La transición energética en Colombia exige resolver desafíos que van más allá de la incorporación de nuevas fuentes de generación. La ejecución de los proyectos, la estabilidad regulatoria, la infraestructura de transmisión, la seguridad energética, la gestión del agua y la capacidad para atraer inversión surgen de manera recurrente en las respuestas de exministros, líderes gremiales y expertos nacionales e internacionales consultados para este reportaje.
Aunque cada uno aborda el tema desde una perspectiva distinta, sus reflexiones convergen en varios de los factores que hoy marcan el desarrollo de la transición energética en Colombia.
Esa convergencia también aparece en un análisis del Observatorio de Mercadeo (Odem) de la Universidad EAN, elaborado a partir de más de 26.000 menciones en plataformas digitales sobre energía, agua, territorio e innovación recopiladas entre 2021 y 2026. El estudio identifica cinco preguntas que sintetizan algunos de los principales desafíos de la transición energética en Colombia y que sirven como punto de partida para este reportaje.
¿Cómo acelerar la transición sin perder seguridad energética? ¿Cómo avanzar sin poner en riesgo el agua? ¿Quién gana con la transición energética? ¿Está Colombia preparada para convertir su potencial en una industria sólida? ¿Y cómo construir la confianza necesaria para hacer posible esa transformación? A partir de estas preguntas, SEMANA consultó a exministros de Minas y Energía, representantes del sector eléctrico, líderes de las energías renovables y expertos internacionales para contrastar los hallazgos del estudio con la experiencia de quienes han participado en la formulación de políticas públicas, la regulación, la operación del sistema energético y el desarrollo de proyectos.
El trilema energético
Tomás González, director ejecutivo del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) y exministro de Minas y Energía.
La discusión sobre la transición energética en Colombia suele plantearse como si el objetivo fuera únicamente reducir emisiones. Ese es un error. La verdadera meta es resolver el clásico trilema energético: garantizar energía asequible, segura y sostenible. Si se privilegia solo una dimensión, las otras terminan pasando factura, como ocurre hoy con las amenazas de cortes de energía eléctrica y gas natural.
Mientras el discurso se concentró en la descarbonización, se descuidaron las condiciones para asegurar nuevas inversiones en energía firme y competitiva. El resultado es que la meta climática de 2030 terminó desplazándose a 2035. La principal tarea del próximo Gobierno es construir una estrategia creíble con el sector privado para movilizar las inversiones que requiere la transición: redes, almacenamiento, renovables y nuevas tecnologías, pero también garantizar gas y otras fuentes que mantengan la confiabilidad y precios competitivos. La transición no se acelera peleando con el sector privado; se acelera logrando que quiera invertir.
Sin agua no hay energía
María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular y exministra de Minas y Energía.
Colombia no tiene que escoger entre proteger el agua y garantizar la energía que necesita para crecer: ese es un falso dilema. La seguridad energética y la hídrica son dos caras de una misma moneda. En un país donde entre el 65 por ciento y el 75 por ciento de la electricidad proviene de fuentes hídricas, proteger cuencas, páramos y ecosistemas es también proteger la energía. Al mismo tiempo, debemos diversificar la matriz para reducir la vulnerabilidad ante sequías y atender una demanda creciente por la electrificación, la inteligencia artificial, los centros de datos y la movilidad eléctrica.
La prioridad es destrabar inversiones en transmisión, renovables, hidrocarburos y respaldo térmico. La hidroelectricidad seguirá siendo fundamental, mientras el gas natural continuará siendo estratégico para la confiabilidad y la competitividad. El desafío principal no es tecnológico, sino de ejecución: los retrasos en las líneas de transmisión ya alcanzan entre cinco y siete años y, de los 4.475 megavatios previstos para entrar en operación en 2026, solo habían ingresado 331, apenas el 7,4 por ciento de la capacidad esperada. Sin redes, proyectos e inversión, la diversificación no ocurre. La transición solo será exitosa si fortalece simultáneamente la seguridad energética, la seguridad hídrica y la competitividad.
Del potencial a la ejecución
Diego Mesa Puyo, director ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y exministro de Minas y Energía.
Colombia no tiene un problema de potencial, sino de ejecución. El país cuenta con altos niveles de radiación solar y velocidad del viento, pero el reto es convertir ese recurso en proyectos operativos. Para lograrlo se requieren políticas públicas adecuadas, viabilidad financiera, estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y confianza institucional.
Las subastas de renovables de 2019 y 2021 permitieron contratos de largo plazo y movilizar más de 3.000 millones de dólares entre 2019 y 2022. Ahora persisten cuellos de botella en transmisión y consultas previas. El caso de la línea Colectora muestra la necesidad de hacer estos procesos más ágiles y predecibles. El principal desafío está en desarrollar la energía eólica y las líneas necesarias para aprovechar ese potencial.
Una transición justa
Amylkar Acosta, director de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe y exministro de Minas y Energía.
La transición energética solo será verdaderamente exitosa si es justa, incluyente y territorial. No puede imponerse desde el centro del país ni desconocer las realidades económicas, sociales y culturales de las regiones donde se produce la energía y se extraen los recursos.
Para estos territorios, debe ser una oportunidad de mejorar el bienestar, proteger el empleo, promover la reconversión laboral y garantizar que los beneficios de las nuevas inversiones lleguen a las comunidades. También debe cerrar brechas de pobreza energética y fortalecer el acceso a educación, conectividad, agua potable, infraestructura y desarrollo empresarial. En definitiva, debe armonizar la protección ambiental, la seguridad y soberanía energética y el desarrollo económico y social. Su éxito no se medirá solo por los proyectos renovables instalados o la reducción de emisiones, sino por su capacidad para mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades y generar prosperidad compartida.
