear mecanismos reales de cofinanciación. El Estado debe asumir un rol más activo como coinversionista, movilizando recursos a través de fondos público-privados y utilizando instrumentos como la compra pública innovadora para dinamizar la demanda.

Tercero, y quizás más importante, obligarnos a mirar el largo plazo. Esto implica diseñar incentivos específicos para proyectos de horizonte 2 y 3, ajustar los sistemas de medición para valorar la innovación más allá de la eficiencia operativa, y construir agendas sectoriales de I+D con visión estratégica.

En este punto, hay una herramienta que el país debe adoptar con mayor decisión: la desregulación inteligente a través de sandboxes regulatorios. Colombia ya tiene un caso exitoso en el sector fintech, donde la flexibilización normativa permitió el surgimiento de nuevos modelos de negocio, atrajo inversión y posicionó al país como referente regional. Replicar este enfoque en sectores como salud, energía y agroindustria no es una opción, es una necesidad si queremos competir en mercados globales.

La innovación requiere reglas claras, pero también espacios para experimentar. Sin esa combinación, lo único que logramos es frenar el desarrollo de soluciones que el país necesita.

En síntesis, Colombia necesita un acuerdo país en torno a la innovación: inversión sostenida en I+D —al menos del 1 % del PIB—, incentivos estables que no dependan de coyunturas anuales y apuestas estratégicas de largo plazo orientadas a resolver los grandes desafíos nacionales.

Porque sin estos elementos, no hay sistema de innovación. Hay esfuerzos aislados.

Y en un mundo que avanza cada vez más rápido, la diferencia entre avanzar y quedarse atrás no está en lo que decimos, sino en las decisiones que tomamos.