En un caso hipotético, una persona puede ser absuelta en un juicio penal, pero terminar condenada cuando un tribunal revisa nuevamente el caso. ¿Qué posibilidad hay de controvertir una primera condena? Esa es una de las preguntas que estarán sobre la mesa este viernes 23 de octubre, en la Universidad del Rosario, durante el encuentro Doble conformidad, impugnación especial y Constitución Política, organizado en alianza con la Universidad Sergio Arboleda.

La jornada reunirá a representantes del Congreso, el Gobierno, las altas cortes, los organismos de control y la academia para analizar el Proyecto de Ley 282 de 2026 del Senado. La iniciativa busca establecer reglas claras para ejercer el derecho a la doble conformidad, una garantía que permite impugnar la primera sentencia condenatoria para que otra autoridad judicial revise la decisión.

El asunto cobra especial importancia cuando una persona es absuelta en primera instancia, pero condenada por primera vez en segunda instancia. En ese escenario, la defensa debe tener una oportunidad efectiva de controvertir la condena. La discusión consiste en determinar cómo garantizar esa revisión, quién debe realizarla y cuáles son las reglas que deben aplicarse.

Una discusión pendiente

Aunque la doble conformidad está reconocida como una garantía judicial, su aplicación ha requerido decisiones de las altas cortes ante la falta de una regulación legal completa. En 2014, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-792, exhortó al Congreso a reglamentar el derecho a impugnar la primera condena penal. Posteriormente, la reforma constitucional de 2018 y distintas decisiones judiciales contribuyeron a desarrollar mecanismos para hacerlo efectivo.

Por eso, el proyecto que se discutirá busca establecer reglas permanentes y precisar una de las diferencias centrales del debate: la relación entre la impugnación especial y la casación. La primera permite revisar ampliamente los fundamentos de una condena, incluidos los hechos, las pruebas y la aplicación del derecho. La casación, por su parte, es un recurso extraordinario que exige cumplir requisitos específicos y responde a causales determinadas.

La iniciativa propone que ambos mecanismos sean autónomos cuando procedan legalmente. En otras palabras, ejercer la impugnación especial no debería impedir automáticamente que una persona acuda después a la casación. Así, el texto también establece reglas para determinar quién resolvería la revisión y contempla medidas excepcionales para ciertos procesos anteriores en los que se habrían limitado oportunidades de impugnación.

Estos puntos plantean preguntas sobre la aplicación de las nuevas reglas, la imparcialidad de los jueces que intervienen y los efectos que podrían tener las medidas transitorias en casos ya resueltos. El reto jurídico consiste en precisar cómo garantizar el derecho de defensa y el debido proceso sin generar incertidumbre sobre las decisiones judiciales o el funcionamiento del sistema penal.

Congreso, Gobierno y justicia en la misma mesa

Entre los participantes estarán Honorio Henríquez, presidente del Senado; Iván Cancino, ministro de Justicia y del Derecho; María Clara Posada, senadora ponente del proyecto por el Centro Democrático; José Fernando Reyes Cuartas, expresidente de la Corte Constitucional, y Jorge Aníbal Gómez Gallego, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

También participarán representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, además de académicos, constitucionalistas y litigantes como Bernardita Pérez Restrepo, Fernando Velásquez Velásquez, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Juan David Riveros Barragán y Andrés Garzón Roa.

El proyecto fue presentado el 1 de octubre de 2026 y, según la ficha legislativa suministrada, está pendiente de la designación de ponentes en el Senado. El encuentro permitirá examinar sus alcances y los desafíos de convertir esta garantía judicial en un procedimiento con reglas claras para quienes reciben una primera condena penal.

El encuentro Doble conformidad, impugnación especial y Constitución Política se realizará este viernes 23 de octubre, desde las 8:00 a. m., en el Auditorio Jockey Club de la Universidad del Rosario, en Bogotá. La entrada será gratuita y abierta al público, previa inscripción.

Agenda

  • 8:00 a. m. a 8:45 a. m. Apertura e intervenciones institucionales de la Universidad del Rosario, el Ministerio de Justicia, la Presidencia del Senado y la ponente del proyecto.
  • 8:45 a. m. a 12:00 m. Conferencias sobre doble conformidad, debido proceso y tutela, y diálogo sobre los retos de la reglamentación desde la investigación penal y los organismos de control.
  • 1:30 p. m. a 4:30 p. m. Análisis sobre seguridad jurídica, derecho de defensa, casación y estándares internacionales.
  • 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Debate final sobre cómo garantizar este derecho a todos los condenados y preguntas del público.

*La agenda está sujeta a cambios.

**Si le interesa participar, registrese en este link para asistir al encuentro.

***Contenido elaborado con el apoyo de la Universidad del Rosario.