El estado de Virginia Occidental ha recaudado alrededor de 34 millones de dólares gracias al uso del cannabis medicinal, un rubro importante que ha podido acumular desde que instaló la ley estatal en el año 2021.
El recaudo tiene que ver con pagos de impuestos, tarifas de licencias e intereses que se reparten entre productores, pacientes, distribuidores, entre otros.
La Ley de Cannabis Medicinal de 2017 de Virginia Occidental permitió a los médicos con licencia emitir tarjetas de cannabis medicinal a pacientes que buscan un tratamiento alternativo para problemas de salud graves o tratamientos de dolor en casos seleccionados.
Sin embargo, pasaron más de cuatro años desde que se aprobó el proyecto de ley para que los pacientes pudieran obtener cannabis medicinal de un dispensario en el estado mencionado.
La ley federal y el temor de los bancos
Hasta 2018, el estado no había otorgado licencias a cultivadores, procesadores ni dispensarios porque no había dónde cobrar las tasas.
En marzo de 2019, los legisladores modificaron la ley estatal para permitir que una cooperativa de crédito depositara el dinero.
Pero los millonarios fondos que se han retenido en la cooperativa de crédito no han podido ser usados, ya que los bancos y otras empresas suelen reacias para interactuar con dinero proveniente de una sustancia que aún es ilegal en varias partes de EE. UU.
¿Para qué se usaría el dinero?
La ley estatal exige que el dinero se utilice para crear un programa de investigación de cannabis medicinal, brindar recursos a los residentes con trastornos por consumo de sustancias y financiar la capacitación de las fuerzas del orden.
Es decir, una redistribución de los ingresos en diferentes campos que tienen que ver con el sector y su producción, además de aportar alivios a las problemáticas sociales que puede generar.
Si se usara el recaudo disponible, aproximadamente $19 millones regresarían a la Oficina de Salud Pública dentro del Departamento de Salud y casi $8 millones al Fondo de Lucha contra el Abuso de Sustancias supervisado por el Departamento de Salud.
Igualmente, $6 millones se destinarían a la División de Justicia y Servicios Comunitarios y $1,5 millones a una cuenta de ingresos especiales para programas de capacitación profesional y desarrollo profesional de policías y militares.
Estados como Maryland, Pensilvania y Ohio sí han podido usar las regalías producidas por el mismo sector, pero aun así tienen limitaciones por la regulación federal.
*Con información de Associated Press