Los impuestos saludables buscan promover mejores hábitos alimentarios, pero también han abierto un debate sobre sus efectos en el bolsillo de los consumidores, las tiendas de barrio y las pequeñas empresas. Mientras sus críticos cuestionan si los beneficios sanitarios justifican los costos económicos, la discusión sigue abierta sobre qué resultados ha producido la medida y qué evidencia se necesita para evaluar su efectividad.
En una tienda de barrio, el dilema puede ser vender un producto más caro y arriesgarse a perder clientes o mantener el precio y sacrificar parte de la ganancia. “Este es un impuesto al barrio; se cobra en la fábrica, pero termina afectando al tendero y a las familias de menos recursos”, afirma Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
La presión sobre las tiendas y las mipymes
Fenalco sostiene que las ventas de las tiendas han caído, en promedio, 25,4 por ciento desde la introducción de los impuestos. Según una encuesta de Fenaltiendas de mayo de 2026, el 47,27 por ciento de los establecimientos consultados reportó menores márgenes frente al trimestre anterior y el 16,36 por ciento afirmó tener menos de tres meses de sostenibilidad financiera.
Son cifras gremiales que reflejan dificultades, pero no demuestran por sí solas que el impuesto sea su causa. Las tiendas también enfrentan mayores costos operativos, inflación e inseguridad. El propio Cabal reconoce esa limitación. “No afirmamos que el impuesto, por sí solo, provoque el cierre de las tiendas, pues ninguna medición oficial separa su efecto del de otros factores, como la inflación o la inseguridad”, precisa.
Desde la Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (FEDECOM), Rosa Delia Rueda advierte que los mayores costos pueden llevar a los comerciantes a reducir inventarios, comprar menos unidades y concentrarse en productos de mayor rotación. Cuando no pueden trasladar el incremento al comprador, disminuyen sus ganancias.
“Facturar más pesos no significa necesariamente vender más unidades ni obtener una mayor utilidad”, afirma. El gremio, sin embargo, reconoce que no dispone de estadísticas consolidadas para cuantificar el efecto entre sus afiliados.
La discusión también involucra a las micro, pequeñas y medianas empresas. María Elena Ospina Torres, presidenta de ACOPI, señala que estas compañías tienen menos recursos para asumir análisis nutricionales, reformular productos y modificar empaques o etiquetas.
“Mientras una gran empresa dispone de laboratorios, departamentos técnicos, especialistas tributarios y recursos para reformular sus productos, una micro o pequeña empresa generalmente debe contratar estos servicios externamente”, explica.
Un análisis de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, basado en datos de Confecámaras a diciembre de 2024, identificó alrededor de 42.000 empresas industriales que producen alimentos potencialmente gravados; el 94,8 por ciento eran micro y pequeñas empresas.
¿Pagar más significa consumir mejor?
La principal pregunta es si los gravámenes han reducido el consumo y si ese cambio se traduce en mejores resultados de salud pública.
Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado, cita un estudio de ANIF de julio de 2025 que encontró cambios en el consumo de bebidas azucaradas entre 2022 y 2024. Entre los adultos de 29 a 44 años, la proporción que reportaba consumirlas diariamente pasó del 24,9 al 19,2 por ciento. Sin embargo, esa variación observada no demuestra por sí sola que el impuesto sea la única causa ni permite concluir que hayan disminuido el sobrepeso o la obesidad.
Para Herrera, el resultado depende de cuánto cambien las compras cuando suben los precios. “El impuesto saludable se traduce en recaudo para el fisco, afectación en el ingreso disponible para otros productos por parte de los hogares y no necesariamente un cambio de hábitos saludables”, afirma.
La experiencia internacional también invita a distinguir entre comprar menos productos gravados y mejorar la dieta completa. Un estudio sobre los impuestos a bebidas y alimentos en México encontró reducciones en las calorías adquiridas mediante productos gravados, compensadas por aumentos en categorías no gravadas, sin cambios en el total de calorías compradas.
El recaudo y las alternativas
El dinero recaudado también está en el centro de la controversia. Según cifras de ANIF citadas en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 223 de 2026, los impuestos saludables recaudaron cerca de 2,9 billones de pesos en 2024, equivalentes al 1,1 por ciento del recaudo total de ese año. Sin embargo, el monto recaudado no demuestra por sí solo que se hayan cumplido los objetivos sanitarios de la medida. Para evaluar sus resultados también es necesario examinar la ejecución de los recursos y la evidencia sobre los cambios en el consumo y la salud.
El Proyecto de Ley 223 de 2026, presentado, entre otros, por la representante Carol Borda y el representante Daniel Briceño, plantea derogar los impuestos saludables. “La política de salud pública no puede convertirse en una carga desproporcionada para los hogares de menores ingresos ni para la economía popular”, sostiene Borda. La iniciativa propone priorizar la educación nutricional, el acceso al agua potable, la promoción de alimentos frescos y una mejor información para el consumidor.
Fenalco y FEDECOM también piden eliminar los tributos. ACOPI, por su parte, propone asistencia técnica y apoyo a las mipymes para facilitar la reformulación de productos y reducir las barreras de adaptación. Las posiciones difieren en la solución, pero coinciden en la necesidad de evaluar los efectos de la medida.
Dinamarca ofrece una experiencia útil. El país eliminó en 2012 un impuesto a las grasas saturadas, después de poco más de un año de aplicación, en medio de cuestionamientos por sus costos administrativos y sus efectos económicos. Estudios sobre su vigencia encontraron reducciones en las compras de determinados productos y en el consumo de grasas saturadas. El caso muestra que los efectos sobre el consumo y la viabilidad económica de un impuesto son asuntos distintos.
El debate, en últimas, exige medir tanto los beneficios como los costos. Una evaluación independiente debería comparar precios y compras de productos gravados y no gravados, identificar diferencias por nivel de ingreso y tamaño empresarial, seguir los hábitos alimentarios y analizar los indicadores sanitarios durante un periodo suficiente. También tendría que verificar cómo se ejecutan los recursos recaudados.
Entre la derogación y la continuidad de los gravámenes, la discusión necesita evidencia que permita establecer si la política cumple su propósito y si sus resultados justifican los costos que impone.