En cada elección repetimos que está en juego el futuro del país. Sin embargo, pocas veces aterrizamos lo que eso significa en la práctica. No se trata únicamente de elegir un gobierno, se trata de definir si Colombia es capaz de tomar decisiones de largo plazo y, sobre todo, sostenerlas en el tiempo, especialmente en sectores que no pueden detenerse.
La democracia no es un evento de un día. Es un ejercicio continuo que exige estabilidad, reglas claras y visión de futuro. Y pocos sectores lo evidencian con tanta contundencia como el energético.
La energía no da espera. No responde a ciclos políticos ni a discursos de campaña. Requiere planeación, inversión, confianza y, ante todo, continuidad. Cada decisión que se toma —o que se posterga— tiene efectos que pueden sentirse años después.
Colombia no parte de cero. Hoy cuenta con cerca de 21,3 GW de capacidad instalada, pero también con algo más valioso: un potencial hidroenergético ampliamente subutilizado. Solo en desarrollos a filo de agua —donde se ubican muchas pequeñas centrales hidroeléctricas— el país tiene alrededor de 56,1 GW aún sin aprovechar. Más que una cifra, es una señal clara de lo que está en juego: la posibilidad real de fortalecer la confiabilidad del sistema y avanzar hacia una transición energética sostenible.
Sin embargo, ese potencial no se convierte en energía por inercia. Depende no solo de condiciones técnicas, sino también institucionales. Y es importante decirlo con claridad: no todo ese potencial es necesariamente materializable, precisamente por las restricciones propias del desarrollo energético. Aun así, lo que sí puede desarrollarse requiere reglas estables, decisiones consistentes y señales claras que permitan transformar oportunidades en proyectos concretos.
Ahí es donde las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), adquieren relevancia. No solo por su escala o su impacto regional, sino porque aportan algo cada vez más escaso: estabilidad. Se trata de una fuente con alta disponibilidad y generación sostenida a lo largo del año, capaz de acompañar la demanda y complementar otras tecnologías cuya producción depende de condiciones variables. En un sistema que enfrenta retos crecientes de diversificación, esa capacidad no es accesoria: es estructural.
Además, estos proyectos tienen un valor territorial significativo. Al estar ubicados cerca de los centros de consumo, pueden reducir pérdidas técnicas, aliviar restricciones en redes locales y fortalecer la confiabilidad en regiones donde la infraestructura es más vulnerable.
Por eso, lo que está en juego en cada elección trasciende lo ideológico. Se trata de decidir si vamos a fortalecer un entorno en el que ese potencial pueda convertirse en desarrollo real, o si seguiremos atrapados en la incertidumbre que frena proyectos y posterga oportunidades.
Pero las PCH —como muchos otros proyectos energéticos— dependen de algo fundamental: confianza en las reglas de juego. Sin estabilidad regulatoria, sin señales claras desde el Estado y sin un entorno que respete las condiciones bajo las cuales se toman las decisiones de inversión, los proyectos simplemente no avanzan.
Y cuando no avanzan, el impacto deja de ser abstracto. Se traduce en menor capacidad para atender la demanda futura, en mayores riesgos para la confiabilidad del sistema y en oportunidades perdidas para regiones como el Pacífico, la Orinoquía o la Amazonía, donde el potencial energético sigue siendo significativo.
Defender la democracia, entonces, no es solo proteger el derecho al voto. Es garantizar la capacidad del país de tomar decisiones responsables y sostenerlas en el tiempo. Es asegurar que sectores estratégicos como el energético cuenten con la estabilidad necesaria para planear, invertir y operar.
Porque cuando la democracia se debilita, lo primero que se apaga no es el debate, sino la confianza. Y sin confianza, no hay inversión. Sin inversión, no hay desarrollo.
Esta elección no es solo sobre quién gobierna. Es sobre si Colombia es capaz de construir sobre lo que ya ha avanzado o si seguirá empezando de cero cada cuatro años.
Y en energía, empezar de cero no es una opción.
Catalina Rueda Callejas, directora ejecutiva de CEERA