Este Halloween, mientras los niños piden dulces disfrazados de zombis, Colombia tiene uno de verdad en sus cuentas públicas. Se llama Fondo para la Vida y la Biodiversidad, nació con la Ley 2294 de 2023 y su nombre promete lo contrario de lo que muestra: se mueve, aparece en los informes, pero cuesta encontrarle el pulso.
La idea original era buena. Un patrimonio autónomo, administrado por Fiducoldex, para financiar la restauración de ecosistemas, la contención de la deforestación, el ordenamiento alrededor del agua y la transformación productiva en los territorios, con reglas de derecho privado para girar rápido. A diciembre de 2025, según el informe de gestión de la fiduciaria, acumulaba asignaciones por 3,18 billones de pesos.
El problema es lo que pasó con esa plata. Al cierre de 2025 el fondo tenía 812.000 millones de pesos quietos en cuentas bancarias y fondos de inversión colectiva. En agosto de 2026 todavía guardaba 477.000 millones, y este año sus rendimientos financieros superan los 37.000 millones. Un fondo creado para la vida que produce más intereses que árboles es, en sentido estricto, un muerto viviente.
La Contraloría lo documentó. En su auditoría de cumplimiento, publicada en diciembre de 2025, revisó 32 proyectos aprobados por 878.000 millones de pesos y encontró que a junio de ese año se había pagado apenas el 26 por ciento. Calificó el control interno como “ineficiente” y dejó siete hallazgos, uno de ellos fiscal por 208 millones en 153 tiquetes aéreos de la COP16 que se pagaron y nadie usó.
A mayo de 2025, según el balance del Ministerio de Ambiente, el proyecto COP16 había pagado cerca del 90 por ciento de sus 97.900 millones, y Conservar Paga, el programa estrella para las familias campesinas de la Amazonía, alrededor del 11 por ciento de sus 143.000 millones. El evento internacional recibió su dinero a tiempo; las familias que cuidan el bosque, no.
Conservar Paga es un esquema de pago por resultados: familias de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo firman acuerdos de conservación a través de sus juntas de acción comunal y reciben un incentivo, si el monitoreo confirma que el bosque sigue en pie. El diseño es bueno. Pero de cerca de medio billón de pesos asignado, al cierre de 2025 se habían girado unos 60.000 millones, y el programa llegaba a poco más de 6.000 familias, el 43 por ciento de su meta. Un incentivo que llega tarde deja de ser incentivo: el campesino que espera meses su pago sigue teniendo que comer, y la motosierra no espera.
Mientras tanto, la Amazonía pasó de 44.274 hectáreas deforestadas en 2023 a 77.805 en 2025, según el Ideam. Sería ligero atribuirle todo ese aumento al fondo, pues en la región pesan los grupos armados y la especulación con la tierra. Pero un instrumento diseñado para frenar esa curva no puede presentar como logro tener la plata en una fiducia.
La comparación con el mercado de carbono es incómoda. Según el Ideam, al menos 150.000 familias dependen hoy de estos proyectos de carbono en el mercado voluntario, 25 veces más de lo que alcanza el programa Conservar Paga del fondo de la vida zombi.
A mediados de octubre, el ministro de Ambiente actual Fabio Arjona pidió darle al Fondo “cristiana sepultura”, y ya había anunciado una auditoría externa sobre toda su gestión. También propuso devolver al 100 por ciento la no causación del impuesto al carbono, para que las empresas compensen con proyectos en el territorio en vez de pagar el tributo. Ese cambio requiere ley y el Congreso debería exigir que cada peso llegue a las comunidades como pago verificable, no como saldo en una cuenta.
El fondo zombi ya lleva cuatro vigencias caminando sin pulso. Ojalá que el Halloween de 2027 nos encuentre con los recursos del carbono en manos de quienes saben ejecutar: el sector privado y las comunidades organizadas. En un proyecto certificado de carbono, la plata no se libera sin pruebas. Un validador revisa el diseño, un verificador comprueba en campo las toneladas y que los beneficios pactados lleguen a las comunidades, y un registro certifica los créditos antes del primer pago. Esa cadena le faltó a un fondo que pagó 153 tiquetes que nadie usó. Con ella, los recursos llegarían, por fin, a quienes cuidan el bosque.
Ana Milena Plata, economista, Ph.D. en Ingeniería Forestal