Mientras el país se prepara para una nueva jornada electoral, en los límites del territorio nacional se activa un protocolo de cierre de fronteras, un mecanismo de seguridad que va más allá de un decreto. Esta operación logística involucra a múltiples agencias y recae en los hombros de un grupo reducido de funcionarios civiles. Según la normativa vigente para estos comicios, la restricción fronteriza se establece de manera estricta desde las 6:00 p.m. del sábado previo a la votación hasta las 6:00 a.m. del lunes siguiente.
Esta medida, sin embargo, no es un simple formalismo administrativo. La Misión de Observación Electoral (MOE) en su documento “Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026” revela la urgencia detrás del despliegue, pues se han identificado 81 municipios en riesgo extremo por factores que coinciden entre violencia y fraude.Muchos de estos focos críticos se localizan en departamentos fronterizos como Arauca y Norte de Santander, donde la “trashumancia transfronteriza” —el cruce irregular de personas para votar— sigue siendo una amenaza latente.
Christian Krüger, exdirector de Migración Colombia, sostiene que esta medida busca concentrar a las autoridades en tareas de control operativo, una práctica que se fortaleció tras la Constitución de 1991 para mejorar las competencias del Gobierno en materia de orden público. Bajo esta misma premisa, Humberto Velásquez, exdirector de Control Migratorio, detalla que el despliegue busca reducir la suplantación de identidad y evitar distorsiones en el conteo de votos.
Velásquez explica que la logística comienza con la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) departamentales. Según el experto,los funcionarios deben asegurar que el cierre se cumpla rigurosamente según los horarios establecidos en el decreto oficial, un esfuerzo coordinado entre la Policía, el Ejército y la Registraduría.
Limitaciones en el terreno
A pesar del rigor legal del decreto, la realidad operativa enfrenta muros presupuestales y humanos. Velásquez enfatizó en que las elecciones presidenciales pasadas Migración Colombia contó con apenas 1.700 funcionarios, de los cuales solo una quinta parte puede volcarse al dispositivo electoral debido a que la operación aérea no puede detenerse. Esta limitación traslada la responsabilidad de la seguridad perimetral casi exclusivamente a las Fuerzas Militares.
Krüger refuerza esta idea al mencionar que la capacidad de la entidad migratoria es mínima frente a la de la Policía Nacional. “La articulación es vital, especialmente cuando la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas señalando que, en zonas de frontera, el control de grupos armados sobre las rutas informales puede coaccionar el voto o facilitar el trasteo de sufragios fuera del alcance de los puestos de control autorizados”, aclaró el exfuncionario.
El patrullaje en los ríos y las rutas irregulares —las llamadas ‘trochas’— es el punto más complejo. Velásquez precisa que la vigilancia de la Armada Nacional en zonas como el Amazonas resulta insuficiente ante la inmensa longitud de las fronteras fluviales. Para mitigar el ingreso irregular, el sistema dispone de patrullas móviles mixtas, pero como añade el exdirector de Migración Colombia, el objetivo real es canalizar todo el flujo hacia los puntos formales, donde el Estado sí tiene herramientas de verificación.
Marco legal y excepciones
Finalmente, el sistema permite excepciones por razones humanitarias o de fuerza mayor, las cuales deben quedar debidamente documentadas.
Velásquez concluye que la difusión previa del decreto de 2026 es esencial para que la ciudadanía cumpla la norma, recordando que, aunque el cierre es total, los extranjeros residentes tienen prohibido participar en cargos nacionales como Presidencia o Congreso, un pilar que las autoridades vigilan con celo para evitar injerencias externas en la democracia local.