La Fiscalía de Paraguay solicitó este viernes, 13 de noviembre, ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña por el presunto delito de asociación criminal, dentro de la investigación por las irregularidades financieras de Ueno Bank.
La petición también involucra a cinco antiguos y actuales funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), señalados de participar en una presunta estructura que habría favorecido a la entidad bancaria.
Según el documento fiscal conocido por la agencia AFP, Peña habría encabezado una organización que operaba desde el propio aparato estatal para proteger los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
Los investigadores sostienen que desde la Presidencia se habrían coordinado acciones para debilitar los controles financieros y permitir que el banco continuara recibiendo depósitos pese a las advertencias sobre su situación económica.
El exmandatario ya enfrenta imputaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio. Con la nueva solicitud, un juez deberá determinar si existen elementos suficientes para incorporarle el cargo de asociación criminal. De ser declarado culpable de los delitos atribuidos, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.
La investigación también alcanza al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a los exintegrantes del directorio Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González.
La Fiscalía investiga si estos funcionarios participaron en decisiones destinadas a ocultar información sobre la situación patrimonial de Ueno y sus operaciones con empresas relacionadas.
El caso se desarrolla en dos investigaciones paralelas: una dirigida contra los responsables de Ueno Bank y otra centrada en Peña y las autoridades del organismo regulador.
El Ministerio Público informó que trabaja en identificar a las personas y empresas vinculadas, rastrear los recursos y recuperar los activos que puedan encontrarse dentro y fuera del país.
La crisis se agravó el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central ordenó iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.
La decisión se tomó tras una revisión de sus estados financieros y la identificación de operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador.
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