Estados Unidos comenzó a retirar visas y residencias legales a ciudadanos iraníes vinculados al poder en Teherán, en una decisión que ya provocó detenciones y procesos de deportación.
Aunque el gobierno ha actuado en casos concretos, la cifra de hasta 4.000 visas que podrían ser canceladas sigue siendo, por ahora, una proyección sin confirmación oficial.
Casos confirmados y el alcance real de una política migratoria con trasfondo geopolítico
De acuerdo con la información replicada por ABC News, la administración de Donald Trump ha comenzado a revocar visas y residencias legales, incluidas “green cards”, a ciudadanos iraníes con vínculos directos o familiares con el poder en Teherán.
La decisión fue ejecutada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien determinó que al menos cuatro personas dejaron de ser elegibles para permanecer en el país por razones de seguridad nacional.
El caso más visible, que detonó la atención mediática internacional, involucra a familiares de Qasem Soleimani, el poderoso comandante iraní abatido por Estados Unidos en 2020.
Su sobrina, Hamideh Soleimani Afshar, y su hija fueron detenidas por agentes migratorios tras la revocación de sus permisos de residencia y enfrentan procesos de deportación.
Ambas vivían en Los Ángeles y, según el Departamento de Estado, mantenían posturas públicas de apoyo al régimen iraní.
La decisión no se limita a este caso. Según AP y ABC News, también se revocaron visas a otras figuras vinculadas al poder iraní, como la hija de un exasesor de seguridad nacional de Irán y su esposo, quienes ya no se encuentran en territorio estadounidense.
A esto se suman medidas previas adoptadas meses atrás, cuando Washington retiró visados a diplomáticos iraníes acreditados ante Naciones Unidas, lo que evidencia una política sostenida y no un hecho aislado.
El argumento central del gobierno estadounidense es que estas personas representan un riesgo o son incompatibles con los intereses del país.
En palabras atribuidas a Rubio, Estados Unidos no permitirá que su territorio sea un espacio para quienes respalden “regímenes hostiles” o actividades contrarias a su seguridad.
Este punto es clave para entender la naturaleza de la medida: no se trata de una política general contra ciudadanos iraníes, sino de acciones selectivas dirigidas a perfiles considerados cercanos al poder político o militar de Irán.
La legislación estadounidense permite cancelar visas o residencias en cualquier momento si el gobierno concluye que el beneficiario ya no cumple los criterios de admisión o permanencia.
Es en este contexto donde surge la cifra de entre 3.000 y 4.000 visas que podrían ser revocadas.
Sin embargo, aún no es una decisión oficial. La cifra proviene de declaraciones en medios de figuras cercanas al entorno político estadounidense, que hablan de una posible ampliación de la estrategia, pero sin respaldo formal hasta el momento.
El trasfondo de estas decisiones es profundamente geopolítico.
Las relaciones entre Washington y Teherán atraviesan uno de sus momentos más tensos en años, con conflictos indirectos, sanciones económicas y episodios militares que han elevado la confrontación.
En ese escenario, el control migratorio se ha convertido en una herramienta adicional de presión, dirigida no solo a funcionarios, sino también a sus círculos familiares y sociales.
Hasta ahora, las revocaciones confirmadas son puntuales y justificadas caso por caso.
La idea de una operación masiva de miles de visas sigue siendo, por ahora, una posibilidad política en discusión y no han sido tomadas como una medida oficialmente implementada.