Hace poco escuché una charla de Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), y su reflexión me pareció tan necesaria que sentí la responsabilidad de replicarla. Como líder, empresaria y como ciudadana, quiero sumarme a esa voz que insiste en algo fundamental: Colombia necesita que más personas del sector privado alcen la mano y digan que esto nos importa.
Y lo que más importa ahora mismo es una pregunta que deberíamos hacernos todos: ¿quién tiene el poder, para qué lo tiene y, sobre todo, a costa de qué?
No es una pregunta cómoda. Tampoco es nueva. Pero quizá sea la más urgente que puede hacerse una sociedad que se acerca nuevamente a las urnas.
Colombia vota. Y eso, aunque a veces lo demos por sentado, es un privilegio que costó vidas. Votar no es solo marcar un tarjetón: es el acto más concreto de soberanía que tenemos los ciudadanos de a pie. Y cada voto vale muchísimo. Si no, ¿por qué hay quienes compran votos por 500.000 pesos? Porque saben exactamente cuánto valen.
De los 41,4 millones de colombianos habilitados para votar, una elección presidencial podría definirse por una diferencia de apenas 400.000 votos: el 1 % del censo electoral. Un punto porcentual. El equivalente a una ciudad mediana decidiendo el rumbo de todo un país.
Eso significa que renunciar a votar no es neutralidad: es abdicar. Es dejarles la decisión a otros. Y los otros siempre están dispuestos a decidir por nosotros, con o sin nuestro permiso.
Pero votar no basta si votamos mal. Es decir, si votamos con rabia, sin argumentos, con el estómago en vez de con la cabeza. Votar bien exige algo que en Colombia hemos aprendido a evitar como si fuera de mala educación: hablar de política en familia. Sí, en la mesa del domingo, con los tíos, con los abuelos, con los hijos.
Porque la democracia no se construye solo en las plazas públicas; también se construye en los hogares, en la conversación cotidiana y en el disenso respetuoso.
Y en esa conversación familiar, en ese debate honesto, hay una verdad que debemos tener clara: ninguno de los candidatos a la Presidencia es un mesías. Ningún nombre en el tarjetón va a salvar a Colombia por sí solo.
Hacer crecer este país es trabajo de todos: de los gobernantes, sí, pero también de cada empresario, de cada trabajador y de cada ciudadano que decide comprometerse con su entorno. Elegir bien es importante; creer ciegamente es peligroso.
No hay nada más dañino para una democracia que el fanatismo político, venga de donde venga. Cuando nos vamos por un camino enceguecidos , con la visión limitada por la devoción a una sola figura, dejamos de ver el conjunto. Y esa ceguera no construye: destruye. Ningún líder, por brillante que sea, merece que renunciemos a nuestro criterio.
Uno de los debates que más nos cuesta dar con honestidad es el económico. Nos han vendido una narrativa en la que el empresario es el villano y el Estado es el héroe. Pero esa historia tiene enormes vacíos.
Un país con libertad económica no es un país sin reglas. Es un país donde las reglas no asfixian la iniciativa; donde la carga fiscal se distribuye con equidad; donde crear empresa no es una hazaña burocrática, sino una opción real para quien tiene una idea y el coraje de ejecutarla.
Dejar de satanizar al empresario no significa adorarlo ni blindarlo de toda crítica. Significa entender que el empresario, cuando actúa con ética, genera empleo, crea riqueza, forma talento y sostiene familias.
Y el trabajador merece más que un salario mínimo ajustado por inflación, o por decreto. Merece formación, especialización y la posibilidad de que aquello que sabe hacer tenga cada vez más valor. Un trabajador más calificado no solo gana más: también produce más, transforma más y dignifica más su oficio.
La especialización de la mano de obra es, en el fondo, una apuesta por la dignidad. Cuando lo que hacemos vale más, todo mejora: el salario, el orgullo por el trabajo y el tejido productivo del país. Colombia tiene talento de sobra; lo que necesita es el entorno para desarrollarlo y los incentivos correctos para retenerlo.
Pero nada de esto es posible si no cuestionamos el poder.
Y aquí vuelvo a la pregunta de Chacón y del ICP, porque es la que más incomoda a quienes gobiernan: ¿quién tiene realmente el poder? No el poder declarado, el que aparece en los discursos de campaña. Hablo del poder real: el que decide qué contratos se firman, qué medios sobreviven, qué jueces ascienden, qué sectores se regulan y cuáles se protegen.
¿Para qué se tiene ese poder? ¿Para servirle al ciudadano o para servirse de él? ¿A costa de qué? ¿A costa de quién?
Esas preguntas no son de derecha, de izquierda ni de centro. Le pertenecen a la ciudadanía. Y hacerlas, en voz alta, sin miedo, en la familia, en el trabajo y en las redes, es el primer paso para no dejarnos engañar una vez más.
Vote. Vote informado. Vote con criterio. Y no deje de preguntar. Porque un pueblo que pregunta es un pueblo que no se deja gobernar por quien no merece gobernar.
Ana Barreto, CEO de CMO Studios