Colombia lleva años cometiendo el mismo error: tratar la seguridad hídrica como un asunto ambiental, cuando de ella depende buena parte de la estabilidad económica del país. La disponibilidad de agua determina dónde es posible producir, qué inversiones son viables y qué territorios tienen capacidad para crecer. Sin embargo, esa dependencia todavía no se refleja en la forma como el país planea su desarrollo. Mientras la seguridad hídrica siga ocupando un lugar secundario en la agenda económica, Colombia continuará respondiendo a las crisis en lugar de prevenirlas.

Esa falta de previsión resulta especialmente preocupante frente al próximo fenómeno de El Niño. Llegará sobre ecosistemas con menor capacidad para regular y almacenar agua, mientras la demanda hídrica continúa creciendo en prácticamente todos los sectores productivos. Ignorar esa realidad significa aceptar que cada nuevo episodio de sequía tendrá un costo creciente sobre la productividad, la inversión y el crecimiento económico.

La coincidencia es difícil de ignorar: el 83 % de las cuencas con mayor riesgo de desabastecimiento se encuentra en la cuenca Magdalena-Cauca, donde se genera cerca del 80 % del Producto Interno Bruto nacional. Esto evidencia un riesgo estructural porque el principal motor económico del país depende de sistemas hídricos cuya capacidad para regular y abastecer agua se está debilitando.

El sector agropecuario ilustra con claridad esa vulnerabilidad, pues su productividad depende de la disponibilidad de agua y, al mismo tiempo, concentra la mayor demanda sobre ese recurso. En un escenario de sequías más frecuentes y de creciente presión sobre las cuencas, mejorar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer su gestión deja de ser una tarea exclusivamente ambiental para convertirse en una necesidad económica.

Colombia no parte de cero. Existen instrumentos cuya eficacia ha sido demostrada para proteger las fuentes hídricas y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. El desafío ya no es identificar las soluciones, sino convertirlas en una prioridad de política pública. Los fondos de agua, la restauración de cuencas y las soluciones basadas en la naturaleza son ejemplos de ello. Esa evidencia ha sido construida durante décadas gracias al trabajo conjunto de gobiernos, empresas, comunidades y organizaciones como The Nature Conservancy.

De ese modo, el próximo gobierno tiene la oportunidad de incorporar esa visión desde el inicio de su gestión. Integrar metas de seguridad hídrica en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, fortalecer la Política Nacional del Agua y consolidar un portafolio para la conservación de ríos, humedales y páramos enviaría una señal clara de que la protección de los ecosistemas es parte de la estrategia de desarrollo del país y no un asunto sectorial.

Invertir en seguridad hídrica significa reducir riesgos para la producción, proteger la competitividad y fortalecer la capacidad de adaptación frente a un clima cada vez más incierto. La sostenibilidad de la economía colombiana dependerá, en buena medida, de la capacidad para conservar los ecosistemas que hacen posible ese desarrollo.

*Directora TNC Colombia