Más de un funcionario del Ministerio de Hacienda quedó con los pelos de punta al saber que el ministro Alberto Carrasquilla estaba a punto de expedir un decreto para nacionalizar cerca de 350.000 pensiones. Esta movida, que generó indignación en los gremios y círculos económicos, le habría dado al Gobierno unos $30 billones de liquidez, pero un pasivo a largo plazo de más de $50 billones. Algunos funcionarios dijeron que, si Carrasquilla hubiera firmado el decreto, habrían preferido renunciar a dejar de lado su ortodoxia en este tema. Al final, quedaron contentos cuando no lo hizo.
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