Estos días Colombia huele a elecciones. Tarjetones, encuestas, la conversación de cada almuerzo girando alrededor de quién va a ganar. Y en medio de todo esto, hay una idea tan repetida que casi dejamos de oírla: en una democracia, las decisiones no las toma uno solo. Las toman las mayorías. Nadie impone, todos votan, y el resultado obliga a quienes votaron distinto. Lo curioso es que esa misma lógica, la de las urnas, es la que rige, sin que casi nadie lo sepa, el rescate de una empresa en crisis.
Cuando una empresa entra a un proceso de reorganización o insolvencia, el objetivo final no es que un juez decrete cómo se pagan las deudas. El objetivo es construir un acuerdo de pago. Y ese acuerdo no se impone: se vota. Los acreedores, es decir, todos a quienes la empresa les debe, se convierten en una especie de electorado, y de su voto depende que la empresa se salve o termine en liquidación. La insolvencia, vista de cerca, es un proceso de elección.
Pero no es una democracia de ‘una persona, un voto’. Es un sistema de representación, donde el peso del voto depende de cuánto se le debe a cada quien. Si a un banco le deben mil millones y a un proveedor le deben diez, el banco tiene mucho más poder de decisión. Y, como en cualquier democracia madura, los votantes están organizados en grupos con intereses distintos. La ley reconoce cinco grandes clases de acreedores: los trabajadores, el Estado y las entidades públicas, las instituciones financieras, los acreedores internos, que son los socios de la propia empresa y, finalmente, todos los demás acreedores, como proveedores y prestamistas. Cinco bancadas, podríamos decir, cada una con sus propios intereses sentadas en la misma mesa.
Aquí viene lo interesante, y lo más parecido a la política real. Para que un acuerdo de reorganización quede aprobado no basta con sumar la mayoría de los votos: la ley exige que ese respaldo venga de varias clases a la vez. Es decir, hay que construir coaliciones. Un acuerdo que solo le convenga a los bancos, pero que ignore a los trabajadores y a los proveedores, simplemente no pasa.
Y como toda buena democracia, el sistema tiene candados para que la mayoría no atropelle a las minorías. La ley previó un caso muy concreto: cuando los socios de la propia empresa —los acreedores internos— concentran la mayoría de los votos, no pueden aprobar el acuerdo ellos solos. Necesitan, además, el respaldo de al menos el veinticinco por ciento de los votos restantes, los de acreedores que no son parte de la casa. Es la forma que encontró la ley de impedir que el dueño de la empresa se haga un acuerdo a su medida y se lo imponga a todos los demás. Un freno y contrapeso, como diría cualquier manual de constitución.
Todo este proceso ocurre bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades o el juez que verifica quién tiene derecho a votar, cuánto pesa cada voto y que las reglas se cumplan. Es, en la práctica, la autoridad electoral del proceso: garantiza que los votos sean legítimos, que nadie infle artificialmente su peso y que el resultado refleje la voluntad real de los acreedores.
Lo valioso es que esta ‘campaña’ no ocurre con la empresa al borde del abismo. Desde el día en que el juez admite el proceso, la empresa queda protegida: los procesos ejecutivos de cobro se suspenden, los procesos de restitución de bienes esenciales se detienen, y el reloj de los intereses de mora se congela. Esa es la diferencia que cambia todo. El empresario no negocia el acuerdo con un revólver en la sien. Lo negocia con un respiro, con tiempo, con la posibilidad de proponerles a sus acreedores períodos de gracia, rebajas de intereses o plazos ajustados a lo que la empresa de verdad puede pagar. El acuerdo se vota, sí, pero se vota en un ambiente donde la conversación todavía es posible.
Tal vez por eso la insolvencia me parece, en el fondo, un acto profundamente democrático. No es una guerra entre el deudor y sus acreedores. Es una mesa donde intereses opuestos se sientan, discuten, ceden y votan, con la convicción de que un mal acuerdo entre todos vale más que una buena pelea de cada uno. En estas semanas en que Colombia decide su futuro en las urnas, vale la pena recordar que la misma herramienta —votar para no destruirnos— también sirve para salvar lo que con tanto esfuerzo se construyó. La democracia, después de todo, no es solo una forma de elegir gobiernos. A veces es, simplemente, la forma más civilizada de no dejar que algo se hunda.
Catalina Hernández Prada, directora Legal de AC Sorar SAS - Estrategias Legales y Financieras