El país tiene un problema de plata. Gravísimo. El Estado gasta más de lo que recibe, debe mucho y una parte creciente de los impuestos se destina a intereses. Ignorarlo sería irresponsable. Pero tener la olla raspada no convierte cualquier factura en pequeña, ni vuelve irrelevante la pregunta de quién terminará pagándola.

Durante la campaña nos dijeron que el recaudo aumentaría sin subir los impuestos, gracias a menos despilfarro y a más actividad económica. En septiembre, el ministro de Hacienda presentó lo que sería una “Ley de Rescate”, una reforma fiscal centrada en la austeridad.

El 29 de octubre llegó al Congreso un proyecto de 106 artículos. Propone recortes y cambios en el Estado, pero también modifica los impuestos y las cotizaciones a la salud. El Gobierno dice que recibió cuentas peores de lo esperado y que, sin ajustes, el déficit se volvería insostenible. Tiene razón. Precisamente por eso habría sido mejor advertir desde el principio, con toda claridad, que el rescate les costaría mucho a los hogares y a las empresas.

¿Qué trae el proyecto en palabras simples?

Primero, aumenta la base del IVA. Se gravarían alimentos como café, frutas y granos, así como computadores, celulares y otros equipos de bajo valor, que hoy gozan de un tratamiento favorable. También pasarían a estar gravados servicios cuyos beneficios tributarios buscaban ampliar la conectividad del país: el hosting, la computación en la nube, el internet de estrato 3 y la telefonía local de estratos bajos.

El Gobierno propone devolver parte del IVA a personas vulnerables mediante EfectIVA. Es una medida relevante. Sin embargo, no significa que cada comprador reciba de vuelta todo lo que pague. La devolución dependerá de la clasificación del beneficiario, de las facturas, de los topes y de la puesta en marcha del sistema. Mientras tanto, el impuesto debe pagarse al comprar.

Segundo, toca el ingreso al trabajo. Los aportes a la salud del empleado aumentarían por tramos para quienes superen determinados niveles de ingreso. También se ampliaría el universo de declarantes de renta y se reducirían sustancialmente los beneficios tributarios del trabajador. En palabras sencillas: una parte mayor del salario se destinaría a aportes y otra podría quedar sujeta al impuesto sobre la renta. El sueldo puede seguir siendo el mismo; la plata disponible, no.

Tercero, encarece la nómina. Los empleadores que hoy están exonerados tendrían que volver a pagar aportes a salud, al SENA y al ICBF. Por cada trabajador que gane más de dos y hasta tres salarios mínimos, el empleador pagaría un 6 % adicional sobre la base de esos aportes. Si el trabajador gana más de tres y menos de diez salarios mínimos, el aporte adicional sería del 13,5 %. Las exoneraciones vigentes se introdujeron hace unos años con la promesa de facilitar el empleo formal. Ahora se propone eliminarlas en lo esencial.

Cuarto, el proyecto también reduce gradualmente la tarifa general de renta de las empresas. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo: una empresa puede pagar menos renta sobre sus utilidades y aportar más en salarios. Para saber si sale ganando, hay que hacer las cuentas de esa empresa, porque la nómina se paga todos los meses, haya o no utilidades.

Quinto, el proyecto aumenta varios impuestos al consumo y amplía el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas, que antes se centraba en el azúcar y ahora también se aplicaría a las bebidas saludables. Ese tributo nació con una finalidad extrafiscal, propia de los impuestos de inspiración pigouviana. Buscaba desincentivar el consumo de azúcar y proteger la salud. Desde 2028, el proyecto gravaría incluso las bebidas reformuladas con edulcorantes como la estevia. Reducir el azúcar podría bajar el impuesto, pero sustituirla por completo por un edulcorante ya no permitiría evitarlo. De acuerdo con la propuesta, dos bebidas del mismo tamaño y de distinto precio pagarían exactamente el mismo impuesto, por lo que claramente se castigaría más a la más barata, la que consumen las clases populares. Incluso, habrá bebidas en las que el impuesto superará el valor del producto. Si el precio sube, importa saber qué comprará la gente en su lugar. ¿Qué gana la salud si los consumidores de menores ingresos terminan comprando bebidas de contrabando o de producción informal, con menos controles sanitarios? Si eso ocurre, la industria formal puede perder ventas, el Estado recaudará menos de lo previsto y la salud quedará sin el beneficio que justificaba el tributo.

El Gobierno sostiene que la mayor parte del ajuste lo hará el propio Estado y que las devoluciones protegerán a los más vulnerables. Ojalá. Pero esas afirmaciones exigen cuentas comprobables. Una familia no paga el mercado con una promesa de devolución ni una empresa paga la nómina con una proyección de crecimiento.

Una reforma de este alcance merece un debate a su altura. ¿Cuánto necesita ajustar el país? ¿Cuánto ahorrará el Estado y cuánto de la cuenta pasará a los hogares y a las empresas?

Se argumenta que la realidad obligó a cambiar de plan. Lo que no puede pedir es que confundamos un cambio de plan con el cumplimiento de la promesa original.

Cuando la olla está raspada, hay que tomar decisiones difíciles. La primera es decir la verdad sobre quién va a poner la comida.

Catalina Hoyos, socia de Godoy