Confianza para invertir
Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda y exministro de Minas y Energía.
Efectivamente, la transición energética requiere grandes inversiones. Aunque individualmente pueden ser menores que las de una hidroeléctrica, sumadas tienen una dimensión macroeconómica importante. También exige fuertes inversiones en transmisión, debido a que los proyectos están dispersos según las condiciones de luminosidad y viento.
Para atraerlas se necesita confianza y previsibilidad en los mercados y en la regulación, además de estabilidad macroeconómica. Por eso es fundamental contar con reguladores con conocimiento especializado y estabilidad en sus cargos.
La transición tampoco puede entenderse como el desmonte acelerado del petróleo y el gas: Colombia tiene buenas reservas y puede aprovecharlas durante mucho tiempo. Debe ser estable, ordenada y financieramente sostenible, porque desmontar prematuramente las fuentes de ingresos asociadas a los combustibles fósiles podría dejar al país sin recursos suficientes para financiar la propia transición.
Una palabra: estabilidad
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y presidenta de Acolgen.
El principal cuello de botella es la pérdida de confianza y su causa principal es la falta de estabilidad normativa. Según las empresas asociadas a Acolgen, las cuales generan el 75 por ciento de la energía del país, el 80 por ciento considera que la estabilidad normativa y regulatoria empeoró en 2025 frente a 2024. El impacto ya es evidente: en 2025 se cancelaron proyectos de energía que suman 1.200 megavatios, cinco veces más que los 240 megavatios cancelados en 2024. Y hablamos de inversiones que se estructuran a más de 20 años.
Sin reglas creíbles, simplemente no hay decisión de inversión. Lo que el sector necesita del nuevo Gobierno se resume en una palabra: estabilidad. Solo así vamos a lograr atraer los más de 9 billones de pesos anuales que necesitamos para poder aumentar la capacidad de generación y así volver a recuperar la confiabilidad y la competitividad.
El reto es la ejecución
Alexandra Hernández, presidente Ejecutiva SER Colombia.
Colombia necesita, ante todo, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica que den confianza a la inversión de largo plazo, evitando que las reglas cambien a mitad de camino. También requiere que la infraestructura crezca al ritmo de la generación, con más redes de transmisión en las regiones de mayor potencial y almacenamiento para gestionar la variabilidad solar y eólica.
Sin embargo, el mayor desafío está en la ejecución: proyectos con viabilidad técnica, financiera y regulatoria se retrasan por trámites ambientales, sociales, prediales, de consulta previa y de conexión a la red que avanzan de forma desarticulada.
El país necesita procesos oportunos, plazos claros y cumplimiento de los tiempos establecidos. En el Caribe, además, la crisis financiera de los operadores de red exige una solución estructural que restablezca la confianza.
También será clave prepararse para el almacenamiento a gran escala, la eólica costa afuera, las interconexiones internacionales y el talento humano que requerirá el sector.
Infraestructura real
Camilo Sánchez Ortega, Presidente de Andesco.
La transición energética no se resuelve con discursos: no es una meta, sino un camino que se recorre con infraestructura real, reglas estables, seguridad energética, incentivos y seguridad jurídica. Colombia debe aprovechar sus ventajas comparativas y recuperar la soberanía energética que jamás debimos perder.
Desde Andesco consideramos tres decisiones urgentes: primero, resolver la crisis financiera que amenaza la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas, priorizando recursos del Presupuesto Nacional para pagar los 3 billones de pesos que Air-e intervenida adeuda a otros agentes, especialmente los 1,6 billones de pesos a las plantas térmicas, que en el Fenómeno de El Niño han llegado a atender hasta el 50 % de la demanda y hoy, gracias a ellas, se importa el 30 % del gas natural que requiere el país. Segundo, integrar cualquier kWh de energía y molécula de gas disponibles para asegurar el abastecimiento, habilitando nueva infraestructura, flexibilidades regulatorias y optimizando el uso de la red. Ter
cero, involucrar a la ciudadanía mediante un programa contundente de ahorro de agua, energía y gas. Todo esto requiere blindar la independencia técnica de quienes operan y regulan el mercado y fortalecer el trabajo conjunto entre Estado y sector privado.
Del potencial a la ejecución
Peter Gleick, cofundador e investigador principal del Pacific Institute en California.
No considerar el agua y la energía de manera conjunta puede llevar a políticas que generen consecuencias no deseadas para ambos recursos.
Si los responsables de la planificación ignoran las enormes demandas de agua y la posible contaminación de este recurso derivada de las fuentes tradicionales de energía de combustibles fósiles, existe el riesgo de escasez de agua, de conflictos con las comunidades locales por el acceso a servicios de agua potable y de interrupciones en la producción de energía cuando los suministros de agua son escasos debido a las sequías o a usos que compiten entre sí.
Hemos aprendido que los sistemas de energía renovable, incluidos la solar, la eólica y la geotérmica, ejercen mucha menos presión sobre los recursos hídricos locales, lo que aumenta su atractivo como las opciones energéticas que deberíamos impulsar en la actualidad. De manera similar, dado que se requiere mucha energía para encontrar, captar, tratar y utilizar el agua, debemos construir sistemas hídricos eficientes: cada litro de agua que se desperdicia también representa energía desperdiciada. Estas conexiones entre el agua y la energía ponen de relieve la importancia de planificar nuestra infraestructura y nuestras instituciones de manera integrada y conectada.