Más de $ 1,5 billones se ahorrarán los colombianos en los próximos 12 meses, según quedó establecido en el Pacto por la Justicia Tarifaria, que realizó el Ministerio de Minas y Energía con más de 80 empresas del sector energético.
El pacto permite reducir las tarifas del servicio de energía y establecer un nuevo índice para ajustar los precios que deben pagar los colombianos por el consumo de luz.
“Gracias a la renegociación de los contratos bilaterales que se da entre los generadores y comercializadores, esperamos que para final de año, las tarifas bajen entre 4 % y 8 % a nivel nacional”, aseguró la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
Ahora bien, con este acuerdo a partir de noviembre el precio del kilovatio tendrá una reducción, en algunos casos, más notoria que en otros, que varía según el estrato social y las empresas (electrificadoras) que prestan el servicio en el país. Es decir:
Quienes residen en estrato 1, si pagan $ 36.581 por consumo en promedio mensual de 157 kilovatios, con la reducción de 8 % anunciada por el Gobierno nacional, ahora quedarían pagando cerca de $ 33.654.
En estrato 2, si una familia en promedio mensual paga $ 46.629 en su factura, esta tarifa podría pasar a $ 42.898 en los próximos meses con el descuento.
Mientras que para los colombianos que residen en estrato 3, pasarían de pagar $ 77.872 a cerca de $ 71.642 en promedio mensual en su factura de la luz. En este estrato la hora de un kilovatio cuesta aproximadamente $ 496.
Uno de los sectores donde más se notará la reducción será el estrato cuatro, teniendo en cuenta que entre enero de 2020 y julio de 2022 (5 semestres), las tarifas de la energía incrementaron en 43 % para este grupo de colombianos. Con la aplicación del descuento la tarifa mensual podría pasar de $ 91.531 a $ 84.208.
Los estratos 5 y 6, donde es más cara la hora del kilovatio $ 700 aproximadamente, tendrían un descuento cercano a los $ 8.000, es decir, pasaría de $ 109.900 a pagar $ 101.108 mensualmente.
De acuerdo con la ministra de Minas y Energía, estas medidas debió haberse gestionado hace más de un año, “cuando ya era claro el fenómeno inflacionario que afectaba a las tarifas”.
Razón de los incrementos
Según Irene Vélez, “las tarifas han incrementado en sus componentes principalmente por variaciones propias al Índice de Precios al Productor (IPP) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos dos indicadores han afectado los costos asociados a la generación, la distribución, la transmisión y la comercialización de energía para los usuarios regulados de energía”.
Al decir de la funcionaria, “estamos comprometidos con una solución estructural a esta problemática, a partir de un Pacto por la Justicia Tarifaria, que cuenta con la participación de seis actores aliados: gobiernos departamentales y municipales; representantes y senadores del Congreso de la República; Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg; empresas comercializadoras del Caribe: Air-e y Afinia; consumidores: grandes como Asoenergía y Andi en su cámara de grandes consumidores; pero también representantes y voceros de los pequeños usuarios como las veedurías y personerías de la región Caribe”.