Parafraseando aquel viejo eslogan de una popular emisora radial colombiana, llegó septiembre y, para muchos, ya se siente diciembre. No porque hayan comenzado las novenas ni porque los centros comerciales estén desempolvando los adornos navideños, sino porque este es el mes en el que las empresas comienzan a construir sus presupuestos para 2027.

Y en ese ejercicio hay una pregunta que suele eclipsar todas las demás: ¿cuánto va a subir el salario mínimo?

La respuesta no es menor. De ella dependen los costos laborales, las provisiones de prestaciones sociales, los contratos indexados, innumerables tarifas regulatorias y, en general, una porción significativa de la estructura de costos de la economía colombiana. Por eso, cada septiembre los empresarios intentan hacer algo que, en realidad, se asemeja más a leer hojas de té que a un ejercicio financiero riguroso: adivinar cuál será la cifra que terminará apareciendo en el decreto de finales de diciembre.

Esta vez, además, la incertidumbre viene acompañada de un antecedente particularmente complejo. El incremento rocambolesco decretado para 2026 por el gobierno Petro dejó efectos económicos que todavía estamos procesando. Más allá del debate político, resulta difícil desconocer que un aumento varias veces superior a la inflación y a la productividad terminó trasladándose a los precios, presionando sensiblemente la inflación y afectando la capacidad de ajuste de numerosas empresas.

Los economistas vienen advirtiendo justamente eso. El Banco de la República ha señalado que los aumentos salariales que exceden ampliamente la suma de inflación y productividad pueden fortalecer mecanismos de indexación y transmisión de costos. En otras palabras, terminan alimentando nuevas presiones inflacionarias.

Pero quizás el efecto más preocupante no aparece de inmediato en los indicadores de precios, sino que se refleja en el mercado laboral. Cuando el costo formal del trabajo aumenta a una velocidad muy superior a la capacidad productiva de las empresas, muchas organizaciones dejan de contratar, sustituyen empleos o simplemente trasladan actividades hacia esquemas más flexibles. Como suele ocurrir en Colombia, las estadísticas terminan maquillando parte de esa realidad bajo el concepto de ‘trabajo por cuenta propia’, un eufemismo elegante para ocultar una verdad mucho más cruda: la expansión de la informalidad laboral y la precarización del mercado de trabajo colombiano.

La discusión para 2027, por fortuna, parece estar regresando a parámetros más técnicos. Las señales provenientes de distintos centros de investigación y analistas económicos apuntan a que la negociación volverá a centrarse en las variables tradicionales: inflación (causada y proyectada) sumada a los índices de productividad.

Las proyecciones conocidas hasta ahora muestran una coincidencia relevante. BBVA Research estima que la inflación de 2026 podría cerrar alrededor del 7 %. Por su parte, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, ha señalado que ese mismo nivel sería el piso natural de la discusión salarial y que, incorporando la productividad, el incremento podría ubicarse cerca del 8 %.

Si esa tesis prevalece, el ajuste se ubicaría considerablemente por debajo del registrado para 2026, pero seguiría garantizando una recuperación razonable del poder adquisitivo de los trabajadores. Y eso no es una conclusión menor. Después de un año marcado por fuertes tensiones inflacionarias y por una crisis fiscal sin precedentes, el país necesita encontrar un equilibrio entre proteger los ingresos laborales, cuidar las maltrechas finanzas públicas y preservar la sostenibilidad económica de las empresas que generan empleo formal.

Sin embargo, el mercado todavía está subestimando un factor: la negociación del salario mínimo rara vez es exclusivamente técnica. Siempre existe una dimensión política, social y distributiva que termina incorporándose en la ecuación final. Por eso, aunque el escenario estrictamente técnico podría conducir a una cifra cercana al 8 %, no descartaría que el resultado definitivo incorpore uno o dos puntos porcentuales adicionales, derivados de la negociación y de la necesidad del Gobierno de mantener su caudal electoral en las elecciones regionales del próximo año.

Por esa razón, mi vaticinio es que el aumento del salario mínimo para 2027 probablemente terminará ubicándose entre el 8 % y el 10 %.

Un incremento inferior al 8 % resultaría difícil de justificar si la inflación efectivamente termina cerca del 7 %. Pero un aumento significativamente superior al 10 % implicaría desconocer las lecciones que dejó la experiencia reciente: mayor presión sobre los precios, más dificultades para la generación de empleo formal y mayores incentivos para la informalidad. En otras palabras, el país parece haberse quedado sin espacio para los experimentos.

Septiembre apenas comienza y faltan varios meses para la instalación de la mesa de concertación. Sin embargo, para quienes hoy están elaborando presupuestos, realizando provisiones y definiendo estrategias de negocio para 2027, una hipótesis de trabajo razonable consiste en asumir un incremento en el rango del 8 % al 10 %, con un escenario central cercano al 9 %.

No es una certeza. En Colombia, cuando se trata del salario mínimo, las certezas suelen llegar únicamente en los últimos días de diciembre; pero para quienes tienen que tomar decisiones hoy, probablemente sea la mejor apuesta disponible.