Antes de convertirse en abogado y fundar una firma con presencia nacional, Yobany López Quintero acompañaba a su padre a recorrer colegios. Olverth López Duque, docente y líder sindical, escuchaba las preocupaciones de sus colegas; su hijo conocía las dificultades de quienes dedicaban su vida a enseñar y después debían enfrentarse a trámites y obstáculos para reclamar sus prestaciones.

En su casa, la educación era parte de la vida cotidiana: su madre, María Cielo Quintero, también era maestra. De aquellas experiencias nació una idea que, 26 años después, sigue definiendo el trabajo de López Quintero Abogados & Asociados.

“Recuerdo que acompañaba a mi padre en sus recorridos por los colegios, donde escuchaba las preocupaciones de los maestros y conocía sus dificultades: salarios insuficientes, obstáculos para reclamar sus prestaciones y, muchas veces, desconocimiento de los mecanismos para defender sus derechos”, contó López, fundador, presidente y director general de la firma. “Detrás de cada maestro había una familia, y defender sus derechos también significaba defender la educación pública”, resumió sobre lo que aprendió entonces.

Cuando fundó la firma en Armenia, Quindío, en el año 2000, buscaba convertir esa convicción familiar en un proyecto profesional. El propósito era ayudar a los docentes a reclamar sus derechos laborales y prestacionales, pero también superar las barreras que separaban las normas de su aplicación. Aquella oficina familiar se transformó con los años en una organización con equipos especializados y presencia en distintas regiones del país. La misión, insistió López, sigue siendo la misma, aunque ahora dispone de más herramientas para cumplirla.

Atención personalizada

El crecimiento planteó una pregunta práctica: ¿cómo atender a miles de maestros sin convertir sus historias en números de expediente? La respuesta fue un modelo que la firma define como “soluciones jurídicas masivas con atención personalizada”. La fórmula combina conocimiento legal, tecnología y equipos profesionales para acompañar numerosos procesos, incluso en municipios apartados, sin perder de vista las circunstancias particulares de cada docente.

“Nuestra filosofía es que la tecnología debe acercar la justicia a las personas, nunca reemplazar el trato humano”, afirmó López. En un campo donde una decisión puede cambiar los ingresos de una familia, la atención no consiste solamente en tramitar documentos. También exige explicar qué está pasando con cada reclamación, cuáles son sus posibilidades y qué dificultades pueden aparecer en el camino. La firma busca que su crecimiento no termine alejándola de las personas que acuden a ella.

Buena parte de su trabajo responde a una dificultad persistente: la distancia entre los derechos reconocidos por la ley y lo que finalmente recibe un ciudadano. Los maestros todavía afrontan demoras administrativas e interpretaciones distintas sobre sus prestaciones. “La principal brecha sigue estando entre el reconocimiento jurídico de un derecho y su materialización en la vida de las personas”, sostuvo López. Para intentar cerrar esa distancia, la organización tramita reclamaciones administrativas y acude a los tribunales cuando considera necesario defender los intereses de sus clientes.

La compatibilidad

Uno de los asuntos más representativos es la compatibilidad entre salario y pensión de jubilación para todos los docentes vinculados bajo el Decreto 1278. Durante años, una interpretación administrativa impidió a numerosos maestros recibir simultáneamente ambos ingresos. López aseguró que la firma estudió el régimen jurídico docente y la evolución de las decisiones judiciales para construir una estrategia que ha contribuido a obtener fallos favorables y abrir nuevas posibilidades para quienes cumplen los requisitos.

Para los docentes que reúnen las condiciones legales, acceder a la pensión sin tener que abandonar necesariamente las aulas puede representar una mejora económica y la posibilidad de continuar ejerciendo su vocación. El alcance de cada decisión, sin embargo, depende de los requisitos aplicables y de las circunstancias jurídicas particulares.

Más allá de los expedientes

La expansión también ha tenido un efecto en la organización empresarial. López destacó que el 97 por ciento de su equipo está conformado por mujeres, muchas de ellas madres y responsables del bienestar de sus familias. “Queremos que encuentren en nuestra empresa mucho más que un empleo: una oportunidad para estudiar, crecer profesionalmente, adquirir una vivienda y construir un proyecto de vida”, señaló.

Mantener la confianza de los clientes es otro de los retos de un modelo que tramita numerosos casos al mismo tiempo. La firma cuenta con una estructura en la que la presidencia, la vicepresidencia y la gerencia jurídica coordinan y supervisan los procesos, mientras los equipos regionales mantienen el contacto con los docentes. También utiliza herramientas tecnológicas para facilitar el seguimiento de las actuaciones y organizar la información.

Por la prima de medio año

Otro frente es la prima de medio año para determinados docentes pensionados, una prestación rodeada de controversias durante décadas. La firma estudió disposiciones legales, antecedentes constitucionales y decisiones del Consejo de Estado para sustentar sus reclamaciones y promover actuaciones administrativas y judiciales. Según López, en 2025 comenzaron a materializarse reconocimientos y pagos para docentes que cumplían las condiciones correspondientes, aunque todavía persisten discusiones sobre su aplicación. “Durante años estudiamos disposiciones legales y decisiones judiciales que permitían sustentar la vigencia de este derecho”, explicó. El proceso, agregó, exigió investigación y perseverancia. Los reconocimientos no implican que todos los pensionados reciban automáticamente la prestación: cada caso debe evaluarse de acuerdo con las condiciones exigidas.

El impacto de esas reclamaciones también se mide fuera de los juzgados. López recordó a maestros que después de obtener el reconocimiento de una pensión, unas cesantías o una prestación económica, han podido comprar vivienda, financiar los estudios universitarios de sus hijos, mejorar sus hogares rurales o adquirir un vehículo para desplazarse. La firma aseguró haber acompañado a miles de docentes en reclamaciones pensionales, salariales y prestacionales durante sus 26 años de trayectoria. Para su fundador, el resultado no se reduce al dinero reconocido, sino a las posibilidades que esos recursos abren para los hogares y sus comunidades.

Después de 26 años, su propósito sigue ligado a aquella historia familiar que le enseñó a mirar más allá de los expedientes. Porque detrás de cada reclamación, hay un maestro que dedicó su vida a formar a otros y una familia que espera vivir con mayor tranquilidad. Es la recompensa de una labor y la manera más concreta de honrar a quienes han dedicado su vida a educar a Colombia.

*Contenido elaborado con apoyo de Yobany López Quintero