El terremoto del 10 de agosto dejó cifras que superan cualquier crisis reciente en el departamento del Chocó. Detrás de los números de los daños se esconde una pregunta más profunda: si esta reconstrucción logrará, por fin, cerrar las brechas que existían desde mucho antes del sismo.
El balance más reciente arrojó un total de 5.221 viviendas destruidas y 27.283 averiadas; 365 instituciones educativas y 80 centros de salud dañados, y hasta 110.000 damnificados en 30 municipios. Pero la magnitud de la reconstrucción no se explica únicamente por lo que destruyó el terremoto. Parte del desafío está en las brechas que el Chocó arrastraba desde mucho antes, entre ellas, la pobreza monetaria más alta del país, que confirmó el Dane justo dos días antes de la tragedia: 65,3 por ciento de la población chocoana vivía en pobreza monetaria en 2025.
La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, resumió el reto sin rodeos. “El Chocó no puede volver al 9 de agosto”. Regresar al estado anterior, advirtió, significaría reproducir el déficit habitacional, la infraestructura educativa precaria y los cortes de energía que 15 días antes del sismo ya habían sacado a la gente a protestar.
Después de la emergencia, Chocó reportó nueve vías internas afectadas y ocho puntos críticos en la carretera que conecta al departamento con el centro del país, lo cual ha dificultado la llegada de las ayudas y el acompañamiento a las comunidades damnificadas. La Gobernación no ha ahorrado esfuerzos para distribuir 450 toneladas de alimentos en los 30 municipios más afectados, mientras avanza la evaluación técnica de las viviendas para identificar cuáles pueden volver a ser habitadas, aquellas que requieren reparaciones y las que definitivamente representan un riesgo y es necesario demoler.
El plan de acción
El Gobierno nacional dimensiona el desastre en una escala que supera al propio departamento. Una primera modelación de Ingeniar Risk Intelligence estimó cerca de 30 billones de pesos en pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, de los cuales 24,5 billones corresponden a edificaciones y 5,5 billones a infraestructura.
Se trata de una estimación temprana, basada en modelos de exposición y vulnerabilidad, que no equivale al costo definitivo de la reconstrucción. Sin embargo, en el caso del Chocó, la Gobernación calculó que ese proceso requerirá cerca de 4 billones de pesos y un mínimo de cuatro años.
“No vamos simplemente a reemplazar lo que se perdió”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella el 24 de agosto desde Quibdó, y advirtió que la reconstrucción brindará mayor seguridad, infraestructuras más resistentes y nuevas oportunidades de trabajo. Ese mismo día anunció el inicio formal del proceso, que incluye viviendas, instituciones educativas, centros de salud, vías, servicios públicos y reactivación del campo.
El plan arrancó con el despliegue de 480 toneladas de materiales para reparación, bajo un esquema de autorreparación asistida. A esta inversión estatal se suman los recursos privados con más de 2 billones de pesos a través del Fondo Milagro, entre ellos 20.000 millones de la Fundación Fraternidad Medellín para instituciones educativas en Antioquia, Chocó y Caldas.
Además, está la meta de 15.000 millones de Marea Viva por el Chocó de mañana, y el fondo de 1,25 millones de dólares que Shakira anunció junto con Global Citizen, Live Nation y CAF, a través de la Fundación Pies Descalzos, para reconstruir diez escuelas y liderar la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Urge una transformación
Pablo Palacios Rodríguez, profesor chocoano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, aseguró que responder a la emergencia exige replantear qué significa reconstruir. “No necesitamos reconstruir el Chocó que teníamos el 10 de agosto a las siete de la mañana”, afirmó. Su propuesta es que cada peso invertido deje, además de una obra recuperada, una capacidad local fortalecida con laboratorios, universidades, conectividad digital y formación de profesionales capaces de sostener esas transformaciones desde el territorio.
Diego Lucumí, también chocoano y profesor de Salud Pública de la Universidad de los Andes, resumió ese rezago en una frase: “Un desastre en lento movimiento”, pues antes del sismo el departamento ya arrastraba niveles de malaria desproporcionados frente al resto del país y una mortalidad materna que la pandemia había dejado en evidencia.
Por eso insistió en que cualquier plan de reconstrucción debe hacerse “con la gente y para la gente del Chocó, no como un diagnóstico externo, sino como una decisión tomada junto a quienes ya conocían estas carencias antes de que la tierra temblara”.
Entre esas comunidades que Lucumí reclamó incluir en la reconstrucción están las mujeres piangüeras, productoras de biche y mineras artesanales que acompaña Ahysen Arboleda Montañez, lideresa de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó, y quienes antes de la emergencia ya sufrían dificultades. Arboleda reclamó saneamiento básico, vivienda digna y rutas de comercialización para estas comunidades.
Ese desbalance se repite en la cultura. Tostao, vocalista de ChocQuibTown, conectó esa carencia con su experiencia junto a artistas emergentes. “Ellos desarrollan su arte, su talento y, a veces, no tienen dónde exponerlo”, aseguró. Por eso, insiste en semilleros y escenarios que lleguen hasta las periferias de Quibdó y municipios alejados.
Esa misma falta de espacios empuja a otros talentos a salir del Chocó para crecer. El pesista olímpico Jeison López lo vivió y advirtió que sin incentivos los jóvenes quedan expuestos a que grupos armados les ofrezcan dinero. Aun así, insistió en que el potencial está intacto. Finalmente, la gobernadora hizo un llamado para que la atención no se apague cuando termine la cobertura mediática.