Desde 2024 hasta agosto de 2026 los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados recaudaron 8,17 billones de pesos en Colombia. La medida, creada por la reforma tributaria de 2022, busca impulsar cambios de consumo. ¿Pero cuánto se ha recaudado y cuál ha sido el destino de esos recursos?

Los recursos ingresan al presupuesto general de la Nación y no tienen una destinación específica que permita seguirlos como un programa de prevención, una campaña de alimentación saludable o una mejora en la atención sanitaria. Al mismo tiempo, hay señales de cambios en los hábitos de compra y en la composición de algunos productos, aunque la evidencia disponible todavía no permite establecer qué parte de esas transformaciones se debe exclusivamente a los impuestos ni cuál ha sido su efecto para prevenir enfermedades no transmisibles como la diabetes y la obesidad.

Más recaudo, resultados por demostrar

Las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) muestran el tamaño de los recursos. En 2024, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas (IBUA) recaudó 488.980 millones de pesos y el impuesto a los comestibles ultraprocesados (ICUI), 2,39 billones. En 2025, los montos ascendieron a 518.027 millones y 2,80 billones, respectivamente. Entre enero y agosto de 2026, el recaudo llegó a 388.655 millones por bebidas y 1,58 billones por alimentos.

En conjunto, son 8,17 billones de pesos durante ese periodo. Sin embargo, recaudar no es lo mismo que financiar nuevos programas de salud ni demostrar que la política está cumpliendo su propósito. El IBUA apenas representa el 0,18% del recaudo nacional y menos del 0,5% del déficit fiscal proyectado.

Desde la DIAN explicaron que los recursos recaudados por estos impuestos se transfieren de inmediato a la Cuenta Única Nacional (CUN), administrada por el Tesoro del Ministerio de Hacienda, desde donde se pagan los gastos autorizados por la ley. Una vez que el dinero entra a esa cuenta, la entidad tributaria no suele tener información sobre su ejecución final.

Esto ocurre porque la Ley 2277 de 2022 no reservó lo recaudado por estos impuestos para hospitales, campañas de prevención o programas de nutrición. En mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda señaló que “el recaudo por impuestos saludables ya se encuentra incorporado en el Presupuesto General de la Nación”. Esa incorporación significa que los recursos hacen parte de la bolsa general con la que se financia el Estado, no que cada peso se destine de manera identificable a una iniciativa de salud pública.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estimó en diciembre de 2025 que el recaudo podría rondar los 2,9 billones de pesos en 2026 y superar los cuatro billones en 2036, a precios de 2025. Pero también advirtió sobre un riesgo: si esos ingresos se destinan a salud, el Gobierno podría reducir otros recursos que ya aportaba al sector. En este escenario, el dinero del impuesto no necesariamente se traduciría en un aumento equivalente de la inversión total en prevención o atención de enfermedades.

¿Y qué ha cambiado en el consumo? Un análisis de ANIF con datos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE encontró que la proporción de personas de 29 a 44 años que dijo consumir bebidas azucaradas todos los días pasó de 24,9 por ciento en 2022 a 19,2 por ciento en 2024. Entre los jóvenes de 12 a 28 años, bajó de 24,6 a 22,6 por ciento. En el grupo de menores ingresos, el consumo diario declarado de frituras de paquete descendió de 18,1 a 14 por ciento.

Estos cambios coinciden con un periodo de aumentos importantes en los precios de algunos productos. Camilo Herrera, director de RADDAR, sostiene que el efecto fue más amplio. “En el primer año de implementación, las medidas tributarias sobre los llamados productos ultraprocesados y las cadenas posteriores, causaron el aumento de la inflación total en Colombia en un punto porcentual completo, afectando incluso las tasas de interés del mercado”, detalla.

