Con la posesión del nuevo Gobierno, el sector de infraestructura entra en una etapa decisiva. La pregunta no es solo qué nuevos proyectos se anunciarán, sino cómo se priorizará el pipeline, cómo se protegerá la continuidad de los contratos vigentes y qué señales recibirá el capital privado sobre la estabilidad de las reglas de juego.

En infraestructura, y especialmente en proyectos de gran magnitud, los ciclos de estructuración, financiación, construcción, operación y reversión exceden los períodos presidenciales. Por eso, sponsors, concesionarios, inversionistas y financiadores miran la transición con dos lentes: la existencia de proyectos bancables, nuevos y en ejecución, y la predictibilidad institucional, normativa y contractual para ejecutarlos.

En cuanto al pipeline, el nuevo gobierno tiene una ventana de oportunidad. Por una parte, la campaña hizo énfasis en ejecución y articulación regional, en la que se destacan proyectos como la terminación del Túnel del Toyo, el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, las líneas dos y tres del Metro de Bogotá, el Regiotram del Norte y la PTAR Canoas. A esto se suma un portafolio de proyectos que se venía madurando desde la ANI, como los proyectos carreteros Villeta–Guaduas–El Korán y la IP Ruta de los Andes, así como la conexión férrea del corredor del Atlántico con el departamento de La Guajira y el corredor férreo del Pacífico, entre otros.

El respeto por los contratos celebrados y la seguridad y estabilidad jurídica son esenciales para que el sector de infraestructura en Colombia vuelva a prosperar y a ser fuente de empleo, competitividad y progreso. Las amenazas de no honrar las vigencias futuras y la congelación de peajes válidamente pactados deben ser temas del pasado. Antes de mover una ficha o tomar una decisión, conviene preguntarse si la decisión fortalece la confianza del mercado y si puede alterar las condiciones contractuales ya asumidas, con graves consecuencias para el Estado y sus contratistas.

La litigiosidad existente confirma la importancia del análisis riguroso que debe anteceder cualquier decisión. Según el informe de Litigiosidad Nacional e Internacional de la ANDJE, correspondiente al tercer trimestre de 2025, los procesos arbitrales nacionales en los que el Estado figura como convocado aumentaron de 34 a 52 y sus pretensiones de aproximadamente 5,1 billones de pesos a 6,8 billones de pesos.

Dentro de este universo, el sector transporte concentra la mayor parte de la exposición arbitral: 27 procesos, con pretensiones de aproximadamente 5,75 billones de pesos. Lo anterior demuestra que el costo de las malas decisiones y de la mala gestión contractual es alto. A la fecha, además de las pretensiones ya mencionadas, hay varios laudos arbitrales en los que el Estado resultó condenado y aún no han sido pagados. Honrar los contratos incluye el respeto por los mecanismos de solución de controversias pactados y sus resultados. Así, este gobierno, en medio de las graves restricciones presupuestales, se va a enfrentar a la necesidad de pagar las decisiones que se profirieron en contra del Estado, asunto que hace parte de la seguridad jurídica y de la confianza en el sector.

El reto es convertir la agenda de campaña en una política de ejecución viable y creíble, priorizando los proyectos de manera articulada con las regiones, dando continuidad a los proyectos en ejecución (y en estructuración) y honrando los compromisos ya asumidos por el Estado. Así, el objetivo está en mejorar la capacidad del país para atraer capital, obtener financiación y, en general, para desarrollar proyectos exitosos. Con lo anterior se juega buena parte de la confianza que definirá la próxima etapa de la infraestructura en Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo de Dentons Cárdenas & Cárdenas.