Un empresario judío estaba evaluando abrir una compañía en Colombia y se reunió con un prestigioso bufete de abogados para entender las reglas laborales del país.

Al entrar a la oficina vio algo extraño.

El abogado principal tenía sobre el escritorio un enorme Código Laboral de Legis abierto por la mitad. En medio de la conversación, sacó un pequeño sobre con hojas perforadas, abrió cuidadosamente los ganchos metálicos del libro, retiró varias páginas y las reemplazó por otras nuevas.

Intrigado, el empresario le preguntó qué estaba haciendo.

El abogado respondió con naturalidad:

—Cada vez que cambia la ley, la suscripción nos envía las nuevas hojas para actualizar el código.

Entonces vino la pregunta que terminó definiendo la reunión:

—¿Y esos cambios son frecuentes?

El abogado sonrió:

—Lo suficiente como para que valga la pena pagar la membresía.

El empresario cerró su libreta, agradeció el tiempo y nunca volvió a Colombia.

Escuché esta historia hace muchos años, en medio de conversaciones empresariales que acompañaban a mi padre. En ese momento no entendí por qué aquel libro había sido tan determinante para ese inversionista. Años después, estudiando derecho en Escocia, finalmente pude ver lo que realmente le había inquietado. No era el contenido de las leyes. Al empresario le preocupaba algo más profundo: la sensación de que las reglas podían cambiar en cualquier momento.

En el mundo anglosajón existe una idea fundamental: la ley no solo debe parecer justa; debe serlo y ser estable, coherente y predecible. Porque cuando los ciudadanos sienten que las reglas cambian constantemente, la confianza en el sistema comienza a erosionarse incluso antes de que aparezca la injusticia.

Para los británicos, la seguridad jurídica es una condición básica para construir confianza, inversión y estabilidad social. Su estructura se basa en reglas elementales de sentido común que, con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en principios jurídicos fundamentales. Por ejemplo, el llamado “lex posterior rule”, que a grandes rasgos permite que una nueva ley derogue automáticamente una anterior que no sea compatible, evitando que ambas subsistan simultáneamente. Esta coherencia normativa resuelve algo elemental: el Estado no puede exigir obediencia sobre reglas que ni siquiera logra organizar con claridad.

Mientras tanto, en Colombia, tenemos una extraña obsesión con producir leyes. Reformamos, corregimos, añadimos parágrafos, decretos, excepciones y jurisprudencia como si el simple acto de legislar fuera, por sí mismo, una forma de progreso.

Aquí las leyes rara vez desaparecen por completo. Permanecen flotando en una especie de limbo jurídico donde artículos antiguos conviven con reformas recientes, decretos reglamentarios y sentencias que reinterpretan constantemente el significado de todo lo anterior.

El resultado es un ecosistema jurídico tan complejo que incluso quienes trabajan dentro de él tienen dificultades para navegarlo en su totalidad.

Y cuando las normas son demasiadas, ocurre algo peligroso: la ley deja de funcionar como una guía objetiva y comienza a depender excesivamente de la interpretación del juez. Eso explica por qué en Colombia dos jueces pueden analizar exactamente el mismo caso y llegar a conclusiones completamente opuestas sin que ninguno parezca estar violando abiertamente la ley.

Quizás el ejemplo más evidente ocurre con las tutelas. La acción de tutela fue concebida como uno de los mayores avances constitucionales del país: un mecanismo rápido para proteger derechos fundamentales. Pero en la práctica, muchas veces parece funcionar como una lotería jurídica.

No es extraño ver decisiones de primera instancia completamente revocadas en segunda por otro juez, el cual interpreta los mismos hechos de manera radicalmente distinta. Y aunque toda apelación implica la posibilidad de corrección, el problema aparece cuando esas diferencias dejan de ser excepcionales y se convierten en una señal de imprevisibilidad estructural.

La ley debería comportarse como una conversación ordenada entre el Estado y la sociedad, no como una acumulación caótica de instrucciones incompatibles que ni los operadores de justicia logran interpretar de manera uniforme.

Porque cuando el derecho puede significar una cosa y su contrario dependiendo del despacho que reciba el expediente, el ciudadano deja de confiar en la ley y empieza a confiar únicamente en la suerte. Y ningún país puede construir futuro sobre una “lotería jurídica”.

Juliana del Sol Bastidas Rodríguez, CEO de COLCDA S.A.S