En 2016 Alejandro Gaviria, ministro de Salud de Juan Manuel Santos, propuso gravar las bebidas azucaradas para reducir su consumo y las enfermedades asociadas, siguiendo la experiencia de los impuestos al tabaco.
La iniciativa, que se hundió en el Congreso, fue retomada en 2022 durante el gobierno Petro como parte de la reforma tributaria presentada por José Antonio Ocampo, que incorporó también ciertos alimentos ultraprocesados. Los impuestos comenzaron a cobrarse en noviembre de 2023, con tarifas que aumentaron gradualmente hasta 2025.
Ahora, el Proyecto de Ley 223 de 2026 propone eliminar ambas cargas y reabre el debate sobre sus efectos. Los autores del proyecto sostienen que los impuestos han encarecido productos de consumo frecuente y que su carga pesa más sobre los hogares de menores ingresos, sin que exista una compensación específica para ellos.
También mencionan las dificultades de las tiendas y cuestionan que el país no cuente con una evaluación que permita atribuir al impuesto mejoras en la salud. Sin embargo, aún está por determinarse qué efectos económicos y sanitarios pueden atribuirse a estos impuestos después de casi tres años.
La experiencia internacional ofrece resultados claros. México empezó a cobrar estos impuestos en 2014 para combatir la obesidad y la diabetes. Un estudio publicado en 2021 en el Journal of Health Economics analizó las compras de 8.130 hogares durante 2013 y 2014, antes y durante el primer año del impuesto. Encontró menos calorías en productos gravados, pero no una reducción significativa del total adquirido.
Dinamarca muestra otro panorama, porque empezó a gravar las grasas saturadas en 2011 y retiró el impuesto en enero de 2013 luego de identificar elevados costos administrativos, enfrentar las críticas empresariales y las masivas compras transfronterizas de los ciudadanos. En Colombia, la evidencia exige cuidado. Un estudio publicado en BMC Medicine en 2025 encontró menos azúcar y sodio al comparar 200 productos entre 2015 y 2024.
El periodo estudiado incluye varios años anteriores a la entrada en vigor de los impuestos. Además, durante ese tiempo se introdujeron otras medidas, como el etiquetado frontal y los límites de sodio. El estudio documenta cambios en los productos, pero no permite establecer cuándo ocurrieron ni atribuirlos al impuesto.
Además, el impuesto se ha transformado durante su aplicación: según la DIAN, la tarifa para los comestibles gravados pasó del 10 por ciento en 2023 al 20 por ciento desde 2025, mientras que en las bebidas aumentaron los cobros y cambiaron los límites de azúcar que determinan cuánto se paga. Los estudios citados documentan cambios en compras y productos, pero no evalúan directamente si el impuesto ha reducido la obesidad o la diabetes en Colombia.