Frente a la creciente avalancha de polémicas desatadas por los presuntos acosos sexuales de reconocidos periodistas, la postura de ‘yo te creo colega’, las actuaciones de las comunicadoras que lideran esta iniciativa y los testimonios de las potenciales víctimas, resulta útil analizar el panorama desde diferentes aristas. Aquí convergen al menos tres dimensiones presentes en la conversación: la empatía con los casos, el rigor del ejercicio periodístico y el delicado equilibrio entre la justicia y la sanción social para los señalados y las denunciantes.
1. La complejidad de la empatía
Es imposible no sentir empatía con las presuntas afectadas. No me corresponde juzgar cómo se sintieron, por qué reaccionaron de una u otra manera, o por qué decidieron alzar la voz en este momento específico. Pero, cuando me pongo en sus zapatos, la respuesta natural es creerles.
Sin embargo, la empatía también me obliga a mirar la otra cara de la moneda. Si el acusado, al interactuar con otra persona mayor de edad, percibió interés mutuo y no identificó resistencia explícita a un ‘coqueteo’ por la razón que fuere, me resulta profundamente injusto y apresurado tildarlo automáticamente de ‘acosador’.
En ambos casos, juzgar a la ligera es torpe y puede generar daños graves cuando esas opiniones hacen carrera en las redes sociales, más aún si están avaladas por voces con fuerte influencia en la opinión pública.
2. Los límites éticos del periodismo y el activismo
En cuanto al papel de las periodistas, su razón de ser es informar y poner en conocimiento del público los hechos de interés general. Su deber es investigar, narrar y presentar las versiones de todas las partes con rigor e imparcialidad, en su calidad de periodistas, no de juezas.
Ahora bien, es válido que desde una iniciativa personal o un movimiento social canalicen denuncias y asuman un rol de activistas. Eso implicaría limitar su labor a direccionar los casos hacia las autoridades competentes y ofrecer apoyo legal y psicológico a las presuntas víctimas. Lo que resulta inadmisible, a mi juicio, es mezclar ambos mundos: sentar posturas prejuzgando a los acusados amparándose en la credibilidad que otorga el ejercicio profesional del periodismo.
Esta práctica no solo carece de ética, sino que es profundamente irresponsable con la reputación de colegas y ciudadanos. A esto se suma un factor humano innegable: cuando quienes comunican reconocen públicamente arrastrar sesgos negativos por experiencias previas de acoso —laboral o sexual—, la imparcialidad se diluye.
3. Justicia real frente a la irreparable pena mediática
Serán siempre los jueces, y no los micrófonos ni las redes sociales, los llamados a determinar la inocencia o la culpabilidad con base en las pruebas, el legítimo derecho a la defensa y bajo el debido proceso.
Si los imputados llegan a ser declarados inocentes en los estrados judiciales, el daño ya estará hecho: una estigmatización gigante e irreversible para sus vidas personales, sociales, profesionales y familiares. Frente a ese destrozo, no existe una vía real de reparación posible.
A modo de conclusión
Si algo positivo nos deja esta tormenta es una lección de precaución colectiva. Al día de hoy, tanto los audaces conquistadores como las potenciales víctimas y los propios profesionales de la información tendremos que pensarlo muy bien antes de cruzar los límites del respeto, la prudencia y la responsabilidad.
Finalmente, me atrevo desde esta columna a tomar la vocería de un gran número de personas con las que he debatido al respecto para expresar solidaridad a Jorge Alfredo Vargas, a quien conozco —en lo personal y en lo profesional— como un hombre afable, cercano, pero siempre respetuoso; sin perjuicio del derecho que tienen quienes se sintieron vulneradas a poner en conocimiento de las autoridades su versión y las pruebas sobre el asunto. Mantengo mi confianza en la justicia y la convicción de su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. #YoTeCreoJorgeAlfredo.
Ximena González Martínez, directora ejecutiva de Contacto Estratégico Networking & Business