Este jueves concluyó uno de los casos más complejos estudiados por la Corte Internacional de Justicia en los últimos años. Se trata de un veredicto histórico que atribuye por primera vez el delito de genocidio a un Estado.
“La República de la Unión de Birmania ha cometido un genocidio contra el grupo de los rohinyás en el norte del estado Rakáin violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, declaró Yuji Iwasawa, el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.
Durante el juicio, el máximo tribunal de la justicia internacional demostró cómo las fuerzas birmanas “mataron a miles de civiles rohinyás, perpetraron actos de violencia sexual a gran escala y actos de extrema violencia contra niños, y atacaron a rohinyás que huían en gran número hacia Bangladés”, afirmó Yuji Iwasawa, presidente de la corte.
El presidente de la corte afirmó que la “única deducción razonable” es que Birmania tenía la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá, un criterio determinante para establecer la existencia de un genocidio.
“La estimación de que 10.000 rohinyás murieron en actos de violencia cometidos durante las operaciones [de 2017] está respaldada por pruebas”, indicó. Actualmente más de un millón de rohinyás viven hacinados en campamentos en ruinas en Bangladés.
“Quiero justicia”, declaró a la AFP bajo anonimato una rohinyá de 23 años que fue violada. “Debería haber un castigo severo para quienes violaron a las mujeres. La CIJ debería pronunciarse específicamente sobre esto”, afirmó en el refugio en el que vive con su familia.
Los supervivientes de la violencia denuncian violaciones en grupo, ejecuciones masivas y actos crueles hacia familias y niños.
Lejos de la miseria de los campos de refugiados, la CIJ, un tribunal compuesto por 15 jueces, ha examinado durante siete años las acusaciones presentadas por Gambia, que afirma que la represión birmana infringe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948.
El tribunal, con sede en La Haya, carece de potestad para hacer cumplir sus decisiones, pero una sentencia favorable a Gambia ejercería una presión política sobre Birmania y el líder, Min Aung Hlaing.
Este último estuvo al mando de las fuerzas armadas durante la represión contra los rohinyás antes de derrocar al gobierno electo en las urnas de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en 2021.
“Historias reales”
Min Aung Hlaing asumió ese año el cargo de presidente civil tras unas elecciones polémicas. Actualmente lleva a cabo una campaña diplomática para obtener legitimidad.
Birmania niega las acusaciones de genocidio y asegura que la represión estaba justificada para sofocar la insurrección rohinyá tras una serie de ataques que costaron la vida a una decena de miembros de las fuerzas de seguridad.
Gambia cuenta con el “pleno respaldo y apoyo” de la Organización de Cooperación Islámica, compuesta por 57 miembros, dijo su ministro de Justicia, Dawda Jallow.
“No se trata de temas esotéricos del derecho internacional, se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos”, añadió Jallow. “Los rohinyás de Birmania han sido tomados como blanco para eliminarlos”, sostuvo.
Hasta el momento la CIJ solo ha concluido que se ha cometido genocidio una vez: durante la matanza de Srebrenica en Bosnia en 1995.
Mohamed Osman espera que el veredicto le permita regresar a casa y realizar los últimos ritos por sus padres y su hermano menor, muertos a manos del ejército birmano.
“A mi padre le dispararon, obligaron a mi madre a entrar en una casa con algunas otras mujeres, las violaron y quemaron nuestra casa”, contó Osman, de 20 años, a la AFP.
La CIJ no es el único tribunal que se ocupa de posibles crímenes cometidos contra los rohinyás.
En 2024, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, solicitó a los jueces que emitieran una orden de arresto contra el líder de la junta birmana por presuntos crímenes de lesa humanidad.
También se lleva a cabo un procedimiento judicial en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal, que establece que algunos crímenes son tan abyectos que pueden ser juzgados por cualquier tribunal.
*Con información de AFP