Hay una pregunta que suena simple y que, en ocasiones, los territorios no se hacen a tiempo: ¿Cuánto vale lo que tenemos debajo de los pies? No cuánto vale una vez extraído, vendido y embarcado. Cuánto vale antes, mientras todavía está ahí, mientras todavía es nuestro, mientras todavía podemos decidir qué hacer con ello.

Parece una distinción técnica. Pero en realidad, es la diferencia entre un lugar que florece y uno que solamente se vacía.

Los economistas le pusieron un nombre triste, “la maldición de los recursos”, que describe algo que se repite con una regularidad casi cruel. Un territorio descubre que tiene algo valioso, llega el capital, luego la extracción, y vienen unos años de abundancia. Cuando el recurso se agota o el precio cae, lo que queda no es prosperidad, sino carreteras a medio hacer, instituciones debilitadas, una economía que olvidó cómo producir otra cosa y comunidades que vieron pasar la riqueza sin tocarla nunca. Lo más doloroso es que los territorios más ricos en recursos naturales suelen crecer menos que los que no tienen ninguno.

La explicación no está en el mineral. Está en lo que existía, o no, antes de que el mineral se volviera negocio. Y eso tiene un nombre mucho menos poético y mucho más importante: gobernanza.

Gobernanza suena a palabra de informe. Pero significa algo muy sencillo y muy humano: quién decide, con qué reglas, con qué información y respondiendo ante quién. Cuando esas cuatro respuestas están claras antes de que llegue alguien con una propuesta, el territorio conversa de igual a igual. Cuando están borrosas, el territorio acepta lo que le ofrezcan. Y aceptar por desconocimiento siempre sale caro. Lo sabemos las mujeres mejor que nadie: nadie negocia bien desde la ignorancia de su propio valor.

Brasil ofrece un caso que vale la pena mirar. Tocantins, un estado en el corazón del país, pasó de la periferia al centro del mapa mineral en pocos años. Hoy tiene más de un centenar de empresas operando, inversiones proyectadas por miles de millones y una posición relevante en oro, fosfato y calcáreo. Pero lo que cambió la conversación no fue el hallazgo de un yacimiento espectacular. Fue algo mucho más modesto: en 2022 publicaron su mapa geológico. Es decir, se sentaron a hacer un inventario. Escribieron qué tenían y dónde lo tenían. Solo después llegaron los inversionistas y lo hicieron para conversar con alguien que ya sabía perfectamente lo que estaba ofreciendo.

Esa es toda la lección, y cabe en una línea. Nadie negocia bien lo que no ha medido.

Ahora aparece una capa nueva, y aquí conviene poner atención. Desde hace un par de años se habla de tokenizar activos reales, es decir, convertir en registros digitales la propiedad o los derechos sobre minas, tierras, infraestructura o cosechas. Bancos y fondos ya lo hacen con bonos e inmuebles. La promesa es legítima y hasta entusiasma: más trazabilidad, menos intermediarios, acceso a capital para proyectos que antes no lo conseguían.

Pero hay un detalle del que depende absolutamente todo. Un registro digital no crea valor ni crea derechos. Solamente representa algo que ya debe existir legalmente antes. Si el activo está bien titulado, bien delimitado y bien cuidado, la representación digital lo vuelve más transparente y más líquido. Si no lo está, esa misma representación vuelve negociable un problema jurídico, y lo hace a la velocidad de internet.

El orden importa más que la tecnología. Primero jurisdicción, después registro, luego verificación, y solo al final representación digital. Cuando alguien propone empezar por el token, no está proponiendo innovación: está proponiendo saltarse la parte difícil. Y la parte difícil es siempre la que sostiene.

