Desde 1615 inició el saqueo del oro en Barbacoas. Luego, con el inicio de la república hacia 1819 y hasta la fecha, la extracción indiscriminada dejó una huella de pobreza y miseria. Para hacernos una idea del contexto que viven los territorios que recibieron estos impactos, podemos citar como ejemplo al municipio de Maguí Payán, donde la pobreza multidimensional es del 85%, mientras el país tiene un indicador del 13% y el departamento de Nariño, el 19%.
Con la Ley 9 de 1991, en Colombia se liberó el mercado del oro para facilitar el ingreso de privados y se dispusieron estrictos requisitos de trazabilidad. El incremento del lavado de activos conllevó al profundo decaimiento de compra del oro por parte del Banco de la República, hasta llegar a cero en 2013.
Luego, en 2001, el Código Minero impuso exigentes requisitos para formalizar la actividad minera, afectando de manera directa a las y los pequeños mineros, que terminaron sumidos en la ilegalidad; sin embargo, se permitió que multinacionales y la gran minería se apropiaran de los contratos de concesión, con grandes ventajas y garantías a su favor. Ese es el fiel ejemplo de cómo se trazan normas que crean instituciones que favorecen a una élite en detrimento de otro sector poblacional, como lo estudió el Premio Nobel de Economía James Robinson.
Desde entonces, Nariño tiene bloqueadas 450.000 hectáreas de tierra con potencialidad minera, que se disputan entre solicitudes en proceso de formalización y otras que están suspendidas por los impactos del conflicto armado. De este total, 250.000 hectáreas corresponden a multinacionales. Además, existen procesos de formalización que iniciaron en 2007 y aún están sin resolverse.
Por otra parte, Nariño recibe en sus arcas cerca de 3.300 millones de pesos, algo así como US 900.000, por concepto de regalías respecto al registro de 344 kg de oro que se legalizan en el departamento. Sin embargo, aunque se calcula que la producción informal e ilegal de oro en Nariño oscila entre 12 y 15 toneladas al año, gran parte de ese oro se formaliza en otros departamentos o es comercializado en la frontera.
Parafraseando a Galeano, nos encontramos frente al dilema de las venas abiertas de territorios que, como Nariño y Chocó, fueron desangrados de sus fortunas minerales para incentivar el desfigurado conflicto colombiano.
Ante este contexto, el Gobierno nacional intentó gestionar una solución pública con la creación de una empresa minera llamada Ecominerales, algo así como el Ecopetrol de los minerales. Sin embargo, el proyecto de ley fue rechazado por el Congreso de la República. La salida al obstáculo legislativo plantea gestionar la comercialización minera con dos empresas a cargo del Ministerio de Minas: Maprecol y CJ Gutiérrez, con un esquema de compras directas en territorio minero como Barbacoas. Esta es una iniciativa promovida por el presidente, Gustavo Petro, quien ha manifestado la necesidad de que el Gobierno o el Banco de la República entren, nuevamente, a formar parte del mercado del oro.
Es por todo esto que el proceso de compra legal y formal del oro, y de otros minerales, requiere de un acompañamiento y un plan de choque para la legalización de pequeños mineros, asistencia, investigación y adaptaciones tecnológicas, diversificación de líneas de negocio y, sobre todo, organización y participación activa de la base social de los mineros.
En estas condiciones, el Gobierno del departamento de Nariño adelanta la creación de una promotora minera, una sociedad económica con una alta participación de pequeños mineros, sus cooperativas y asociaciones como propietarios, integradas a los municipios, el departamento y la nación. Esta organización es el complemento que garantiza la permanencia de la riqueza minera en la región, el desarrollo de la propiedad cooperativa, la participación activa de la base social, la fortaleza institucional al servicio de los pequeños mineros, su representación ante el Gobierno nacional y demás instancias, y, de manera especial, la recuperación y aumento de las rentas del departamento y la sostenibilidad ambiental.
Con este modelo, que contaría con un fondo autónomo, los mineros de Nariño, organizados en una Federación Democrática, proyectarán el desarrollo del sector en el corto, mediano y largo plazo; serán autónomos en sus explotaciones mineras y participarán en los beneficios de toda la cadena, demostrando que es posible la propiedad comunitaria y no dejando que la riqueza se vaya de la región, donde otro tipo de modelos solo dejaron pobreza y guerra. Más de un billón de pesos al año podrían y deberían quedarse en los departamentos que, por tradición cultural y necesidad social, acuden a la producción minera como modo de sustento.
La solución que se plantea desde Nariño, como región país para el mundo, considera que es el tiempo de descolonizar las rentas, ser audaces en la transición de las economías ilícitas a sistemas productivos legales, dignificar la labor minera y producir rentas ambientalmente sostenibles.
Si en otro momento la minería, informal e ilegal, contribuyó a financiar la guerra, ahora es el tiempo de que sus rentas contribuyan a financiar la paz en clave de transformación territorial.
Si juntamos la propuesta nacional con la que planteamos, la aprobamos acá para que, junto con la nación, ordenemos el entorno mineral.
Esta discusión es de país.