Contrario a lo que muchos piensan, quienes nos dedicamos a empujar y posibilitar importantes proyectos minero-energéticos y de infraestructura, estamos plenamente convencidos de que el aprovechamiento racional de los recursos naturales necesarios para generar empleo, divisas y bienestar pasa sí o sí por un respeto al medioambiente.
Ahora, es una realidad que los cambios extremos en el clima son un problema de dimensión global con inmensos desafíos. Y por supuesto somos conscientes de los retos para nuestro país, en medio de una serie de compromisos que ha asumido internacionalmente. Recordemos que hoy el país contribuye con solo un 0,4 por ciento de las emisiones mundiales. En contraste, las economías industrializadas se constituyen en grandes responsables de generar un cambio estructural con acciones reales de mitigación dado su inmenso aporte de 78 por ciento de las emisiones globales.
En esto no hay fórmulas mágicas, pero es absurdo erradicar sectores económicos de la realidad nacional. Para empezar, seamos más efectivos en desmontar el mito de que las grandes industrias, el sector minero energético y de infraestructura, son excluyentes con nuestra riqueza natural, las metas de conservación, restauración y la conversación social.
La mejor manera de cuidar el medioambiente es generar los ingresos necesarios para la innovación tecnológica que necesitamos, seguir con los planes focalizados hacia la transición energética, con la mayor responsabilidad, sin lugar a improvisaciones ni poner en riesgo vidas y empleos por los embates climáticos. Porque cerrar la oportunidad a proyectos minero-energéticos solo trae más pobreza, daños ambientales y menos empleos.
Colombia afronta graves problemas que amenazan sus ecosistemas. Según el Ideam el país perdió más de 113.000 hectáreas de bosque natural en 2024, diagnóstico que ilustra la gran expansión ilegal y la presencia de economías ilícitas que afectan al medioambiente y a las comunidades. Lo que corresponde es fortalecer las capacidades de control territorial en coordinación entre entidades públicas y privados, de la mano de la fuerza pública.
En materia de extracción ilícita de minerales el Ministerio de Ambiente y la Contraloría General señalan que más del 70 por ciento de la explotación de oro aluvial presenta algún grado de ilegalidad, generando graves pasivos ambientales. El uso de mercurio y otras sustancias tóxicas han contaminado ríos y suelos, lo que afecta la salud humana. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación reportó en diciembre de 2024 que la extracción ilícita de minerales está presente en 29 de los 32 departamentos del país, convirtiéndose en uno de los principales conflictos socioambientales a nivel nacional.
En este contexto resulta paradójico ver actividades ilícitas sin control alguno, en contraste con la prohibición de aquellas lícitas debidamente reguladas, que no han podido avanzar. Desde el comienzo del gobierno saliente a la fecha, el Producto Interno Bruto minero cayó 18 por ciento y fue el sector minero el que tuvo los más bajos indicadores: las exportaciones mineras cayeron 21 por ciento y la inversión extranjera directa bajó 88 por ciento.
Sin seguridad física, control territorial y revisión de los delitos trasnacionales, el medioambiente pierde cada día y Colombia sufre daños que pueden ser irreversibles.
Ahora bien, ¿cuál es el desafío regulatorio e institucional para poder avanzar en prosperidad y cuidar nuestros recursos?
Los temas socioambientales por lo general despiertan muchas pasiones ideológicas, situación que no solo ocurre aquí, sino también en casi todo el planeta, y la desilusión de acciones concretas que equilibren las decisiones y respeten la constitución y la ley, afecta el futuro de nuestras próximas generaciones, fraccionando territorios, generando odios, deslegitimando el desarrollo sostenible, y abordando una falsa protección desde el escritorio, lo que deja la puerta abierta a la ilegalidad que arrasa nuestros recursos y amordaza comunidades.
Claro que necesitamos un ambiente sano para poder vivir: los páramos, por ejemplo, suministran el agua para consumo humano y desarrollo de actividades económicas de más del 70 por ciento de la población colombiana, pero en estas regiones y ecosistemas existen actividades desde hace muchas décadas que deben ser analizadas sin posiciones extremistas, porque prohibir ciertas actividades en el papel no ha resuelto los problemas; por el contrario, los ha agravado. Planteemos, en cambio, actividades que financien las inversiones ambientales para atender en tiempos razonables, los pasivos ambientales creados por actividades ilícitas.
La bandera ambiental es un tema de todos y no de bandos. Los que nos han querido atrincherar ahí deberían verificar los datos con la realidad, para que vean que esa no es la forma de proteger nuestros recursos, ni de generar trabajo estable, ni de avanzar como nación. Estamos en capacidad de construir consensos, liberando de ideologías extremas nuestra riqueza natural.
De otro lado, la experiencia colombiana muestra que el principal problema del sistema ambiental no ha sido la ausencia normativa. Es mucho lo que se puede lograr con una revisión reglamentaria que afine el lápiz; es una tarea épica, pero nada que un buen ejecutor no pueda gestionar bajo estándares ambientales constitucionales que en Colombia son de clase mundial.
Nos debe enorgullecer un marco normativo que no es de ahora, sino que desde hace más de 30 años nos viene acompañando, y por eso no puede ser que, en la indebida ejecución de esos loables propósitos, proyectos vitales para la nación no vean la luz, y por esa ruta, condenen a la pobreza a millones de colombianos. Hoy no hay otra manera de financiar el gasto social si no es a través del debido uso de nuestros recursos naturales, minería, petróleo y gas.
Marcela Bayona, fundadora de M&M Estudio Jurídico