No solo son huecos y vías sin mantenimiento, sino una combinación de fallas geológicas, incertidumbre jurídica, licencias ambientales y agotamiento del modelo de recaudo por peajes. Según el más reciente balance de Colfecar, gremio de los transportadores de carga, las pérdidas por cierres y bloqueos en vías nacionales durante el último ciclo fiscal superaron los 1,9 billones de pesos, una cifra que equivale a paralizar la productividad del país durante más de 450 días.
Pero hay puntos específicos de la geografía nacional que son especialmente complejos y que hoy representan el mayor dolor de cabeza para la movilidad, según datos oficiales de ejecución y reportes de los gremios de transporte.
El epicentro del colapso logístico en Colombia está a pocos kilómetros de Bogotá, en la vía a Villavicencio, que recientemente pasó de una crisis de mantenimiento a una de inviabilidad técnica definitiva. Un informe de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó la pérdida total de la calzada en el kilómetro 46, sector de la quebrada Estaqueca. En ese punto, el río Negro invadió por completo la infraestructura, inhabilitando el corredor desde julio de 2023.
Según la concesionaria Coviandina, el daño estructural es de tal magnitud que la recuperación de la vía original sería imposible, lo que obligaría a construir un nuevo túnel paralelo, una obra de alta complejidad que aún no cuenta con financiación por parte del Gobierno.
Además, la ANI advirtió que entre los kilómetros 46 y 50 se han identificado otros 11 puntos críticos. La preo-cupación de los gremios es que, ante la proximidad de la temporada invernal de 2026, la falta de una intervención definitiva deje a la despensa agrícola del país incomunicada por tiempo indefinido.
Autopista Norte
Mientras el oriente sufre por la geología, el norte de la capital ha padecido durante décadas una parálisis de carácter administrativo y ambiental. Sin embargo, el ingreso a Bogotá por la Autopista Norte parece ver finalmente una salida.
Hace poco, el Gobierno nacional, a través de la ANI, autorizó al concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S. suscribir el acta de inicio para la fase de construcción del proyecto Accesos Norte Fase II. La decisión se tomó luego de que la iniciativa superara la verificación técnica, jurídica y financiera, y tras obtener la licencia ambiental de la Anla mediante la resolución 029 de 2026.
Las obras, que se desarrollarán en un tramo de 17,9 kilómetros, iniciarán formalmente entre las calles 191 y 245. El plan contempla la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio, además de retornos.
Aunque el inicio de las intervenciones es una noticia positiva, el desafío inmediato para los 65.000 vehículos que transitan diariamente por el sector será la gestión del tráfico durante la ejecución de las obras.
Variante de Rosas
Descendiendo hacia el suroccidente del país, la situación en el sector de Rosas, Cauca, presenta un panorama de abandono técnico. Tres años después del derrumbamiento que borró la montaña, la variante provisional de 2,2 kilómetros entregada por el Invías sigue siendo una solución insuficiente.
Los transportadores denuncian que las pendientes del trazado actual superan el 12 por ciento, lo que exige a los motores de los tractocamiones un esfuerzo mecánico extremo que deriva en varadas constantes y un aumento en el consumo de combustible.El costo de mantener abierta esta ‘cicatriz’ ya supera los 90.000 millones de pesos en contratos de emergencia, mientras que el comercio exterior con Ecuador sigue estrangulado por una vía que la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) describe como una “amenaza constante a la seguridad”.
La inestabilidad geológica del Macizo Colombiano en ese punto significa que Nariño vive bajo la amenaza constante de quedar desabastecido de alimentos y combustible.
Transversal del Sisga
Esta ruta alterna al llano enfrenta una crisis de gestión que ha agotado la paciencia de las comunidades de Cundinamarca, Boyacá y Casanare. Milena Porras, veedora de la vía, denunció a finales de 2025 que, pese a que la ANI compensa al concesionario por la suspensión del cobro del peaje, las obras de mantenimiento y ejecución del presupuesto inicial (estimado en 45.000 millones de pesos) presentan un retraso injustificable.
La situación también es crítica en materia de seguridad, pues algunas obras se han entregado a medias, sin la instalación de barandas, lo que pone en riesgo a los habitantes. Ante este escenario, la Procuraduría Provincial ha exigido resultados concretos. “La comunidad no está dispuesta a pagar un peaje que no cumple con los mínimos establecidos”, advirtió Porras.
Peaje Papiros
En el Atlántico también hay malestar y el tema ha escalado a un conflicto jurídico. El Ministerio de Transporte publicó un borrador de resolución para prorrogar por seis meses más la suspensión del cobro en el Peaje Papiros para las categorías 1 y 2.
Ubicado en la Vía al Mar, a la altura de Puerto Colombia, ese punto es el epicentro de un choque de trenes: la ANI anunció que no entregará la operación del peaje a la Gobernación del Atlántico, argumentando que el ente departamental no acreditó la capacidad técnica ni financiera para su manejo.
Y mientras esa disputa institucional continúa, la incertidumbre genera un riesgo de insuficiencia en los mecanismos de compensación del contrato y mantiene en el limbo a más de 50.000 usuarios mensuales que transitan por este corredor vial.