En febrero, el departamento de Córdoba se convirtió en escenario de una verdad incómoda: cuando el agua sube, queda al desnudo el diseño institucional de Colombia. Como en esas viejas casas de bahareque que se agrietan con la creciente, nuestras estructuras de gobernanza muestran sus fallas justo cuando más deberían sostenernos.
Las lluvias atípicas desencadenaron crecientes súbitas y desbordamientos de ríos y caños que afectaron 23 municipios y más de 220.000 personas. Barrios enteros de Montería, Cereté, Lorica, San Pelayo y Tierralta quedaron bajo el agua. Vías rurales quedaron destruidas y miles de familias tuvieron que evacuar hacia albergues temporales.
En medio de esta devastación, hay algo que reconocer sin ambigüedades: la tarea titánica que asumieron el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y su equipo de gobierno. Decretaron la calamidad pública, una decisión indispensable para acelerar procesos y activar planes de contingencia; lideraron evacuaciones y articularon su labor con organismos de socorro desde el primer momento. Lo hicieron, además, dentro de una estructura institucional que les exige pedir autorizaciones, coordinar con múltiples instancias nacionales y superar cuellos de botella que en emergencias de esta escala se vuelven abrumadores.
Porque la tragedia no solo evidencia la fuerza del invierno sino, sobre todo, la fragilidad del centralismo.
Para mover maquinaria, habilitar bombeos, reorganizar diques, intervenir puntos críticos o ejecutar recursos, los gobiernos territoriales deben esperar decisiones que se toman lejos de donde el agua se está metiendo por las ventanas. La Contraloría lo advirtió: la entrega de ayudas debe agilizarse y existe preocupación por intervenciones improvisadas sin sustento técnico.
Aun así, el equipo departamental siguió adelante, con la presión del barro en las botas y de las familias en los albergues. Han sido ellos quienes han dado la cara en los territorios incomunicados, quienes han sostenido el ritmo de respuesta, quienes han debido improvisar soluciones donde el Estado central es lento para habilitarlas.
Mientras tanto, el Caribe volvió a mostrar lo que es capaz de hacer cuando las cosas dependen de su gente. Solo desde la RAP Caribe movilizamos más de 40 toneladas de ayuda humanitaria hacia los municipios afectados. Empresas, universidades, medios y organizaciones comunitarias se sumaron con rapidez y generosidad. Esa solidaridad habla de algo que trasciende la coyuntura: la región quiere asumir su propio destino, y sabe responder cuando toca hacerlo.
La paradoja es evidente: tenemos voluntad, capacidad social y compromiso colectivo… pero no tenemos aún las herramientas institucionales para actuar con autonomía y eficacia.
Las inundaciones de Córdoba deben convertirse en un punto de inflexión. La planificación territorial no puede seguir diseñándose desde un centro que no vive la realidad de los territorios. Los departamentos y regiones no pueden depender de autorizaciones remotas cuando enfrentan crisis que avanzan minuto a minuto. La gestión del riesgo, la infraestructura, la movilidad, la protección ambiental y el desarrollo deben ir de la mano de un rediseño institucional que habilite a las regiones a tomar decisiones vinculantes, oportunas y responsables.
El Caribe colombiano figura entre las regiones más vulnerables al cambio climático en América Latina, expuesta a inundaciones, sequías y fenómenos de mayor intensidad con cada ciclo. Esta crisis, una más en un contexto de eventos extremos que se harán cada vez más frecuentes, debe dejar algo más que balances de ayuda y reconstrucción. Debe dejarnos la convicción de que las regiones están listas para planear, ejecutar, supervisar y rendir cuentas. Listas para responder rápido, como lo demostraron el gobernador de Córdoba y miles de ciudadanos que se movilizaron sin esperar instrucciones.
La autonomía no es un privilegio. Es una obligación con responsabilidades. Hoy, Córdoba nos recuerda que los territorios quieren y pueden asumirlas. Ojalá el país esté listo para dar ese paso.