Escribo esto desde un oficio que me enseñó algo sobre el asunto. Llevo años trabajando en seguros, que es básicamente la disciplina de ponerle valor a las cosas antes de que les pase algo. Nadie asegura lo que no ha inventariado. Ni indemnizan lo que no esta declarado. Y lo primero que se aprende en este oficio es que el momento de valorar algo querido nunca es después de la pérdida: es antes, con calma, cuando nadie tiene prisa ni miedo. Con el patrimonio de un territorio ocurre exactamente lo mismo. El peor momento para calcular lo que vale una montaña es cuando ya hay alguien esperando afuera con un cheque en la mano.

Y hay un segundo aprendizaje de este trabajo que aplica igual: la letra menuda no es un detalle, es el verdadero acuerdo. Quién asume el riesgo ambiental. Qué pasa si el precio se desploma. Quién repara. Quién responde dentro de treinta años, cuando la empresa ya se fue y el hueco sigue ahí. Esas preguntas se hacen al principio o no se hacen nunca. Son incómodas, poco románticas y absolutamente necesarias, como todas las conversaciones que de verdad protegen algo.

Noruega se hizo la pregunta a tiempo.

Cuando encontró petróleo decidió algo que me parece profundamente generoso: que esa riqueza no le pertenecía a la generación que la descubrió, sino a todas las que vinieran después. Creó un fondo, definió cuánto podía gastar cada año y blindó el resto. Hoy es uno de los mayores fondos del mundo y ese petróleo sigue siendo de todos, incluyendo los que todavía no han nacido. No fue un milagro. Fue una decisión tomada antes, no después.

Esa es la parte que nos cuesta. Porque las decisiones que determinan si un recurso enriquece o empobrece a un territorio son discretas, técnicas y se toman cuando todavía no hay nada que celebrar. No dan titulares. No se inauguran. Y son, casi siempre, las únicas que importan de verdad.

Latinoamérica está entrando otra vez en un ciclo de demanda intensa. Los minerales críticos, los que necesitan las baterías, las turbinas y la transición energética del mundo entero, están debajo de nuestro suelo. La pregunta ya no es si los van a querer. Ya los quieren. La pregunta es si esta vez vamos a saber qué tenemos antes de que alguien venga a explicárnoslo.

Ante esto, he estado leyendo sobre Genesis Platform Ecosystems, una arquitectura institucional originada y desarrollada por Global Vitalis Inc. El nombre no es casual: Genesis significa origen, comienzo, aquello que surge a partir de lo que ya existe. Su punto de partida no es sustituir la realidad de un territorio, sino reconocer lo que ya está ahí y construir a partir de el.

Su propósito es precisamente la secuencia que describí arriba. Proponen que el patrimonio de un territorio, sus recursos, su infraestructura, sus instituciones y sus capacidades, sea reconocido y comprendido antes de que se tomen decisiones sobre su extracción. Que la arquitectura se diseñe alrededor del territorio y no al revés. Y que la representación digital, cuando llegue, llegue al final: después de la jurisdicción, del registro y de la verificación. Su planteamiento es que el objetivo no es la extracción, sino ampliar las opciones legítimas para que el valor pueda crearse, preservarse y transferirse entre generaciones.

Lo que me llamó la atención no fue la plataforma. Fue la premisa que la sostiene, y que es la misma de esta columna: que un territorio debería saber lo que tiene antes de que alguien venga a ofrecerle algo por ello. (He conversado con sus responsables sobre el proyecto.)

Porque al final, un recurso natural no debería simplemente salir de un territorio. Debería dejar detrás instituciones más firmes, más capacidad y más opciones para quienes se quedan. Pero eso no sucede por buena voluntad ni por buenas intenciones. Sucede por diseño, y el diseño se hace antes.

Todo lo demás, la tecnología incluida, son herramientas. Útiles, prometedoras, a veces deslumbrantes. Pero ninguna herramienta ha reemplazado jamás a una decisión. Y la decisión sobre lo que vale nuestra tierra sigue siendo de nosotros mientras la tomemos a tiempo. Reconocer el valor antes de consumirlo no es solo buena economía. Es la forma más antigua y más noble del cuidado.

Natalia Badillo es fundadora y CEO de PotensIA y Agencia de Seguros Abril