La legitimidad de las elecciones en Colombia ha vuelto al centro del debate, esta vez bajo la lupa de la academia. En un foro organizado por el Observatorio de Agenda Legislativa y Asuntos Electorales de la Universidad Externado de Colombia, dirigido por la doctora Floralba Padrón Pardo, diversos expertos analizaron las narrativas que cuestionan la fiabilidad del software y la transparencia de los resultados. El consenso en el panel fue que el sistema cuenta con una solidez técnica que no debe ser empañada por señalamientos sin sustento, pues el foco se ha desviado hacia sospechas tecnológicas mientras se ignoran los problemas estructurales que sí alteran la voluntad popular.
Uno de los puntos más álgidos de la controversia surgió tras las dudas planteadas desde el Ejecutivo sobre un antiguo fallo del Consejo de Estado, el cual, en 2014 devolvió tres curules al partido MIRA tras demostrarse que hubo irregularidades en el manejo de los formularios y la destrucción de material electoral en varios puestos de votación. Al respecto, el magistrado Antonio Lizarazo aclaró que el centro del problema no reside en las herramientas digitales de escrutinio. Según su análisis, los peligros reales para la democracia están representados en la presión violenta de grupos armados sobre el electorado y el uso irregular de recursos públicos para comprar conciencias, factores que pesan mucho más que cualquier algoritmo en la jornada de votación.
En sintonía con esta defensa de la institucionalidad, el exregistrador Juan Carlos Galindo hizo un llamado a la prudencia para evitar que se confundan errores técnicos humanos con maniobras fraudulentas. El experto calificó como irresponsable lanzar acusaciones de manipulación sistemática sin presentar evidencias sólidas, recordando que el engranaje electoral ha pasado por un proceso de mejora continua durante décadas. Esta postura fue respaldada por Catalina Botero,experta en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, quien enfatizó la responsabilidad ética de los funcionarios al hablar de estos temas. La jurista precisó que el fallo judicial en discusión nunca obligó a la compra de un software específico, sino que se limitó a un exhorto, concluyendo tajantemente que las pruebas del supuesto fraude alegado simplemente no existen.
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach puso sobre la mesa la estrategia Paz Electoral como la hoja de ruta para proteger comicios futuros como las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Esta iniciativa busca combatir la abstención y vigilar de cerca la comisión de delitos, promoviendo que la ciudadanía vote de manera informada y libre de coacciones. La intención de la Procuraduría es blindar el proceso desde la prevención antes que desde la reacción ante crisis de narrativa.
Finalmente, Armando Novoa, Ex-consejero del Colegio Nacional Electoral, aportó una perspectiva histórica al debate al recordar que el concepto de fraude ha acompañado a la política colombiana desde el siglo XIX. Citando al historiador David Bushnell, subrayó que Colombia es un país profundamente electoralista, lo que hace que cualquier duda sobre el sistema toque una fibra sensible. Tras el encuentro en el Externado, la conclusión de los especialistas sugiere que, aunque la vigilancia es necesaria, el sistema actual es el más resistente que ha tenido el país en su historia reciente, siempre que el debate se dé con pruebas y no con relatos.