Colombia enfrenta un desafío creciente para garantizar su abastecimiento energético. Las reservas probadas alcanzan para 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas; cerca de un tercio del gas comercializado ya es importado y la inversión exploratoria cayó un 42 por ciento entre 2022 y 2025. En este contexto, la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se realizará del 4 al 6 de noviembre en Cartagena, reunirá a representantes de la industria, el Gobierno y expertos internacionales para analizar los desafíos del sector y discutir alternativas para recuperar la inversión.

El encuentro es organizado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM).

Frank Pearl, presidente de la ACP, explica las propuestas del gremio para atraer nuevas inversiones, advierte sobre los riesgos de la dependencia del gas importado y plantea por qué considera necesario mejorar la competitividad del país para fortalecer la seguridad energética.

¿Qué se espera lograr en la Cumbre de Cartagena?

Frank Pearl (F.P.): La Cumbre es una oportunidad para analizar las tendencias internacionales, hacer un balance del sector en Colombia y definir el rumbo que debemos tomar como país. Reunirá a los principales actores de la industria, al Gobierno nacional y a expertos internacionales para discutir temas como los recursos no convencionales, el relacionamiento con las comunidades y el financiamiento. Queremos convertir esas conversaciones en una agenda concreta para mejorar la competitividad, fortalecer la seguridad de la infraestructura energética, dar certidumbre a los permisos y licencias, incentivar la exploración y revisar las condiciones tributarias. Es el momento de recuperar la inversión y aprovechar responsablemente el potencial energético de Colombia.

¿Cuál es hoy el principal riesgo energético del país?

F.P.: La situación del gas es especialmente preocupante. Producimos un 32 por ciento menos que en 2015, las reservas probadas alcanzan para 5,9 años y cerca de un tercio del gas comercializado en Colombia ya es importado. Esto expone a hogares y empresas a los precios internacionales y a las condiciones de abastecimiento externo. En el país, 12 millones de hogares y miles de industrias consumen gas, que también contribuye a la generación eléctrica. Por eso necesitamos recuperar la inversión en exploración y producción para fortalecer la seguridad del suministro.

¿Colombia tiene petróleo y gas para las próximas décadas?

F.P.: Colombia cuenta con recursos y un potencial importante, pero es fundamental distinguir entre recursos y reservas probadas. Estas últimas corresponden a volúmenes que pueden extraerse con un alto grado de certeza y viabilidad comercial. Hoy tenemos reservas probadas para 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas. Para convertir nuestro potencial en reservas necesitamos explorar, conocer el subsuelo y desarrollar los proyectos viables. Si no exploramos y buscamos, no encontramos. La inversión exploratoria cayó un 42 por ciento entre 2022 y 2025, y llevamos más de cuatro años sin firmar nuevos contratos. Necesitamos revertir esa tendencia para incorporar nuevos recursos a las reservas del país.

¿Qué potencial tienen los yacimientos no convencionales para cambiar este panorama?

F.P.: De acuerdo con estimaciones de recursos recuperables de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Colombia tiene un potencial cercano a 167 terapies cúbicos de gas y 8.234 millones de barriles de petróleo en yacimientos no convencionales. Estas cantidades equivalen a cerca de 97 veces las reservas probadas de gas y 4,1 veces las de petróleo. Hablamos de recursos potenciales, no de reservas comprobadas. Para determinar qué parte puede desarrollarse comercialmente debemos evaluar los proyectos con criterios técnicos y ambientales rigurosos. Las inquietudes sobre el agua y la sismicidad son legítimas y deben abordarse con monitoreo, información transparente y gestión del riesgo. Se trata de evaluar responsablemente las oportunidades del país.

¿Qué medidas propone la ACP para recuperar la inversión?

F.P.: Proponemos actuar en tres frentes. El primero es mejorar la competitividad tributaria y ofrecer estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria para las grandes inversiones. El segundo es dar certidumbre a los trámites, con plazos claros para el licenciamiento ambiental y una ruta articulada para la consulta previa, respetando este derecho y sin reducir las exigencias ambientales. El tercero es fortalecer la seguridad de la infraestructura energética. Además, la reactivación debe traducirse en empleo y oportunidades para las empresas colombianas, mediante compras locales y una mayor participación de la ingeniería y los proveedores nacionales.

¿Por qué eliminar la sobretasa de renta cuando el país necesita recaudar más?

F.P.: El problema es que la base sobre la cual se recaudan los impuestos al sector se ha reducido. En 2013, la industria aportó al Gobierno nacional 47,6 billones de pesos, a precios de 2025; en 2025, ese aporte fue de 13,6 billones de pesos. Una tarifa alta sobre una base cada vez más pequeña no garantiza mayores ingresos. En 2026, la tarifa de renta para la extracción de petróleo puede llegar al 50 por ciento, frente a un promedio del 21 por ciento en América Latina. Estas diferencias influyen en las decisiones de inversión. No se trata solamente de reducir una tarifa, sino de crear condiciones para atraer nuevos capitales, aumentar la producción y ampliar los ingresos públicos en el tiempo.

¿Cuánto le cuesta al país aplazar las decisiones sobre exploración?

F.P.: Según estimaciones de la ACP, si la exploración se limita a los contratos vigentes, Colombia dejaría de recibir cerca de 40 billones de pesos entre 2027 y 2035. A esto se suma el costo de importar el gas y los combustibles que dejemos de producir. Un proyecto en tierra puede tardar alrededor de seis años en llegar a la producción comercial. Por eso, las decisiones que no tomemos ahora tendrán consecuencias al final de la década. Recuperar la inversión requiere actuar a tiempo.

¿Cómo garantizar que los beneficios de la industria lleguen a las regiones?

F.P.: Necesitamos relaciones constructivas entre las empresas, las comunidades y el Estado. En 2025 se registraron 1.363 bloqueos a operaciones del sector, situaciones que afectan la producción, ponen en riesgo el empleo y retrasan los recursos para las regiones. Ese año, las regalías del sector sumaron 6,98 billones de pesos. Es fundamental que estos recursos, junto con las compensaciones y la inversión social, se traduzcan en empleo formal, proveedores locales y economías regionales más diversificadas. La reactivación debe reflejarse en beneficios concretos para las comunidades y en oportunidades para reducir la dependencia de los hidrocarburos.

¿Cuál es el mensaje de la ACP al sector?

F.P.: Colombia debe recuperar su capacidad de atraer inversión responsable. El mundo necesitará más energía en las próximas décadas y los países tendrán que contar con distintas fuentes para responder a esa demanda. Tenemos recursos, capacidades empresariales e institucionalidad para aprovechar nuestras oportunidades, pero necesitamos reglas competitivas y decisiones oportunas. El reto es desarrollar responsablemente nuestras fuentes de energía y lograr que esa actividad contribuya al crecimiento económico y al bienestar de las regiones.

*Contenido elaborado con apoyo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas