Colombia posee una de las mayores riquezas naturales del planeta, pero todavía no logra convertir esa biodiversidad en una ventaja real para su desarrollo.
Cerrar esa brecha no depende de conservar más ecosistemas, sino de transformar la manera en que el país los gestiona: instituciones capaces de tomar decisiones, modelos económicos que reconozcan el valor de la naturaleza, ciencia para entender los territorios y soluciones construidas con quienes los habitan. Ese es el hilo que conecta las siete decisiones que siguen.
Cruzan las ideas de la bióloga Brigitte Baptiste sobre transformación y sostenibilidad con los principales retos de la política ambiental para el nuevo periodo de gobierno, y de esa combinación resulta una hoja de ruta: pasar de una visión ambiental centrada en la protección a una estrategia de desarrollo basada en biodiversidad, conocimiento e innovación.
1. Modernizar la institucionalidad y construir acuerdos de gobernanza
Colombia necesita pasar de una institucionalidad que regula a una que transforma. El desafío no es solo fortalecer entidades como el Ideam y el Instituto Humboldt, sino evitar el aislamiento institucional: que cada autoridad tome decisiones por separado sin una visión común del territorio.
¿Qué hacer?
- Fortalecer la institucionalidad ambiental.
- Mejorar los sistemas de información y monitoreo.
- Construir una gobernanza mixta: acuerdos entre Estado, empresas y comunidades.
2. La biodiversidad como activo económico y factor de seguridad
La naturaleza no es un límite para el desarrollo. El agua, los bosques, los suelos y los ecosistemas son activos estratégicos que reducen riesgos y pueden generar nuevas oportunidades económicas.
Conservar también significa proteger las bases que sostienen la producción, el bienestar y la competitividad del país.
¿Qué hacer?
- Impulsar mecanismos como bonos verdes y mercados de carbono.
- Hacer viables los proyectos de conservación para atraer inversión.
- Atraer inversión hacia soluciones basadas en naturaleza.
3. Soluciones a la medida de cada territorio
No existen fórmulas universales. La sostenibilidad no puede reducirse a eslóganes como “todo monocultivo es negativo” o “volver a lo natural es automáticamente sostenible”.
Cada territorio requiere decisiones construidas desde su realidad ecológica, social y económica.
¿Qué hacer?
- Diseñar políticas desde la realidad de cada región.
- Integrar ciencia y conocimiento local.
- Reconocer el papel de comunidades y productores.
4. Una transición energética segura, justa y territorial
La transición energética no consiste únicamente en cambiar las fuentes de generación. También requiere infraestructura, redes, almacenamiento, talento nacional y participación de los territorios.
El desafío es que la transición genere oportunidades y reduzca nuevos conflictos sociales.
¿Qué hacer?
- Invertir en infraestructura energética.
- Formar talento especializado.
- Garantizar beneficios compartidos en los territorios.
5. Nuevas economías basadas en la naturaleza
La conservación puede convertirse en una fuente de empleo, innovación y desarrollo. El reto es construir actividades productivas que hagan rentable proteger la biodiversidad y restaurar los ecosistemas.
¿Qué hacer?
- Reducir la deforestación y recuperar ecosistemas.
- Impulsar bioeconomía, economía circular y biotecnología.
- Desarrollar negocios sostenibles basados en biodiversidad.
6. Ciencia y tecnología para decidir mejor
El país enfrenta un dilema: rechazar toda innovación por precaución o adoptarla sin comprender sus riesgos.
La tecnología debe mejorar las decisiones ambientales, no reemplazar el conocimiento territorial ni convertirse en una herramienta para imponer soluciones sin participación.
¿Qué hacer?
- Conectar Estado, academia y empresas.
- Fortalecer sistemas de información ambiental.
- Usar herramientas como inteligencia artificial y monitoreo satelital con criterio.
7. Justicia ambiental y adaptación climática
El cambio climático ya está transformando los territorios. La sostenibilidad implica prepararse para nuevos riesgos y adaptar ciudades, infraestructura, agricultura y ecosistemas.
También exige definir cómo se distribuyen los costos y beneficios de la transición entre Estado, empresas, consumidores y comunidades.
¿Qué hacer?
- Incorporar el riesgo climático en las inversiones.
- Fortalecer sistemas de alerta temprana.
- Implementar soluciones basadas en la naturaleza.