Las cifras de consumo, sin embargo, no permiten afirmar que los impuestos sean la única causa de los cambios. En las decisiones de compra también influyen la inflación, los ingresos de los hogares, el etiquetado frontal y otros factores. ANIF registró, por ejemplo, una inflación anual de 20,7 por ciento en las frituras de paquete en enero de 2024 y de 13,7 por ciento en gaseosas y maltas. Su contribución a la inflación total fue de 0,03 y 0,02 puntos porcentuales, respectivamente. Estos datos muestran que los precios variaron, pero no permiten atribuir todo ese aumento a los gravámenes.

La evidencia internacional ofrece otras pistas adicionales. Una revisión sistemática publicada en JAMA Network Open en 2022 examinó 86 estudios, de los cuales 62 se incluyeron en un metaanálisis. En promedio, el 82 por ciento del impuesto a las bebidas azucaradas se trasladó al precio final y las ventas de los productos gravados disminuyeron 15 por ciento. Sin embargo, los cambios en el consumo medido no fueron estadísticamente significativos. Los autores señalaron que todavía se necesita más evidencia para determinar los efectos finales sobre la salud.

En Colombia también se han producido cambios en las fórmulas de algunos alimentos y bebidas. Un estudio publicado en 2025 en BMC Medicine comparó 200 productos comercializados en el país entre 2015 y 2024. La reformulación ya ocurrió antes de que existan pruebas de beneficios sanitarios equivalentes. La pregunta es si mantener e incrementar la carga tributaria sigue produciendo ganancias marginales de salud.

En las bebidas examinadas, el contenido mediano de azúcar bajó de 8,9 a 4,8 gramos por cada 100 mililitros. En los alimentos pasó de 10,7 a 8,1 gramos por cada 100 gramos. El sodio mediano de los alimentos también disminuyó de 400 a 296 miligramos por cada 100 gramos.

La investigación documenta una reformulación de los productos, pero no atribuye estos cambios exclusivamente a los impuestos. Durante el mismo periodo entraron en juego el etiquetado frontal y otras medidas regulatorias. Tampoco demuestra que esas variaciones ya se hayan traducido en una reducción de las enfermedades asociadas con la alimentación.

Cómo saber si el impuesto está funcionando

Separar el efecto del impuesto del de otras medidas requiere algo más que comparar las cifras de consumo antes y después de su entrada en vigor. Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado, advierte que se necesitan modelos que comparen a los grupos afectados con otros que sirvan de referencia y tengan en cuenta factores como las condiciones socioeconómicas. El análisis se vuelve más complejo cuando las empresas cambian las fórmulas o las presentaciones de sus productos. “La heterogeneidad de las presentaciones hace más compleja la medición”, advierte.

La dificultad importa porque una reducción de las compras o del contenido de azúcar no demuestra, por sí sola, cuánto del cambio produjo el impuesto. Para establecerlo, se necesita distinguir su efecto del de otras decisiones de los consumidores, de los fabricantes y de las autoridades.

La evaluación tampoco debería limitarse a cuánto dinero recibe el Estado. Liliana Heredia, profesora del Departamento de Gestión de Organizaciones de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, sostiene que el propósito principal debe ser sanitario. “Lo más importante con este tipo de impuestos no es su aporte al recaudo tributario, sino que contribuyan a evitar que, en el largo plazo, siga aumentando el número de personas con enfermedades no transmisibles”, señala Heredia.

Impacto en la economía diaria

El impuesto tuvo un impacto inflacionario 2,8 veces mayor en los hogares vulnerables, que acumularon 745 puntos básicos frente a 270 puntos básicos en los hogares de altos ingresos. Es una medida que no distingue entre quienes pueden pagar más y quienes apenas llegan a fin de mes. Por eso termina pesando más sobre los hogares de menores ingresos, especialmente en un contexto de menor poder adquisitivo.

