En la Semana del Clima de Nueva York me hicieron la misma pregunta en casi todas las reuniones: “Colombia es pionera en carbono, ¿ya tiene ajustes correspondientes? ¿Ya expide cartas de autorización?”. Me la hacían compradores, operadores y desarrolladores de otros países. Colombia se ha convertido en la niña bonita del sector y todos la están mirando. Mi respuesta, por ahora, tiene que ser: todavía no.
Para entender por qué importa tanto, piense en un árbol en la Orinoquía y en un avión sobre el Atlántico. Desde 2024, las aerolíneas que vuelan entre países deben compensar parte de sus emisiones bajo Corsia (por su nombre en inglés Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), el esquema de la aviación civil internacional. Pero no les sirve cualquier crédito. Solo los de países que hayan autorizado su uso por escrito y los hayan descontado de su propia meta climática; eso es lo que en el sector llamamos ajuste correspondiente.
Esa firma del Estado es hoy lo más escaso del mercado. De las más de sesenta cartas de autorización activas en el mundo, América Latina aporta apenas cinco, y casi todas salen de Guyana. Colombia no ha expedido ninguna.
Eso puede cambiar pronto. El nuevo gobierno ha dicho que quiere tener, a más tardar el próximo semestre, un procedimiento de ajustes correspondientes para entrar a Corsia. Llegaría a tiempo para la COP31 en Antalya (Turquía), donde el país podría mostrar algo más que toneladas.
Sin embargo, hay otra pieza que debería quedar resuelta en ese procedimiento. Durante los últimos cuatro años se repitió desde el Estado que los mercados de carbono eran sospechosos. Yo creo que el reclamo de fondo era otro: la forma en que algunos proyectos llegaron a territorios de comunidades étnicas, con contratos que nadie en la comunidad terminaba de entender y beneficios que después nadie podía rastrear. Esa preocupación era legítima.
El Plan Nacional de Desarrollo de 2023 estableció por ley que los proyectos forestales deben cumplir la consulta previa cuando sea procedente. Sin embargo, esa obligación aún no se ha reglamentado, ni se le exige al responsable del impuesto como verificación. Así, lamentablemente, se siguen comercializando créditos sin ese trámite. En otras palabras: queremos un mercado íntegro, pero dejamos la regla en el papel.
Como economista, veo ahí un caso de asimetría de información. Si la garantía depende de la buena voluntad de cada desarrollador y cada comprador, quien compra no sabe bien qué está comprando, y la comunidad muchas veces firma sin tener toda la información. El costo lo pagamos todos, en conflictos que tardan años en resolverse y en una mala reputación que alcanza también a los proyectos que hicieron las cosas bien. Una regla clara abarata el mercado, porque reduce los costos de transacción y deja claro quién tiene derecho a qué.
Mi propuesta es que el Ministerio de Ambiente reglamente lo que la ley ya ordena: que la determinación de procedencia de la consulta previa sea requisito tanto para usar créditos en la no causación del impuesto como para recibir una carta de autorización. La misma regla para el mercado interno y para el internacional.
Si el nuevo procedimiento incluye esa pieza desde el principio, Colombia les cumple a las comunidades un reclamo de años y les ofrece a las aerolíneas algo que casi nadie en la región tiene hoy: créditos autorizados, con ajuste y con legitimidad en el territorio.
Se viene la COP31 en Antalya y seguro me van a seguir preguntando si Colombia ya está lista. Me gustaría responder que sí y contar que el país tiene proyectos de alta integridad. Los países llegarán a mostrar metas, pero los compradores van a mirar procedimientos.
Podemos seguir reforestando la Orinoquía y el resto del país, pero para que esos árboles sean financiados por las aerolíneas, uno de los grandes mercados de carbono del mundo, no basta con que crezcan. Necesitan reglas escritas, ajustes definidos y el cumplimiento de la procedencia de la consulta previa.
Ana Milena Plata, graduada en Economía y doctora en Ingeniería Forestal