Adicionalmente, los impuestos no son la única herramienta para promover una alimentación más saludable. El etiquetado frontal, por ejemplo, cuenta con una evaluación económica del Ministerio de Salud. Su análisis de impacto normativo estimó costos de 697.758 millones de pesos durante 25 años y beneficios económicos y sanitarios proyectados en 2,7 billones. Según ese cálculo, por cada peso invertido habría 3,99 pesos en beneficios.

La proyección contempla ahorros relacionados con enfermedades, gastos de bolsillo y muertes prematuras evitadas. No se trata de beneficios ya comprobados después de la implementación, sino de resultados estimados antes de aplicarse la medida. Aun así, ofrece un punto de comparación para evaluar otra herramienta de política pública.

La educación nutricional y las campañas de sensibilización son alternativas que también están en el debate. Carol Borda Acevedo, representante a la Cámara por Bogotá y coautora de un proyecto de ley que busca derogar los impuestos saludables, propone que los ministerios de Salud y Educación desarrollen “campañas pedagógicas que orienten a los ciudadanos sobre prácticas de alimentación más saludables y les permitan tomar decisiones informadas”.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, comparte ese planteamiento y cuestiona que se recurra a los gravámenes para promover mejores hábitos. “La promoción de mejores hábitos alimentarios debe hacerse a través de la educación y la sensibilización, no mediante medidas impositivas”, sostiene. Sin embargo, para comparar los resultados de esas campañas con los de los impuestos también habría que conocer cuánto cuestan, a cuántas personas llegan y si producen cambios duraderos en la alimentación.

Otra variable es el acceso a los alimentos saludables. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el precio influye en las decisiones de compra y contempla tanto impuestos a productos que no favorecen una dieta saludable como subsidios que hagan más asequibles los alimentos nutritivos. Esta última opción permitiría intervenir el precio de frutas, verduras y otros alimentos, en lugar de concentrar la política en encarecer los productos gravados.

La evidencia sobre los subsidios es más limitada y sus resultados dependen del diseño de los programas y de la población beneficiaria. Por eso, tampoco basta con presentar la educación, los subsidios o la prevención como alternativas más económicas o eficaces, pues sus costos y resultados deben medirse con criterios comparables.

Las cuentas pendientes de los impuestos saludables

La discusión también involucra a las empresas, en particular a las micro, pequeñas y medianas. María Elena Ospina Torres, presidenta de ACOPI, pide que las normas de salud pública reconozcan las diferencias de capacidad económica entre negocios. “Las empresas no tienen las mismas capacidades económicas para adaptarse”, advierte. El gremio propone asistencia técnica, incentivos para reformular productos y trámites más sencillos, con el fin de facilitar los ajustes sin comprometer la competitividad ni el empleo.

Para César Camilo Cermeño Cristancho, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, hay otra particularidad que debe tenerse en cuenta: estos gravámenes buscan modificar el comportamiento que los origina. Si las personas dejan de comprar los productos gravados, el recaudo puede disminuir. Por eso, los llama impuestos con “un fin trágico: entre más exitosos sean, más pronto morirán”. Y añade: “Ningún impuesto pigouviano sobrevive de manera aislada”. En términos sencillos, si la medida cumple su objetivo de reducir el consumo, el Estado podría recibir menos dinero por ese concepto.

Evaluar la política exige, entonces, mirar más allá de cuánto entra a las arcas públicas. Hace falta conocer cuánto se presupuesta, qué entidades ejecutan los recursos y qué resultados obtienen, además de comparar los efectos de los impuestos con los del etiquetado, la educación alimentaria, los subsidios y los programas de prevención. Esa comparación debe considerar tanto los costos como el tiempo que cada medida necesita para producir resultados.

Hasta ahora las cifras permiten establecer cuánto se ha recaudado y muestran señales de cambios en el consumo y en la composición de algunos productos. Lo que no existe en la información presentada es una relación pública consolidada que conecte los ingresos de estos impuestos con mejoras sanitarias verificables. Sin esa evaluación, resulta difícil determinar si los costos de la medida se justifican frente a sus resultados y a las alternativas disponibles.